Una de las claves llevadas a cabo ha consistido en la modernización de la Policía Municipal para adaptarla a las nuevas demandas. Así, entre 2003 y 2010 se han incorporado 1.600 nuevos agentes al Cuerpo.
La creación de los Agentes de Movilidad o la contratación de seguridad privadapara los edificios municipales han facilitado que la Policía Municipal se dedique plenamente a tareas de seguridad, y ha permitido duplicar el número de agentes que trabajan en los distritos hasta alcanzar los 4.500. A ellos se suman otros 2.500 policías pertenecientes a unidades especializadas que desarrollan su actividad por toda la ciudad.
Entre 2003 y 2011 el presupuesto destinado a la seguridad en Madrid ha aumentado en más de un 40 por ciento, hasta alcanzar los 368 millones de euros. “Se trata de una inversión que, de acuerdo con un estricto ejercicio competencial, el Ayuntamiento no está obligado a realizar, pero que sabemos imprescindible para mejorar tanto la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos”, ha explicado Ruiz-Gallardón.
Otro de los ejes de actuación ha sido reforzar y estrechar la colaboración con los otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que operan en Madrid.
Según los datos facilitados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras que en la Ciudad de Madrid la tasa de delitos y faltas por habitante disminuía entre 2003 y 2010 en más de un 20 por ciento, en el resto de España ha continuado aumentando. La reducción en un 68 por ciento de las víctimas mortales en accidentes de tráfico durante la última década es otro de los indicadores de una notable mejora.
FUENTE: www.madridiario.es
El PP denuncia que el equipo de gobierno no pone en funcionamiento las cámaras pese a estar instaladas desde octubre
(Xirivella, 22.2.2011). El portavoz y candidato a la alcaldía del PP, Enrique Ortí, ha criticado que el equipo de gobierno gaste más de 6.000 euros mensuales en seguridad privada para vigilar el Ayuntamiento en lugar de poner en funcionamiento las cámaras instaladas en el Consistorio.
La necesidad de vigilancia del edificio del Ayuntamiento surgió con el traslado de la Policía Local a los bajos del Edificio Zamarras. Según un informe del intendente de la población, tras el traslado no había suficiente plantilla para vigilar el Consistorio fuera del horario habitual, es decir noches, fines de semana y festivos.
El Ayuntamiento se acogió a un plan de modernización que consistía en la instalación de cámaras de vigilancia. Sin embargo, hasta la puesta en marcha de las cámaras, una empresa de seguridad iba a ser la encargada de custodiar el Consistorio.
Según denuncia el PP, “las cámaras llevan instaladas desde octubre pero el Ayuntamiento aún no las ha puesto en funcionamiento y la empresa de seguridad privada sigue pasando mensualmente sus honorarios que ascienden entre los 6.000 euros y los 7.000 euros dependiendo de las semanas del mes, fines de semana y festivos”.
Según argumenta Enrique Ortí, “el despilfarro del equipo de gobierno es constante. Lo que iba a ser un gasto de tres meses, tiempo estimado de la instalación de las cámaras, se ha convertido en diez meses. Es decir que hemos pasado de un gasto de 18.000 euros a 60.000”.
FUENTE: www.notasdeprensacv.es
El Ministerio Fiscal considera que el escolta del nuevo propietario del Real Racing de Santander, Ali Syed, pudo incurrir en un delito de resistencia a la autoridad y una falta de lesiones por los hechos sucedidos hace una semana, cuando llegó a ser detenido por la Policía Nacional tras protagonizar un forcejeo en cuyo origen está la falta de acreditación para ejercer la seguridad privada para parte del equipo que acompaña al empresario.
El juicio rápido se celebrará el próximo lunes 21, a las 9.20 horas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, en la calle Alta, mientras se mantienen contactos entre ambas partes para analizar la situación, aunque no se han traducido en una reunión institucional.
FUENTE: www.20minutos.es
El Ayuntamiento contará con un nuevo sistema de control de accesos a las dependencias de la sede de la Plaza Mayor a partir del mes de abril, una vez que se resuelva el concurso para contratar los servicios de vigilancia.
Por el momento, la adjudicación de este contrato ha dado un paso más publicarse el pliego en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 9 de febrero. Los aspirantes a asumir este contrato podrán presentar sus ofertas hasta el 18 de marzo. El objetivo principal de este contrato es contar con un servicio de vigilancia privada en las dependencias municipales. Esta seguridad privada se centraría en el control de la entrada de personas y bienes al edificio del Ayuntamiento, en colaboración con los agentes de la Policía Local que desarrollan su labor a diario. Otros objetivos serán la utilización de un arco de seguridad activo que funcione correctamente para poder controlar y vigilar las entradas y salidas de personas. De esta forma, se podrá comprobar la entrada y salida de materiales u objetos.
El pliego, que está pendiente de que se envíe al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación en los próximos días, también establece el control de los equipos de seguridad que se instalen en el edificio, así como colaborar en el plan de actuación ante posibles emergencias del Ayuntamiento. También permitirá dar respuesta adecuada a las alarmas producidas, el manejo de todos los equipos e instalaciones tecnológicas, entre otras atribuciones. El control de los accesos se llevaría a cabo por dos vigilantes de seguridad.
El contrato, que tendrá una duración de dos años con un coste de 80.800 euros por año, permitirá establecer un sistema de seguridad como el que ya funciona en los edificios que dependen del Gobierno central, como la Subdelegación del Gobierno, así como en la Delegación Territorial, dependiente de la Junta de Castilla y León.
Leer más: La vigilancia del Consistorio se adjudicará en abril
El 48% de los contratos laborales que se firmaron en Galicia en enero pasado correspondieron a trabajadores sin cualificación o a empleados del sector de la restauración hostelera, el comercio y la seguridad privada. Así lo reflejan las cifras del paro registrado en el primer mes del año, que describen un mercado laboral frágil que se sostiene fundamentalmente sobre la mano de obra poco formada, y que mantiene una sorprendente relación inversa entre el nivel de titulación académica y profesional de los trabajadores y sus posibilidades reales de encontrar ocupación.
Según las cifras de los servicios públicos de empleo, en enero pasado se firmaron en Galicia 52.307 contratos de trabajo, de los que 12.662 (un 24%) correspondieron a mano de obra sin capacitación, y 12.034, a personal de establecimientos comerciales y de restauración y a servicios personales y de seguridad.
Entre esas dos grandes categorías ocupacionales suman más del triple de los contratos del mismo período para operarios de la industria; seis veces los de los administrativos; otras tantas los de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, y veinte veces los de los trabajadores cualificados de agricultura y pesca.
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