Apocos días de que concluya el plazo para que la Secretaría de la Defensa Nacional retire los permisos de portación de armas a cientos de guardias privados que fungen como agentes de la Fiscalía General del Estado, entre empresarios locales priva el desconcierto debido a que el gobierno estatal no ha informado cómo será este proceso de desarme.
Los afectados también prevén un aumento en el costo de este servicio, ya que –de acuerdo con la cotización de una empresa privada que ahora proveerá las licencias colectivas que retirará la Fiscalía– el precio por iniciar el trámite de portación –que antes era gratuito–, ahora será de 10 mil pesos por guardia.
También, mencionó un escolta privado que pidió no difundir su nombre, la empresa Agencia de Seguridad Integral –una de las pocas que a la fecha expide permisos colectivos de portación de armas en la entidad– le informó que los rifles de asalto AR–15 y las pistolas 9 milímetros que antes permitía la Fiscalía se reemplazarán por calibres menores, como pistolas .380 y escopetas calibre .12, lo cual mermará la capacidad de reacción ante un ataque.
“Tanto a los empresarios como a los escoltas nos da la impresión de que están favoreciendo al delincuentes, para facilitarle sus fechorías”, comentó el escolta entrevistado.
“Y además la empresa de seguridad privada nos van vender las armas nuevas a un costo fuera del mercado, como una .380 marca Pietro Beretta, que regularmente cuesta 600 dólares, las quieren vender en 14 mil pesos. Y la escopeta, que regularmente en el mercado anda en 800 dólares, nos las van a dar en 26 mil pesos”, agregó el entrevistado.
Este medio solicitó ayer una entrevista al personal de la Agencia de Seguridad Integral que proveyó los costos al guardia, pero la petición no fue aceptada.
Sobre el proceso de desarme, el vocero de la Fiscalía Estatal, Carlos González, informó que los escoltas de los empresarios de Chihuahua deberán acudir a entregar las armas a las instalaciones del complejo estatal de seguridad pública, ubicado en aquella localidad, pero declinó informar cómo se procederá con las armas asignadas a los guardias que trabajan en esta frontera.
González, que primero aseguró que el mecanismo de desarme aquí se definirá “en breve”, mencionó después que, en realidad, y por cuestiones de seguridad, el gobierno del estado decidió no hacerlo público.
“El mecanismo ya está, pero no se puede difundir de manera pública porque se trata de armas, de la integridad de los elementos, y la logística no se puede difundir de manera precisa; no podemos decir, favor de acudir a tal calle tantas escoltas con tantas armas, por seguridad no se pueden revelar detalles de esta naturaleza”, dijo el funcionario.
González agregó también que, desde marzo, cuando el gobierno del estado recibió la notificación de la Sedena para poner fin a este esquema de protección privada, se entró en contacto con los empresarios del estado para informarles sobre el tema.
Pero el gremio local, sin embargo, reportó estar en la incertidumbre y desconocer cómo se realizará el procedimiento.
“No tengo bien la información. Hay mucha inquietud y estamos tratando de informarnos en ese sentido”, dijo Alejandro Seade, presidente de la oficina local de la Cámara Nacional de Comercio y titular en turno del Consejo Coordinador Empresarial.
La incertidumbre se refiere al fin de un esquema que, por años, ha permitido que guardias privados de empresarios de todo el estado usen permisos de portación de armas como si fueran agentes de la antes llamada Secretaría de Seguridad Pública del Estado y hoy Fiscalía General, entidad que los denominaba agentes tipo “E” y que, previo pago, les facilitaba el permiso que la corporación gestionaba ante la Sedena.
Pero el gobierno federal, en marzo pasado, notificó a las administraciones estatales que el esquema ya no estaría permitido y que quienes tuvieran armas y licencias amparadas por una corporación estatal deberían retornar ambos instrumentos a la dependencia pública.
El plazo, informó la Sedena al gobierno del estado –de acuerdo con lo que notificó la propia Fiscalía desde julio pasado– vence el 31 de agosto, cuando las autoridades deberán haber recolectado ya más de mil armas y permisos que tiene asignados a unos 800 agentes “E” distribuidos por todo el estado.
FUENTE: ww.diario.com.mx