UPyD alerta de la irregularidad del consistorio, al estar realizando un trabajador de servicios operativos labores de vigilancia en el Jardín Oriental, por lo que podría ser sancionado con multa de entre 30.000 y 600.000 euros, además del riesgo para el trabajador.
Comunicado UPyD.
El Ayuntamiento no cumple con la seguridad
UPyD propone, desde estas líneas, la forma de ahorrar 30.000 € a todos los alhaurinos, que con la que está cayendo, no es poco, y de esa forma ya nos podrán comprar los muebles para el despacho del ayuntamiento, aunque sean del Ikea, no pedimos más.
Yo, donde mejor me muevo es en los temas de seguridad, y en ese campo es donde voy a intentar explicar cómo llevar a cabo ese ahorro.
En España están reguladas dos tipos de seguridad, la pública que es la que regula funciones y competencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado así como la de las policías autonómicas y locales. De otro lado está la regulación de la seguridad privada mediante la LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA, y el REAL DECRETO 2364/1994, DE 9 DE DICIEMBRE, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA.
En el artículo 1.1 de la Ley de Seguridad Privada (LSP) se define el objeto de regulación de la ley y dice: “Esta Ley tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.”
En el artículo 1.2 de la LSP indica quienes pueden realizar las actividades de seguridad privada, o sea “la prestación por personas privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes…” señaladas en el artículo anterior, y textualmente indica: “A los efectos de esta Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los vigilantes de explosivos, los jefes de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares del campo, los guardas de caza y los detectives privados”.
En resumen, de los dos puntos anteriores, que la prestación por personas, físicas o jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes solo pueden hacerlas las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad…
Hasta aquí todo correcto, pero esta ley también prevé sanciones para quien incumpla las mismas, en concreto el artículo 22.1, como Infracciones muy graves, se recogen la de prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria. Señalando en el artículo 26 que las sanciones por infracciones muy graves podrán dar lugar a una multa de 30.050,62 a 601.012,10 euros.
Y todos preguntarán ¿dónde se dan estas circunstancias en nuestro pueblo?, pues en el famoso parque bienquerido o parque japonés, aquel por el se pagaron 600.000 euros, y que estaba a la altura del parque de la batería (perdón no hay que comparar con pueblos turísticos, aunque cuando lo inauguraron alguno cercano al ayuntamiento así lo hizo). Pues bien, este parque tiene vigilantes de seguridad, en una casetita que hay a la entrada a la derecha, nosotros tenemos a un trabajador de los servicios operativos con un cartel que se lee “vigilancia” o puede que incluso ponga “vigilante”, da igual.
Fíjense las consecuencias que podría traer el que algún ciudadano enfadado denunciara este hecho ante la unidad de seguridad privada de la policía nacional, que es quien tiene competencia, y que pueden localizar fácilmente en el centro internamiento de capuchinos, pues eso, que levantarían un acta y procederían a elevar la correspondiente sanción.
Hasta aquí el ahorro de los 30.000 €, aunque el verdadero problema no es el expuesto anteriormente, sino que radica en que, además de que esta persona no esta realizando un trabajo para el que fue contratado en su día (servicios operativos), realiza ahora uno para el que no está cualificado (no viste de vigilante al menos), a lo que hay que añadir LA GRAN PREOCUPACION, por las consecuencia que se podrían generar en caso de que ese trabajador tuviera un incidente con alguna persona en el interior del parque. ¿Qué hace?, ¿A quien llama?. ¿Y si la patrulla de policía local no puede acudir por estar en otro asunto?, ¿Quién asumiría la responsabilidad por los hechos ocurridos?.
Por último recordarle a estos que ahorran en seguridad, que la misma es un derecho y no un gasto innecesario, y que no siempre, por desgracia, la suerte les va a acompañar. Este año, la feria a pesar de utilizar menos vigilantes en la caseta municipal no ha ocurrido nada digno de mencionar, pero ¿alguien vio a los vigilantes de la caseta de la juventud?, y sin embargo la ley lo exige.
FUENTE:www.diariolatorre.es
La tarea de catalogar el patrimonio artístico de iglesias gallegas es imprescindible para llevar a cabo su ordenación y evitar robos y hurtos como el del Códice Calixtino
No es cuestión de recursos, sino más bien de voluntad, porque hacer un inventario de los tesoros que albergan las iglesias y, sobre todo, las catedrales de Galicia no cuesta tanto. Sin un inventario es imposible catalogar el patrimonio artístico eclesiástico de Galicia, lo cual facilita que se lleven a cabo robos o hurtos como el reciente del Código Calixtino que custodiaba la catedral de Santiago. Ya en 1999, Juan Pablo II había emitido, sin éxito, una carta a las diócesis para que emprendieran esa tarea, con la idea de que los obispos de cada diócesis se convirtieran en portavoces de la urgencia de cuidar del patrimonio histórico-artísitico.
