Cuatro años después del crimen de un joven vigilante en Mos, y casi dos desde que los culpables fueron juzgados y condenados, la Audiencia Nacional acaba de desestimar un recurso presentado por la empresa para la que trabajaba confirmando así una sanción de 90.000 euros por una infracción a la Ley de Seguridad Privada.
Según consta en el fallo de la sala de lo Contencioso, este proceso se inicia a raíz del crimen del vigilante que trabajaba para dicha empresa. Tras los sucesos, acontecidos en 2007, se abrió una investigación interna para aclarar si la empresa estaba prestando servicios de vigilancia sin estar autorizada para ello.
Tras tomar declaración al responsable de la empresa ser ordena también el interrogatorio a los compañeros del fallecido quienes manifiestan que su trabajo consiste en recoger un vehículo de la empresa para la que se ofrecía el servicio en la nave de Mos y con él realizar rondas de vigilancia por los diferentes almacenes de la citada empresa, comprobando si las puertas están cerradas, si hay humo, en cuyo caso avisarían a los bomberos, y comprobar si alguna puerta o ventana ha sido forzada en cuyo caso llamarían a la Guardia Civil. Además, aseguraron que el tiempo en comprobar cada nave-almacén es de unos 15 o 20 minutos. Tras esta investigación, en 2008, se le impone una sanción por infracción de la Ley de Seguridad, que fue recurrida alegando que las funciones eran de custodia. El recurso ha sido desestimado.
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El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, ha exigido este viernes al Gobierno central que evite el "disparate" de que la seguridad en las terminales de cruceros sea privada y ha solicitado que esta labor sea desarrollada por la Policía Portuaria.
Así, ha señalado, junto a un grupo de policías portuarios y miembros de la recién creada plataforma ciudadana 'Málaga defiende su tráfico de cruceros', que el Ejecutivo central, en el marco del futuro reglamento de Policía Portuaria, "dé la cara".
"Debe decir si prefiere que las grandes empresas de gestión de cruceros sean las que impongan sus reglas o si va a garantizar la seguridad publica", ha apostillado, al tiempo que ha informado de que se presentará al próximo pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción para solicitar al Gobierno esta garantía y que la propia representación municipal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria se pronuncie al respecto.
Los trabajadores se quejan de la mala gestión que la seguridad privada realiza al recibir a los visitantes en carpas, provocando colas y aglomeración de equipajes
Cada vez son más los turistas de cruceros que llegan a la capital. Sin embargo, la Policía Portuaria se queja de que el recibimiento no es en muchos casos el más adecuado para este tipo de visitantes que cada día tiene un mayor peso en el turismo malagueño. "Pese a que el puerto dispone de una estación de 8.000 metros cuadrados, la seguridad privada recibe a los turistas en una carpa en el aparcamiento exterior, lo que acaba provocando colas y aglomeración de equipajes", afirmó José Antonio Triviño, representante de UGT en el consejo de administración del puerto.
La Policía Portuaria critica la mala gestión que la seguridad privada está llevando a cabo y, para ello, ha creado la plataforma ciudadana Málaga defiende su tráfico de cruceros. Triviño, portavoz de esta plataforma, indicó que "se hizo una inversión pública de más de 30 millones de euros para esta infraestructura y el interés económico de la empresa que gestiona este servicio está poniéndolo en riesgo".
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La concejala del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina, ha criticado que el equipo de gobierno municipal del partido popular "privatice la custodia de los edificios municipales con un contrato que supone un gasto de más de 320.000 Euros al año. Este contrato supone un gasto enorme por unos servicios que deberían prestarse por el propio cuerpo de la policía local, y por lo tanto, sin ningún coste adicional, pues es una responsabilidad asumible por la Policía Local, con coste cero para las tan temblorosas arcas municipales. "En Granada hay unos 50 agentes de la policía local que están destinados a segunda actividad, que por enfermedad o por edad, no pueden hacer actividades ordinarias de seguridad en la calle pero sí atender la guarda y custodia de los edificios municipales", asegura Molina. Este servicio de seguridad privada que el PP contrata no solo es de dudosa legalidad sino que además presenta irregularidades manifiestas por la falta de organización de los servicios de la policía local. Para la edil "esta contratación señala nuevamente la política local a la que nos tiene acostumbrados el PP de derroche de dinero público e ineficiencia de los recursos municipales con los que contamos" sobre todo teniendo en cuenta que la Ley Andaluza de Coordinación de Cuerpos Policiales expresamente recoge como competencias propias de la policía local la guarda y custodia de edificios municipales. Esta medida supone un solapamiento de la seguridad privada donde se retiran de las custodias municipales unos 15 agentes de la policía local que al estar en actividad secundaria, ni se aumenta la presencia de policía en la calle ni se reducen horas extras, que fueron los argumentos del PP para privatizar este servicio.
Además el gasto en horas extras sigue disparándose, suponiendo hasta cinco veces más de lo presupuestado para tal fin.
"Si el PP se preocupara de optimizar los recursos de los que dispone la custodia de edificios municipales requeriría no más de 45 agentes, que son precisamente los que están bajo esa situación de actividad secundaria, con lo que el ahorro de gastos municipales sería más que evidente y con los que se podría estar invirtiendo en programas de empleo para los más de 30.000 parados que tiene Granada", asevera la concejala de IU, Maite Molina.
FUENTE: www.teleprensa.es
El presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado, ha señalado que es urgente que tanto Estados Unidos como Irak adopten una legislación para regular las actividades de las empresas privadas de seguridad norteamericanas en el país asiático, según un comunicado de la ONU.
Gómez del Prado ha afirmado que con la retirada de las fuerzas estadounidenses de territorio iraquí cambiará el panorama de contratación de esas empresas.
"Va a disminuir la seguridad para todos aquellos proyectos que han sido contratados por el Departamento de Defensa o el Pentágono. Sin embargo, lo que va a aumentar, y va a aumentar muchísimo, es la seguridad para todos aquellos diplomáticos norteamericanos que van a entrar en Irak", ha apuntado.
"A esto se sumarán las compañías multinacionales que van a establecer sus negocios en el país cuando éste logre un poco más de estabilidad", ha agregado Gómez del Prado. Por último, ha destacado que las normas que rigen estas empresas de seguridad datan de 2004, cuando Irak era administrado por el diplomático estadounidense Paul Bremer.
Bremer era por aquel entonces director de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria en Irak, cargo del que dimitió el 28 de junio de ese mismo año cuando se produjo la entrega del poder a las autoridades iraquíes.
FUENTES: ww.europapress.es