La Superintendencia de vigilancia bajo la circular 011 de 2.011, estableció el protocolo de operación del servicio de vigilancia y seguridad privada física para el sector residencial. En éste se obliga a cumplir ciertos procedimientos y motiva para que conjuntamente con sus contratantes, se establezcan políticas para evitar el delito y que el servicio realizado por este tipo de entidades sea más eficiente.
Se establecen normas tendientes a establecer: el procedimiento para la selección del personal, cómo se deben acreditar sus funcionarios, sus uniformes, determina las funciones del vigilante, los elementos mínimos del puesto de trabajo como las condiciones específicas para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el sector residencial… En fin, encontramos una bandeja de comportamientos y acciones que el vigilante debe conocer y asumir, que estarán supervisadas por la misma Superintendencia.
También encontramos prohibiciones para los vigilantes tales como: subir y bajar paquetes de los residentes, que éstos ejerzan actividades de jardinería, actividades de aseo en las zonas comunes de la copropiedad y hasta el ingresar al apartamento de los residentes sin autorización de los mismos.
Segur Ibérica ha nombrado nuevo presidente a Pedro Morenés, ex secretario de Estado de Defensa y de Seguridad, según informó la compañía de seguridad privada.
La firma ha nombrado también a la ex ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés como nueva consejera de la sociedad, que enmarcó estos nombramientos en su "nueva etapa de desarrollo".
Segur Ibérica aborda esta nueva fase después de que el pasado mes de septiembre la firma de capital riesgo MCH Private Equity formalizara la adquisición del 55% de su accionariado.
El nuevo presidente de Segur Ibérica, Pedro Morenés, ocupaba desde junio de 2010 el puesto de director general para España de la firma de misiles MBDA. Con anterioridad, en 2009, fue presidente de Construcciones Navales del Norte.
Durante los gobiernos del PP, Pedro Morenés fue nombrado en 1996 secretario de Estado de Defensa, posteriormente (2010), secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y, dos años más tarde, secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.
La Federación de Servicios de UGT ha anunciado la posibilidad de que se lleven a cabo movilizaciones y paros entre el sector de trabajadores de la seguridad privada del CETI. El motivo no es otro que los retrasos que están sufriendo tanto en el cobro del dinero como en la cantidad económica que deben recibir. En una nota de prensa, FES-UGT advierte de que ya ha denunciado el asunto ante la Inspección de Trabajo y señala que si no existe un arreglo inmediato comenzarán un calendario de acciones críticas que comprenden desde las movilizaciones hasta parones en la jornada laboral.
Leer más: UGT no descarta movilizaciones entre el personal de seguridad del CETI
Un calendario de este tipo que la propia FES-UGT indica que puede generar problemas. “Esta situación les puede condicionar a los trabajadores a desarrollar su trabajo ya que están en constante tensión por la saturación de residentes en el CETI”, indica el sindicato.
La plantilla de agentes adscritos a Serramar que trabajan en el CETI se eleva a 41. El grueso común ha trasladado su malestar al sindicato después de detectar que son varios los meses en los que reciben los salarios con errores ya que a veces no se corresponden con los turnos realizados, también sufren retrasos importantes en los ingresos fuera de los plazos que marca el convenio colectivo estatal de la seguridad privada, produciéndose esto sistemáticamente mes a mes.
La plantilla, junto a su representante sindical (de UGT), ha mantenido una reunión con el gerente de Serramar en la que, tal y como han informado a la prensa, le han transmitido el descontento amén de las consecuencias que les acarrea estas irregularidades en el pago. “Los trabajadores tienen que pasar manutenciones, hacer frente a hipotecas... y estos nos dicen que bajo ningún concepto tienen problemas de solvencia, que son simples problemas administrativos, haciendo caso omiso a cualquier solución a esta situación”, advierten.
Este plante sindical ante la prensa es el primero de los avisos que va a lanzar la Federación que tiene previsto, después, dar paso a nuevas medidas de presión.
Los cuatro agentes de seguridad privada a bordo del atunero «Alakrana» consiguieron repeler ayer, a primera hora de la mañana, un ataque de piratas cuando este barco se encontraba faenando a unas 300 millas de la costa somalí en aguas del Índico, según informó la patronal pesquera Cepesca.
«No se han producido heridos. Tras aplicar el protocolo de respuesta y defensa que se utiliza para este tipo de situaciones, los agentes de seguridad consiguieron repeler a los piratas». Un protocolo de respuesta y defensa que obviamente incluye la utilización de armamento.
En la actualidad los atuneros españoles pueden llevar a bordo para su seguridad ametralladoras medias MG de 7.62 milímetros y fusiles de asalto HK de 5.56 mm., aunque recientemente el Gobierno español firmó un acuerdo con el de Seychelles para poder embarcar ametralladoras de hasta 12,7 milímetros.
El «Alakrana» cuenta con seguridad privada desde que fue secuestrado, el 2 de octubre de 2009, por piratas somalíes que retuvieron durante 47 días a sus 36 tripulantes, 16 de ellos españoles. En aquella ocasión, el atunero, con base en Bermeo (Vizcaya), fue liberado tras el supuesto pago de un rescate, extremo negado por el Gobierno. Este nuevo ataque se produce en el periodo intermonzónico, en el que es más habitual este tipo de incidentes.
FUENTE: www.abc.es
El Congreso que resulte de las elecciones generales del 20 de noviembre tendrá ante sí, además de las propuestas que registren los grupos parlamentarios, una serie de iniciativas legislativas impulsadas por la sociedad civil que versan sobre temas tan dispares como la televisión sin fronteras, el fomento del empleo 'con derechos', la declaración de los toros como Bien de Interés Cultural o la dación de la vivienda para solventar hipotecas.
Cada una de estas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) requiere reunir medio millón de firmas en el plazo de nueve meses, avales que debe certificar después la Junta Electoral Central. Cumplido ese trámite, los textos llegan al Pleno del Congreso, donde los partidos tienen que apoyar su toma en consideración, una fase que rara vez se supera.
En la legislatura que acaba de terminar, el Congreso sólo ha tramitado una iniciativa legislativa popular. Lo hizo en su penúltimo Pleno, el pasado 13 de septiembre cuando tomó en consideración la iniciativa ciudadana 'Televisión sin Fronteras', que pretende que las cadenas autonómicas se puedan ver en aquellas comunidades donde se comparta la misma lengua, y que recibió el respaldo de 670.000 personas.
Este texto arrancará su tramitación efectiva en la próxima legislatura, ya que las ILP y las proposiciones de ley procedentes de Parlamentos autonómicos son las únicas iniciativas que se mantienen vivas aunque se disuelvan las Cortes.