La necesidad de inventariar ese patrimonio en manos de la Iglesia fue expuesta ayer por el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en Santiago de Compostela en una reunión con el arzobispo de Santiago, Julián Barrio; con el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y con responsables de las fuerzas del orden y de empresas de seguridad privada, para exponerle las líneas generales del proyecto elaborado por la Fiscalía denominado Iglesia Segura-Cultura Protegida, cuya finalidad es garantizar la conservación de sus obras de arte.
Leer más: La Fiscalía urge un inventario de las obras de arte eclesiásticas de Galicia
El sindicato UGT presentó ayer su Plan de Formación Prioritariamente para Desempleados en La Rioja 2011-2012, que incluye un total de 13 cursos homologados con 169 plazas disponibles, 4.730 horas lectivas y una novedad en la región: la posibilidad de acceder a los llamados Certificados de Profesionalidad con la realización de dichos cursos.
Tal y como explicó ayer Teresa Rodríguez, secretaria de Formación e Igualdad del sindicato, estos certificados «son equiparables a los de los estudios de FP, sin ser lo mismo». En todo caso, indicó, son acreditaciones de la cualificación para un oficio, válidas en toda España, y que en algunos casos como las ocupaciones derivadas de la Ley de Dependencia, serán válidas en 2015, fecha en la que La Rioja exigirá una cualificación formativa a todos los trabajadores de asistencia para personas dependientes.
Así, entre los cursos homologados están incluidos los de Atención Sociosanitaria para personas dependientes en instituciones sociales, y Atención Sociosanitaria para Ayuda en Domicilio, con 15 plazas cada uno y 460 y 610 horas lectivas respectivamente, además de otras 80 y 120 de prácticas en empresas. Además, se programan cursos de seguridad privada, montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas (un sector en crecimiento), auxiliar en mantenimiento de carrocerías de vehículos, técnico auxiliar de diseño gráfico, fontanería, Internet, aplicaciones informáticas de gestión, experto en salarios y seguros sociales, etc. Ocho de ellos se imparten en Logroño, otros dos en Alfaro y tres en Calahorra, y todos ellos son de larga duración, de hasta 640 horas.
Leer más: UGT ofrece en La Rioja 13 cursos para lograr el Certificado de Profesionalidad
El fiscal superior, Carlos Varela, se ha reunido esta tarde con el arzobispo de Santiago, Julián Barrio; con el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y con responsables de las fuerzas del orden y de empresas de seguridad privada, para exponerle las líneas generales del proyecto elaborado por la Fiscalía denominado "Iglesia Segura-Cultura Protegida".
En relación con el Códice Calixtino, Carlos Varela indicó que "sigue la investigación" por parte de miembros de la Policía especializada en la desaparición de este tipo de obras, y precisó que es el Juzgado de Instrucción el encargado de llevar las investigaciones.
"Esperemos que acabe con buen fin y que recuperemos el Códice", aseguró.
A la salida del encuentro celebrado esta tarde en la sede del Arzobispado de Santiago, el fiscal superior de Galicia explicó a los periodistas que el primer punto de la propuesta será la elaboración de un inventario y catalogación de todos los bienes culturales que posee la Iglesia en Galicia.
Leer más: La Fiscalía propone elaborar inventario bienes de la Iglesia para protegerlos
Hace dos semanas el Gobierno italiano permitió a barcos comerciales que viajen a través de aguas peligrosas la contratación de fuerzas de seguridad o soldados
Piratas han secuestrado el barco de bandera italiana "Rbd Anema e Core", con una tripulación de 23 personas, en el golfo de Guinea, según ha informado medios locales italianos. Entre la tripulación se encuentran 20 filipinos, dos italianos y un rumano, que es el capitán del barco. El barco envió un mensaje de socorro cuando tres piratas abordaron la embarcación a unas 23 millas náuticas (cerca de 42 kilómetros) al sur de Cotonou, la capital económica de Benin.
Hace dos semanas el Gobierno italiano permitió a barcos comerciales que viajen a través de aguas peligrosas la contratación de fuerzas de seguridad o soldados. No hay informaciones acerca de si el barco contaba con seguridad privada a bordo. En los últimos seis meses varios barcos de bandera italiana han sido secuestrados. El pasado mes de febrero, un buque petrolero con una tripulación de 22 personas fue atacado cerca de la isla yemení de Socotra en el océano Índico. El 21 de abril, 21 piratas somalíes capturaron un barco de carga con bandera italo-iraní con 21 personas a bordo.
FUENTE: www.lavanguardia.com