Así lo ha asegurado la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL) en un comunicado, en el que denuncia la "situación de desamparo" a la que se enfrentan las área empresariales en cuanto a la seguridad y ha reclamado el incremento de miembros del orden público destinados a patrullar estas áreas.
"Es una situación incomprensible", asegura la Federación, que recuerda que, según datos de la Coordinadora Nacional de Polígonos empresariales (CEPE), el 53 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional procede de empresas situadas en polígonos industriales.
FEPEVAL ha denunciado que en los últimos años han aumentado los robos y asaltos a naves industriales por bandas organizadas, así como las sustracciones de materiales como el cobre para vender en el mercado negro, hecho que "provoca múltiples pérdidas a unas empresas ya de por si castigadas por la coyuntura económica".
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“El metro es la jungla de los carteristas”, dice el responsable sectorial de seguridad privada de la Unión General de Trabajadores (UGT), Juan Antonio Ramos, refiriéndose a la ola de robos en el subsuelo de Barcelona y a la impunidad con la que actúan los hurtadores. Los vigilantes de seguridad – unos 300, según estima UGT- de las empresas Prosegur, Securitas y Eulen desplegados por la red del metro en diferentes turnos lidian cada día con unos 150 ladrones que frecuentan estaciones y vagones, una tarea complicada y arriesgada. Denuncian insultos, amenazas constantes, agresiones e, incluso, persecuciones por parte de los delincuentes. “Se ha dado el caso de que el carterista llega a perseguir al vigilante hasta su domicilio para intimidarlo”, comenta Ramos. Y a veces llegan a las manos. Las acciones violentas contra vigilantes “no son un hecho aislado ya que ocurren a menudo”, señala el secretario general de seguridad privada de la Unión Sindical Obrera de Catalunya (USOC), José Paz Iglesias. En este sentido los sindicatos calculan que cada semana se producen entre cuatro y seis agresiones físicas - no sólo de ladrones- a guardas de seguridad en el transporte público de Barcelona, aunque a veces estas cifras se superan.
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«Una improvisación más de Elena Nevado». Así califica el grupo municipal socialista la decisión del Gobierno de suprimir a partir de agosto la seguridad privada en el edificio Embarcadero y encomendar esa función a la Policía Local. Según el PSOE, destinar seis agentes (dos por turno) a esa zona «es un auténtico despropósito y un error sin precedentes que tendrá un corto recorrido». Además, en una nota difundida anoche, señala que serán los ciudadanos quienes paguen las consecuencias ya que la plantilla de agentes es limitada para cumplir sus funciones principales como la regulación del tráfico, la vigilancia de espacios públicos o la seguridad ciudadana. «Con esta decisión quedará muy mermada por falta de efectivos para desempeñar esas tareas», subraya.
El grupo socialista en el Ayuntamiento tampoco se cree la versión que dio el viernes el portavoz municipal, Valentín Pacheco. «Es un grueso error decir que con esta decisión se ahorrará el Ayuntamiento 120.000 euros», afirma. Su opinión es que el coste económico real será el que genere el pago de horas extras y servicios especiales a los agentes allí destinados.
El Gobierno anunció que elimina el servicio que prestaba la empresa encargada de la vigilancia de edificios públicos municipales en el Embarcadero y en su lugar habrá permanentemente una pareja de policías locales. La decisión se tomó tras los actos de vandalismo protagonizados por varios jóvenes.
FUENTE: www.hoy.es
Dos policías de forma permanente. «Mañana, tarde y noche», recalcan desde el Ayuntamiento cacereño. El escenario del edificio Embarcadero es cambiante y la seguridad no será la excepción. En dos semanas, los vigilantes privados se irán definitivamente y sus funciones pasarán a realizarlas agentes de la Policía Local. El Gobierno ha tomado esa decisión por dos razones. Por un lado para mejorar la propia seguridad, que había quedado en entredicho hace solo unos días ante los actos de vandalismo que protagonizaron varios jóvenes. Por otro, se trata de una cuestión muy simple, de recorte de gastos en plena política de austeridad de la administración. Los agentes se instalarán en agosto y la medida permitirá ahorrar unos 120.000 euros anuales.
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