El recóndito enclave despierta el interés de la India por su valor para vigilar las turbulentas aguas donde faenan los pesqueros vascos
El bandidaje del Índico refuerza el papel estratégico de dos islotes entre Mauricio y Seychelles
Ni la protección de una flota de guerra europea, la 'operación Atalanta', ni la seguridad privada contratada por los armadores han puesto fin al hostigamiento de los piratas a los atuneros que faenan en el Índico. Cuando amainan los monzones, los bandidos atacan a los pesqueros cada vez más lejos de las costas de Somalia y de Kenia, y ni siquiera las aguas del archipiélago de Seychelles ofrecen ya un refugio seguro. La inestabilidad del Cuerno de África ha obligado a algunas potencias ribereñas del Índico a desviar su atención hacia un enclave que se encuentra a mitad de camino entre las Seychelles y las islas Mauricio, desde el cual es posible proteger la ruta que se dirige al estrecho de Ormuz y el golfo de Aden desde la India y la que procede del sur de África. Son dos islotes coralinos de 12,5 y 7 kilómetros de longitud, respectivamente, que están separados por un estrecho de 2,2 kilómetros. Tienen forma alargada y figuran en los mapas con la denominación de Agalega, un nombre que recibieron, según la hipótesis más probable y documentada, porque fueron descubiertas en 1501 por el navegante Joao da Nova, apodado 'Juan el Gallego'.
La ola de inseguridad que estremece a Guatemala tiene ramificaciones que van más allá de la tenebrosa estadística que nos coloca como uno de los países más violentos del mundo, donde, en promedio, pierden la vida cada día unas 16 personas. Pero esa es apenas una de las más dolorosas expresiones de la violencia que azota a toda la República, pues hay muchas otras en las que la vida de los ciudadanos se ha visto afectada.
En un amplio estudio que presentó en el 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se enumeraban precisamente las cinco grandes áreas donde la violencia tiene mayor impacto: pérdidas en salud, costos institucionales, gastos en seguridad privada, clima de inversión y pérdidas materiales, y de acuerdo con esa clasificación se calculó que para ese año los costos de la violencia en Guatemala habían alcanzado un monto aproximado de US$2 mil 386.7 millones —unos Q18 mil 735.6 millones—.
Esos costos representaban nada menos que más del doble de las erogaciones aprobadas para los ministerios de Salud, Educación y Gobernación juntos, algo que todavía hoy sigue teniendo un costo demasiado elevado, no solo para el Estado sino para los mismos habitantes, que ahora también deben destinar una buena parte de sus ingresos a paliar ataques de los antisociales, que han hecho de la inseguridad un modelo de mal vivir que ha tenido efectos nocivos en lo emocional y en lo sicológico para miles de personas afectadas.
Apocos días de que concluya el plazo para que la Secretaría de la Defensa Nacional retire los permisos de portación de armas a cientos de guardias privados que fungen como agentes de la Fiscalía General del Estado, entre empresarios locales priva el desconcierto debido a que el gobierno estatal no ha informado cómo será este proceso de desarme.
Los afectados también prevén un aumento en el costo de este servicio, ya que –de acuerdo con la cotización de una empresa privada que ahora proveerá las licencias colectivas que retirará la Fiscalía– el precio por iniciar el trámite de portación –que antes era gratuito–, ahora será de 10 mil pesos por guardia.
También, mencionó un escolta privado que pidió no difundir su nombre, la empresa Agencia de Seguridad Integral –una de las pocas que a la fecha expide permisos colectivos de portación de armas en la entidad– le informó que los rifles de asalto AR–15 y las pistolas 9 milímetros que antes permitía la Fiscalía se reemplazarán por calibres menores, como pistolas .380 y escopetas calibre .12, lo cual mermará la capacidad de reacción ante un ataque.
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Hay un primer lugar mundial que Guatemala posee, y se lo debe, lamentablemente, a la situación de inseguridad. Según el Informe Mundial de Armas Ligeras, es la nación con la mayor desproporción de policías privados y estatales: por cada agente de la Policía Nacional Civil hay seis guardias particulares, en una medición de 70 países realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo, con sede en Suiza.
El negocio basado en el temor a ser víctima de la delincuencia se ha expandido en el país, al punto de que, según un informe oficial, hay 150 empresas de seguridad privada legalmente establecidas, las cuales ocupan a unas 120 mil personas.
Los servicios son solicitados sobre todo por el sector empresarial y colonias, debido a la desconfianza hacia el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuantificaba el gasto en ese rubro en Q4 mil 300 millones anuales, un mercado competitivo que crece por el temor a ser víctima de un hecho delictivo.
El personal de vigilancia es tan solo una de las facetas de la industria de la seguridad, que abarca otros productos y servicios, como circuitos cerrados de televisión, cámaras de vigilancia, sensores de movimiento, alarmas, seguros de vida y contra robo, alambres con cuchillas, construcción de muros, blindaje de ropa y vehículos, armas defensivas y sistemas de localización.
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Un exjefe de policía de las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez ha sido asesinado.
José Ruvalcaba Plascencia fue ultimado en un restaurante en la capital del estado de Chihuahua y la policía aún está reuniendo pruebas sobre el homicidio, indicó Carlos González, portavoz de la Procuraduría General del estado de Chihuahua.
Ruvalcaba Plascencia había comenzado a encargarse de las operaciones de una empresa de seguridad privada, luego de jubilarse como funcionario público. Fue el encargado de la policía de la ciudad de Chihuahua durante la década de 1990 y posteriormente se había desempeñado brevemente como jefe de policía en Ciudad Juárez, a principios de esta década.
FUENTE: infosurhoy.com