El líder de los conservadores en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, se ha unido al coro y al corro de la trama presuntamente delictiva del Partido Popular, acusando al Gobierno de utilizar el Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, para hacer política con "minúsculas" en contra del Partido Popular. Digo trama presuntamente delictiva por ser un poco educado, pero en realidad el Partido Popular se está convirtiendo en una mafia presuntamente mafiosa peligrosa y delincuente.

Mayor Oreja, en un alarde de cinismo político, respaldó las acusaciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que apuntan que el Ejecutivo está espiando y utilizando los instrumentos del Estado contra los populares, y cree que Zapatero está intentando tapar con ello la crisis y alejarse de la responsabilidad de la misma con el fin de evitar que el PP sea alternativa en las generales de 2012. La arremetida de Jaime Mayor Oreja viene a confirmar cual será la política del Partido Popular si gana las elecciones de 2012, sembrar de pánico y discordia a toda España, arremeter contra jueces, fiscales y policías, para conseguir el objetivo fundamental, distraer de la atención pública de la trama mafiosa de la operación Gürtel, que puede significar como mínimo la caida de la actual dirección del Partido Popular, y como máximo la necesidad de una refundación del partido incluso con otro nombre. A este paso ya están como Herri Batasuna, que ha tenido que cambiar de nombre siete veces en Euskadi. Los conservadores españoles sólo llevan tres cambios, Alianza Popular, Coalición Popular y Partido Popular, pero de seguir así igual alcanzan a los independentistas vascos en sus constantes cambios de siglas y membretes partidarios. Pero resulta cuando menos saludable recordar cual ha sido la senda tenebrosa de Mayor Oreja incluso en relación a la lucha antiterrorista. Es curioso, incluso sospechoso, y diría que hasta indignante, que los hermanos de Jaime Mayor Oreja, Carlos y José María, sean los máximos accionistas de una importante empresa de seguridad privada que entre otras cuestiones de seguridad se dedica a contratar escoltas para políticos y cargos públicos en el País Vasco. En febrero de 2002, poco después de haber abandonado el ministerio de Interior para preparar su carrera a las presidencia del País Vasco, Mayor Oreja apeló a un daño en su honor para interponer una demanda civil contra el dirigente del PNV Javier Arzalluz.

La seguridad ciudadana es el principal objetivo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los organismos e instituciones vinculados a la Seguridad Privada que cubren aquellos campos que la seguridad pública no puede alcanzar o, en muchas ocasiones, comparten competencias.

Desde siempre ha existido esa división entre lo público y privado, incluso en un aspecto tan delicado como es la protección de la ciudadanía. Dichas fronteras se han visto marcadas tanto por las diferencias en financiación -en muchas ocasiones las empresas privadas cuentan con un presupuesto mayor que el de las entidades públicas- como por la formación de las unidades; así la imagen es de Guardia Civil y Policía Nacional contra los agentes de seguridad privada y viceversa. En el momento actual, en el que la seguridad ciudadana debe ser observada y tratada desde la globalización de riesgos, entidades públicas y privadas se deben complementar para enfrentarse a las nuevas formas de terrorismo, criminalidad o ilegalidad.

Ahora, en 2011, esa división se va a materializar en una colaboración conjunta. Algo en el que se está trabajando desde 2006 con el Plan de Colaboración, momento desde el que la Guardia Civil viene desarrollando un importante esfuerzo para optimizar su relación con el sector de la seguridad privada "en beneficio de la seguridad ciudadana, especialmente en su ámbito de competencias".

De esta forma, quizás problemas de seguridad como los planteados después del secuestro del pesquero Alakrana en aguas de Somalia se puedan reducir. En ese momento, las empresas de pesca españolas no tuvieron más remedio que contratar eguridad privada para que sus barcos pudieran faenar sin caer en manos de los piratas del Índico. Las voces en cuanto a la falta de formación e instrucción de estos agentes privados, obligaron a Defensa a llevar a cabo cursos de instrucción, que no dejaron muy satisfechos a muchos. 

Mientras, en mayo de 2010 la Guardia Civil presentaba el Programa Coopera -que dependa del Plan de Colaboración- a través del cual se establecía un modelo de relación directa entre la Benemérita y las empresas de seguridad privadas. "El objetivo era potenciar el apoyo operativo mutuo mediante el intercambio bidireccional de información", tal y como explicaban desde la unidad encargada de desarrollar el Coopera, el Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE).  Se trata de un programa, cuya adhesión es totalmente voluntaria, a través del cual se establecen los canales de comunicación que faciliten la relación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades privadas, para garantizar el apoyo mutuo. 

