Los diputados Luis Manuel Antúnez Oviedo (Convergencia) y José Trinidad Martínez Pasalagua (PRI), como presidente e integrante del Comité de Acceso a la Información Pública en el Congreso del Estado respectivamente, en compañía del presidente de la Mesa Directiva de la LXXI Legislatura, Jesús Ávalos Plata (PAN), inauguraron el panel La Protección de Datos Personales, en conjunto con el Instituto de la Transparencia y Acceso a la Información de Michoacán (Itaimich).
Estudiosos y miembros de algunos órganos de transparencia del país entregaron trabajos de investigación al Legislativo para fortalecer este ejercicio y la protección de datos, dio a conocer en un comunicado el Congreso del Estado.
Lo anterior con la finalidad de que Michoacán cuente con plena certeza jurídica en el tema de la información pública, además de aportar insumos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,
El legislador Ávalos Plata reconoció la labor del Itaimich por ahondar de nuevo en los alcances y la delimitación que se debe tener en cuanto a la información pública, “que paneles de este tipo sirvan no solamente para la protección de los datos personales, sino también para encontrar los mecanismos para no omitir algunos de los datos que también por ley debemos presentar como sujetos obligados”, comentó.
En su oportunidad, el diputado Antúnez Oviedo expresó que se debe buscar la manera de fortalecer las actuaciones del Instituto de la Transparencia.
“En el país existe la intención de no implementar instancias revisoras que debiliten y retrasen el trabajo de estas instituciones, con lo que obviamente estamos de acuerdo”, dijo.
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Nombres de usuario, fecha y lugar de acceso, actividad en Internet y hasta contraseñas. Los coches de Google que recorrían las calles francesas tomando fotos de los edificios para el callejero Street View no solo captaban las redes wifi que encontraban por su camino, sino también los datos personales y la actividad online de aquellos que usaban esa red al paso del vehículo.
Por ejemplo: el "2 de junio de 2008, a las 12.46, un internauta situado cerca de una dirección concreta en Marsella accedió a la página pornográfica straightboysjerkoff.com, de la que es abonado. La identificación que usa en la web, la contraseña y su dirección IP están bien grabadas", detalla la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades francesa (CNIL), que impuso ayer una multa de 100.000 euros a Google. En el informe también consta el intercambio de mensajes para una cita adúltera y el tratamiento sanitario de un paciente introducido por el médico en la base de datos.
La comisión, equivalente a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), constata que Google ha dejado de recolectar estos datos con los coches de Street View, pero advierte al gigante de Internet que "no ha renunciado a utilizar los que identifican los puntos de acceso wifi de particulares, actividad que se realiza directamente a través de los terminales móviles de los usuarios que se conectan al servicio de geolocalización Latitude", aunque sea con su consentimiento. Como el CNIL estima que también se trata de "una recopilación desleal en el sentido de la ley" y, además, considera "insuficientes" las respuestas facilitadas por Google -entre ellas, que "aún no ha facilitado el programa utilizado"-, le impone la multa. El buscador tiene dos meses para recurrirla ante el Consejo de Estado. El director de protección de datos de Google, Peter Fleischer, reiteró ayer que se recogieron "por error" y que su objetivo siempre ha sido "destruirlos".
Francia no es el único país que ha mostrado recelos sobre Street View. En Estados Unidos hay 37 procesos abiertos, así como en Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda o Corea del Sur. En España, mientras la fiscalía de San Sebastián archivó el caso, un juez de Madrid imputó al buscador por recogida de datos privados. La AEPD, por su lado, inició una investigación, que no concluirá hasta que el tribunal madrileño haya emitido su fallo.
FUENTE: www.elpais.com
La privacidad de los datos personales es una preocupación creciente en todos los ámbitos. Las nuevas tecnologías han puesto a nuestro alcance mecanismos de difusión sin precentes, en particular las redes sociales.
El problema que a todos nos preocupa es la pérdida de control sobre nuestra información personal. Hasta el momento no existen fórmulas precisas ni claras que faciliten eliminar nuestros datos si decidimos hacerlo, dependiendo en gran medida de la voluntad del sitio donde los alojamos. Esto va a cambiar pronto ya que en Europa va a garantizarse por ley el denominado “derecho al olvido”.
Una reciente iniciativa parlamentaria de la Unión Europea, que probablemente entrará en vigor este mismo año, va a obligar a sitios como Facebook y otras redes sociales a que eliminen completamente nuestra información personal cuando nos demos de baja.
También garantizará la llamada “privacidad por defecto”, de forma que ninguna red o programa pueda hacer públicos nuestros datos sin consentimiento expreso. En la iniciativa se contempla la obligación de que nos informen de forma inequívoca sobre los usos y destinos de nuestra información personal.
El Parlamento Europeo va a imponer a cualquier servicio o red social que procese datos de ciudadanos comunitarios, el cumplimiento de estos preceptos aunque tengan su sede fuera del ámbito de la Unión Europea.
En España tenemos una legislación muy protectora de nuestros derechos en este aspecto: la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), cuyo cumplimiento está tutelado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Este organismo puede imponer sanciones de hasta 600.000 euros a los infractores.
¿Está Google demasiado interesada en las claves de acceso personal a la red de los franceses o, simplemente, cometió un error? La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), la agencia de protección de datos francesa, ha optado por la primera respuesta, y ha sancionado al gigante estadounidense con una multa de 100.000 euros. Su falta fue haber recolectado y almacenado datos privados mediante sus controvertidos coches, con los que recorre las ciudades de medio mundo para alimentar la base de datos con la que funcionan servicios como Google Maps, Google Street View y Latitude. La compañía ya ha reconocido su error, y asegura que ha dejado de recoger esos datos.
La sanción, decidida el 17 de marzo pasado y revelada por el diario Le Parisien, es el resultado de una larga pugna entre la autoridad francesa y la multinacional de Mountain View (California, EEUU), que se inició a principios de 2009. Esa pelea concluye ahora su primer capítulo con esa multa que es "récord desde 2004, cuando obtuvimos [la CNIL] el derecho a dictaminar sanciones financieras", declara Yann Padova, secretario general de la CNIL, al diario parisino.
Según reza en la deliberación oficial de la CNIL, todo el problema reside en la "base GLS", siglas de Google Localization Server (servidor de localización de Google). A esa base recurren los tres servicios estelares de geolocalización de la firma Google Maps, Google Street View y Latitude para proporcionar información a los usuarios, como la situación de amigos, y de productos o servicios.
El problema, según la CNIL, es que "hoy el enriquecimiento y las puestas al día de la base de datos proceden esencialmente de la recolección de datos captados (...) de los puntos de acceso Wi-Fi". Sólo esa recolección de datos permite a Google "optimizar los servicios de geolocalización vía redes que ofrece a sus clientes", añade la CNIL.
Una nueva entidad gubernamental regulará el trasiego, divulgación y comercialización de información personal privada que manejan empresas administradoras de bases de datos.
La “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”, aprobada en primer debate por los diputados este jueves, crea la Agencia para la Protección de Datos Personales (Prodat), adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.
Este nuevo órgano se encargará de fiscalizar la información que ofrecen distintas empresas en el país como parte de un servicio comercial, que en su mayoría se utiliza para conocer el historial crediticio de los ciudadanos.
El texto aprobado establece una diferenciación entre datos de carácter público e información privada de las personas.
Según el texto de la ley, los datos sensibles son todos aquellos que revelen “origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida sexual y antecedentes delictivos, operaciones bancarias, registros tributarios, aduaneros o relativos a actividades económicas”.
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