Si en la plaza del Concello de Cee un vecino malintencionado tatuaba el coche de alguien a golpe de llave, ahí estaban las cámaras de vigilancia del Ayuntamiento para identificar al autor de los rayazos. Si alguien aparcaba con prisa y se llevaba por delante la defensa del de al lado, ahí estaban las cámaras para dar con él si se marchaba mirando para otro lado. Si alguien hacía pintadas en las paredes, ahí estaba el objetivo para dar con el artista.
Todo eso se acabó porque la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) entiende que, además de permitir esas cosas, los aparatos sirven también para captar otras imágenes más personales e inocuas para la vida en sociedad que entran dentro del ámbito de lo privado. A la resolución de la agencia se llegó después de que un particular presentara una denuncia contra los dispositivos instalados en Cee, en la plaza del Ayuntamiento.
Los tres aparatos eran controlados desde las oficinas de la Policía Local. La AGPD le daba al gobierno local un mes de plazo para retirar los objetivos o enfocarlos al interior de la casa consistorial o a otros puntos que no fuesen vía pública. Esta semana se cumplía ese límite y operarios municipales comenzaron a desmantelar el sistema, que se controlaba desde una sala de pantallas instalada en el despacho del jefe de la policía.
De nada valió el informe enviado desde la alcaldía a la AGPD asegurando que se cumplía con la normativa. De entrada, aseguraba la agencia, carecían de los permisos necesarios que se deben tramitar a través de la Delegación del Gobierno.
La nube de Internet, que permite el almacenamiento en la Red de los datos y los hace accesibles desde cualquier lugar y máquina, empieza a generar preocupación en diferentes países por el control de estos datos y la transferencia internacional de los mismos. Se trata de una cuestión de soberanía y garantías.
El Gobierno francés que preside Nicolás Sarkozy destinará, de momento, 135 millones de euros a crear su propio sistema de nube en Internet(cloud computing). Frente a las inversiones masivas de las grandes compañías de Estados Unidos, el proyecto Andrómeda busca crear la alternativa francesa a este servicio para evitar que datos sensibles sean albergados en otros países. En Estados Unidos, en aplicación de la ley antiterrorista Patriot Act, las autoridades locales pueden inspeccionar los datos albergados por una compañía de su país aunque estén en un servidor físicamente alojado en otro territorio. Según Les Echos,en el proyecto Andrómeda intervendrán Orange, el grupo de electrónica Thales y Dassault, además del propio Estado francés que participará con un tercio de la inversión que puede llegar finalmente a 285 millones de euros.
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El 95 por ciento de las pymes incumplen la Ley de Protección de Datos, según un reciente estudio realizado por la Asociación Profesional de la Privacidad de Castilla-la Mancha entre las doscientas empresas ubicadas en el polígono Campollano (Albacete).
El 70 por ciento de esas infracciones están catalogadas en la ley como graves o muy graves, cuyas sanciones oscilan entre los 40.001 a los 300.000 euros y los 300.001 a los 600.000 euros. De esta forma, si en lugar de un estudio, se hubiera tratado de inspecciones, la Agencia de Protección de Datos habría recaudado cerca de 6 millones de euros.
"Estos datos son perfectamente extrapolables al conjunto del tejido empresarial español. Desgraciadamente no existe cultura de protección de datos y las empresas asumen unas contingencias muy elevadas que pueden llevarlas incluso a la quiebra", señala Paola Redecilla, experta en Derecho de Protección de Datos de IMAdvisory.
Entre los errores más comunes, el 97 por ciento de las empresas presentan déficits en la documentación requerida reglamentariamente por el Documento de Seguridad. "No ha habido una auditoría permanente y se aplica una regulación ya derogada", denuncia la Asociación Profesional de la Privacidad. "Por eso nosotros recomendamos siempre a nuestros clientes que hagan auditorías periódicas que les aseguren estar al día en una regulación cambiante", señala Paola Redecilla experta en Protección de datos de IMAdvisory.
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La Caja Vital ha organizado dos sesiones informativas para asesorar a padres y educadores sobre dos problemas que afectan a los jóvenes de hoy en día. Se trata del ciberbullying y el acoso a través de Internet. Las charlas, que se realizan en colaboración con el centro de innovación Urkide, tendrán lugar hoy y mañana a las siete de la tarde en la sala Fundación del centro comercial Dendaraba. La entrada es libre, si bien es necesario inscribirse previamente en el teléfono 945 12 14 03.
En ambas sesiones se presentará un protocolo de actuación escolar redactado por un equipo multidisciplinar de expertos en pedagogía, sociología, psicología, nuevas tecnologías y derecho, que pretende convertirse en una guía de actuación para los centros educativos ante situaciones de esta naturaleza. Además, facilita el entendimiento de las claves implicadas en los problemas de ciberconvivencia, para conocer las mejores formas de detectar estas situaciones, afrontarlas y erradicarlas, contribuyendo al desarrollo óptimo del alumnado.
Las charlas serán impartidas por Iñaki Vicuña, director de la Agencia vasca de Protección de Datos, quien hablará sobre 'Los riesgos de Internet como red social en relación a la privacidad'. A continuación, intervendrá Jorge Flores, responsable de Pantallas Amigas, organización formada por informáticos, pedagogos y educadores que promocionan el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, que hablará sobre 'Prevención del ciberbullying y fomento de la convivencia en las redes sociales'. Y Maite Vesga, psicóloga responsable de acoso escolar del centro Urkide, abordará el 'Análisis de los comportamientos, las relaciones y malos hábitos del acoso en Internet dentro y fuera de las aulas'.
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Rafa Mora se quedó sin palabras cuando descubrió que su ficha policial había sido publicada en Internet. Concretamente en Facebook. Rápidamente, telefoneó a su abogado para que se pusiera manos a la obra. Ignacio Toledano presentó denuncias contra la Dirección General de la Policía, la Agencia de Protección de Datos y Rafa García. Y es que fue en el muro del hermano de Dinio donde apareció tan sensible documento.
Tan sólo unos días después que se cursaran las denuncias, el letrado Toledano recibió una llamada desde la Dirección General de la Policía donde le comentaron que no pararían hasta encontrar al autor de tamaña fechoría. También Rafa García se puso en contacto con el abogado para explicarle que nada tenía que ver con el asunto, que el responsable, quien quiera que fuese, le había etiquetado en la foto y de ahí que apareciera en su muro.
Nos vemos en los juzgados
Las pesquisas policiales están próximas a finiquitar. Falta muy poco para que Rafa Mora y su abogado conozcan el nombre del autor o la autora del delito. Entonces actuarán en consecuencia. El ex tronista tiene muy claro que llegará hasta al final, pues lo sucedido ha rebasado todos los límites. Idéntica opinión tienen en la Dirección General de la Policía, y así lo manifestó uno de sus responsables en conversación mantenida con Ignacio Toledano.
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