El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, quiso poner fin a la manera en que Estados Unidos subcontrataba la mayor parte de su programa de ayuda a "contratistas sospechosos", según ha revelado la última filtración realizada por Wikileaks.

Karzai se mostró preocupado por el hecho de que muchas de las compañías de seguridad privada fueran poco más que "organizaciones criminales" durante una conversación con el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, en Kabul el 28 de noviembre de 2008. Esta conversación fue recogida en documentos secretos de la diplomacia estadounidense y filtrados por Wikileaks.

Del mismo modo, varias compañías de transporte utilizadas por Estados Unidos estaban bajo sospecha de ser responsables de gran parte de la inseguridad en las carreteras afganas con el fin de obtener tasas y pagos más altos de los seguros de los estadounidenses, aseguraba Karzai según el despacho.

Por otro lado, Karzai admitió a Miliband que sería muy difícil o imposible celebrar unas elecciones presidenciales creíbles debido a la complicada situación en los provincias de Helmand, Zabul, Farah, Kandahar y Ghazni, en el sur del país.

La Cámara de Comercio de Astorga y la Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca (Asemac) unirán esfuerzos para tratar de crear una asociación de propietarios en el polígono industrial, según confirmaron Juan Carlos Fernández y José Cadierno, presidente cameral y tesorero de Asemac, respectivamente. El objetivo prioritario de la futura entidad será intentar frenar mediante la contratación de seguridad privada la oleada de robos que en los últimos meses ha sufrido este recinto empresarial.

Sin embargo, la nueva asociación reclamará también la mejora de los servicios en este área de negocios, por lo que respecta a cuestiones como la limpieza y pavimentación de calles, el mantenimiento del polígono o la ubicación en las carreteras próximas a Astorga de carteles con el listado y ubicación de todas las empresas que en él se pueden encontrar.

Siempre según Fernández y Cadierno, la futura entidad también podría ser de utilidad a la hora de negociar mejores condiciones de adquisición de productos o servicios. El tesorero de Asemac precisó que la asociación facilitaría a ambas organizaciones empresariales un mejor conocimiento de las carencias que presenta el polígono y se dotaría de mayor fuerza a la hora de reclamar su solución. El presidente cameral, por su parte, calculó que serían unas setenta empresas las susceptibles de poder sumarse a esta iniciativa.

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) hizo público en septiembre de 2010 que la tasa anualizada de servicios había disminuido un 2,5% con respecto a 2009, retrocediendo hasta situarse en cifras similares a las de 2004. Es evidente que la crisis también afecta al sector de la seguridad privada pero, como indica el presidente de Aproser, Carlos Bañuelos, en el último boletín de la asociación, la mejora pasa por la “mayor calidad en los servicios y la especialización, ofreciendo aquello que específicamente requieren nuestros clientes; lo que en lenguaje coloquial se define como “un traje a medida”. 
“La formación de calidad, que conlleva la especialización de los profesionales del sector, es algo fundamental para evolucionar”, asegura Roberto Carlos Flores, gerente del Centro Internacional de Estudios para la Formación y el Empleo de la Fundación NIDO Mariano Rodríguez, centro homologado en Salamanca por el Ministerio de Interior para impartir formación.

El sector de la seguridad privada cuenta con alrededor de 100.000 profesionales (entre vigilantes de seguridad y de explosivos, escoltas privados, jefes y directores de seguridad) y tiene un volumen de facturación de 4.000 millones de euros. “Comenzamos en 2008 a impartir cursos de seguridad, tanto privados, como subvencionados por el Ecyl. Contamos con convenios con empresas de seguridad privada que, una vez finalizada la formación, permiten al alumno incorporarse a un puesto de trabajo”, afirma Flores.

Para Cristina de Paz, técnica de formación de la Fundación NIDO Mariano Rodríguez, es una “profesión de futuro”. Asegura que el 80% de los alumnos que han pasado por el centro tiene ya trabajo. Añade que en el campo de la seguridad privada no sólo se ciñe a vigilantes o escoltas.

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