El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, ha exigido este viernes al Gobierno central que evite el "disparate" de que la seguridad en las terminales de cruceros sea privada y ha solicitado que esta labor sea desarrollada por la Policía Portuaria.

Así, ha señalado, junto a un grupo de policías portuarios y miembros de la recién creada plataforma ciudadana 'Málaga defiende su tráfico de cruceros', que el Ejecutivo central, en el marco del futuro reglamento de Policía Portuaria, "dé la cara".

"Debe decir si prefiere que las grandes empresas de gestión de cruceros sean las que impongan sus reglas o si va a garantizar la seguridad publica", ha apostillado, al tiempo que ha informado de que se presentará al próximo pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción para solicitar al Gobierno esta garantía y que la propia representación municipal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria se pronuncie al respecto.

Moreno Brenes ha indicado que se trata de una moción "de sentido común" que se elevará también al Parlamento andaluz y a las Cortes Generales. Además, ha insistido en que no entiende cómo es la seguridad privada la encargada de las terminales, ya que ello conllevará también la imposición de una tasa de 0,45 céntimos de euro a los viajeros, medida que se iba a aplicar desde el 1 de julio, pero que se ha pospuesto, en principio, a octubre. "Tenemos que cuidar mucho a los cruceros y la imagen que trasladamos al mundo turístico", ha apostillado.

En este punto, tanto el portavoz de IU como el de la plataforma ciudadana y representante de UGT en el consejo de administración del Puerto, José Antonio Triviño, han denunciado que las nuevas medidas de seguridad están provocando una "atención deficiente" a los cruceristas.

"Muchos están siendo atendidos para la facturación de sus equipajes en unas carpas situadas en el aparcamiento exterior de la Estación Marítima mientras que más de 8.000 metros cuadrados del edificio de esta estación están cerrados a los usuarios", ha criticado Triviño, quien ha añadido que se hizo una inversión pública de más de 30 millones de euros para esta infraestructura "y el interés económico de una empresa --la que gestiona este servicio-- está poniendo en riesgo este segmento porque de seguir en esa línea nos puede ir muy mal".

Este trabajador ha recordado que hace pocos años el segmento de cruceros era "inexistente" en la capital de la Costa del Sol, mientras que hoy por hoy "casi un tercio de los que vienen a la ciudad lo hacen vía crucero". Triviño, que ha cuestionado la gestión de la concesionaria de la estación marítima, ha agregado que "no es de recibo que un barco que va a hacer 27 escalas y traerá 180.000 cruceristas se reciba en una carpa en medio del aparcamiento a pesar de tener una estación que está cerrada".

En este punto, cuestionado por el motivo de ese cierre, ha manifestado a los periodistas que es el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, quien debe responder, aunque ha aludido a una motivación económica y a que aún no hay comercios en la nueva fase, "para invitarles discretamente a que se instalen".

"Linde tiene la obligación de que eso no se produzca, igual que el hecho de que las maletas no se aglomeren de manera inadecuada, de que no haya numerosas colas porque se ponen los sistemas de seguridad en la misma puerta y los pasajeros están en la calle", ha apostillado.

LA SEGURIDAD, "UN NUEVO NICHO DE MERCADO"

Tanto Triviño como Moreno Brenes han apuntado que la seguridad en los puertos es "un nuevo nicho de mercado". Así, han indicado que en el aeropuerto la vigilancia es de seguridad privada y guardias civiles, "pero aquí no puede ser porque la normativa lo impide", de ahí que la solución radique, han precisado, en el reglamento de policía.

El portavoz de la plataforma ciudadana ha lamentado que se esté "jugando" con la seguridad y que se pretenda "establecer un negocio en detrimento de las normas internacionales de seguridad, que se están incumpliendo". "El tráfico de cruceros no es exclusivamente portuario, es de la ciudad porque beneficia a los comercios, a los restaurantes, a los coches de caballos, a los guías turísticos, etcétera, y tenemos que cuidarlo todos", ha insistido.

Moreno Brenes, por su parte, se ha preguntado que si la Estación Marítima de Levante ha sido sufragada con dinero público "por qué se entrega, atado de pies y manos, a la gestión privada para que al final la exploten hasta que el negocio no sea el de los cruceros, sino la tarifa de seguridad, que ahora puede ser de 0,45 céntimos, pero que puede ser de un euro o de tres". Esto, además, puede provocar, a su juicio, que los pasajeros de los buques opten por otras ciudades alternativas.

Precisamente, el modelo que se quiere aplicar en Málaga ya se puso en marcha en Barcelona, gestionada por la misma empresa, el pasado mes de enero. "Se aprobó por primera vez una tarifa en virtud de la seguridad, hasta ese momento la llevaba la seguridad pública y ese modelo lo han reproducido en Málaga y es poner en riesgo un servicio público por una empresa privada", ha concluido Triviño.

FUENTE: www.que.es