El 10 de agosto, miembros de la seguridad privada del ingenio Chabil Utzaj, ubicado en el Valle de Polochic, llegaron a inmediaciones de las viviendas en vehículos, descendieron de ellos y se desplazaron a pie por el lugar, mientras gritaban: “Denle fuego, disparen”. Atacaron a 22 familias que se encontraban asentadas en la orilla de la carretera frente a la finca Paraná, Alta Verapaz.
Varias personas resultaron heridas, entre ellas Martín Tec May, de aproximadamente 35 años, con un disparo en el abdomen; Carlos Ical, de aproximadamente 70 años, con un disparo en la pierna; y la niña Elena Tec, de 9 años, con una herida de bala en el pie.
Las mujeres María Pop, Carolina Rax Tiul y Carolina Caal Cuc fueron fuertemente golpeadas por los hombres armados, así como el señor Juan Tiul Tiul. Cinco casas y algunas bicicletas fueron quemadas con gasolina, y algunas de las víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares y radios. El grupo armado estuvo aproximadamente una hora y media en la finca y luego se retiró.
Varias personas lograron esconderse entre la maleza durante el ataque. Organizaciones y coordinaciones sociales, entre ellas la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, hoy denuncian al Estado de Guatemala por las constantes violaciones a los derechos de campesinos y campesinas en distintos puntos del país. Recordemos que en marzo de este año, el Polochic resurge como territorio-símbolo de un continuum de despojo y muerte en Guatemala, cuando 14 comunidades fueron desalojadas en el Valle de Polochic, Panzós, Alta Verapaz.
Ese marzo, la represión “consensuada” llegó de la mano de Carlos Widman y su cuerpo privado de seguridad, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del silencio cómplice de varios sectores sociales y de las fuerzas de seguridad del Estado que generosamente fueron prestadas al terrateniente por el gobierno actual, incapaz luego de darle seguimiento y cumplimiento a las Medidas Cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las comunidades desalojadas. De marzo para acá, la tierra ha cambiado de dueño y el apellido es ahora el nicaragüense Pellas, lo cual no garantiza sino más de lo mismo, con acento diferente.
Ya lo dice Carlos Figueroa Ibarra en su libro El recurso del miedo, hecho hace tres décadas: la cultura política del terror es una lozana realidad en la Guatemala de hoy.
Aquí contamos con suficientes evidencias para afirmar que el desarrollo capitalista se ha asentado en los hombros de la clase trabajadora empobrecida, así como en la depauperización del campesinado y el mantenimiento del latifundio.
Todo ello ha sido posible, también, por el mantenimiento de la dependencia de esta clase despojada, y los niveles de subdesarrollo al que han sido sometidos grandes sectores de la población, lo cual confirma el bagaje cultural represivo de la clase dominante, heredero de prácticas coloniales explotadoras. Para que esto haya funcionado a la usanza de un reloj suizo en Guatemala, se ha precisado de un Estado sumamente débil de cara a la ciudadanía, pero fuerte cuando se trata de servir y cuidar los intereses de esa clase dominante. Según el autor, el recurso para que haya funcionado este “modelo” por tanto tiempo es el terrorismo de Estado. Y yo agregaría otro: la complicidad de una sociedad que tiene demasiados siglos internalizando la opresión.
En tiempo de elecciones, termino esto con la frase de Graham Greene que encabeza el libro de Figueroa Ibarra, convencida de que un día, las cosas habrán de cambiar. “Tal vez la respuesta radique en esto: en estos países la política casi nunca ha consistido en una mera rotación de partidos electorales enemigos, sino en un asunto de vida o muerte”.
FUENTE: www.prensalibre.com