Cada vez más negocios de la Región, sobre todo bancos, hospitales, asesorías y gestorías, optan por recurrir a empresas especializadas para destruir con garantías su documentación más confidencial, tal como establece la Agencia Española de Protección de Datos. El negocio de la destrucción de documentosconfidenciales se ha convertido así en los últimos años en un filón en tiempos de crisis.
Así lo creen Santiago y Marcos Verdú, dos hermanos alicantinos que apostaron hace dos años por poner en marcha la firma Docweiler, aunque la coyuntura económica no era ni antes ni ahora la más propicia para absorber nuevas aventuras empresariales. El primero, deportista de élite, decidió que su carrera como jugador de balonmano tocaba a su fin y había que buscar otro trabajo. Su hermano, con Magisterio y experiencia en la empresa privada, también se involucró en esa búsqueda que finalmente les ha convertido en socios de la primera planta de la provincia dedicada exclusivamente a la destrucción y reciclaje de documentación confidencial.
Una factoría que da servicio ya a más de medio centenar de empresas de la Región de Murcia, entre entidades bancarias, hospitales (públicos y privados), asesorías e incluso organismos de la Administración.
Pero, ¿qué es un documento confidencial? Cualquier papel con nombre y apellidos y una dirección lo es, responde Marcos Verdú.
El primero se septiembre la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, realizó el Seminario sobre Protección de Datos Personales de Niños y Adolescentes, en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla; sin duda uno de los temas de mayor actualidad en México y el mundo en el contexto del derecho de acceso a la información; pero también de los de los más delicados por los efectos que genera en la población.
Y es que el derecho a la protección de datos personales debe ser de los temas a los que se les dedique mayor atención en las agendas de gobierno y de la misma sociedad, por los riesgos que puede generar el mal uso de los datos sensibles, para la seguridad e integridad de millones de personas en el mundo. No es casualidad que hoy en día organismos internacionales, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, analicen con mayor frecuencia estos temas y promuevan legislar en la materia.
México no es la excepción, durante los últimos años en distintos foros y en diferentes entidades del país, se ha estado discutiendo el alcance de este derecho; al mismo tiempo que se hace referencia a los beneficios que genera a la seguridad de la población, también se reflexiona sobre los retos y desafíos en una sociedad que aún no tiene arraigada una cultura de protección de sus datos personales, lo cual nos hace más vulnerables como miembros de la sociedad.
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La portavoz de Justicia de UPyD, Elvira García Piñeiro, ha afirmado que su Grupo Presentará una Proposición no de Ley (PNL) en la que se solicitará la supresión de laAgencia Madrileña de Protección de Datos (AMPD).
En la primera comisión de justicia que se ha desarrollado en la Asamblea de Madrid en esta legislatura, la diputada de la formación magenta ha indicado que esta Agencia tiene "escasa actividad y elevados costes" y ha considerado que debe suprimirse porque sus funciones pueden ser llevadas a cabo por la Agencia Española de Protección de Datos.
La portavoz ha explicado que el coste de cada fichero que gestiona la agencia madrileña es de más de 140 euros y el de la Española es de 7, por lo que a los madrileños la gestión les cuesta "20 veces más que si la hiciera la Agencia Estatal.
FUENTE: www.lavanguardia.com
La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un expediente sancionador contra Finanmadrid EFC (Fracciona), una entidad bancaria, por una denuncia presentada por una socia de Facua Cádiz, afectada por Dental Line. Al parecer, la sociedad denunciada publicó información personal en un listado público, lo que va en contra de la Ley de Protección de Datos.
Según informó la asociación de consumidores en un comunicado, las clínicas odontológicas de esta firma dejaron de funcionar en octubre 2009, «sin asumir, en muchos casos, las obligaciones contraídas con sus clientes, que, como en el caso de esta socia, sufrieron la paralización de los tratamientos contratados, cuyo pago habían financiado con una entidad bancaria». Facua calcula que hay más de 300 afectados por este asunto.
En este caso, La denunciante, J.M.D. reclamó a Fracciona la resolución de contrato de financiación suscrito con esta entidad bancaria. Y para ello, continúa el comunicado, la normativa vigente establece que, cuando existe vinculación entre el servicio contratado y su financiación, como en este caso, la cancelación del servicio implica la rescisión del préstamo suscrito para pagarlo.
Un estudio sobre el cumplimiento de la legalidad vigente sobre la Ley de Protección de Datos, realizado con datos recabados en doscientas empresas del Polígono Campollano, advierte que más del 95% de estas entidades incumplen la citada ley. Y, es más, el 70% de las infracciones cometidas se encuentran dentro de los intervalos graves-muy graves, con sanciones que oscilan entre los 40.001 y los 300.000 euros y los 300.001 y los 600.000, respectivamente.
Así lo dieron a conocer ayer desde la Asociación Profesional de Privacidad de Castilla-La Mancha (AP-CLM), que aprovechaba este primer estudio para presentarse públicamente, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la ciudad.
El presidente de esta asociación, Luis García, informaba de este «alarmante índice de empresas que incumplen con la normativa» y advertía que, si en lugar de un estudio, los datos sobre esas doscientas empresas hubieran sido para generar sanciones, se podrían haber impuesto multas por un valor total de más de seis millones de euros.
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