Las condiciones de irregularidad y las rutas de tránsito migratorio continuarán representando enormes riesgos para los migrantes mientras persista en México la impunidad, las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, por omisión y comisión, y la falta de marcos normativos que respondan a las realidades del fenómeno migratorio.
"Mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores se encuentran expuestos a lo largo del trayecto a robos; agresiones verbales, físicas, sexuales y psicológicas; intimidaciones; amenazas; tráfico de migrantes; trata de personas; corrupción y extorsión; confiscación o destrucción de documentos; detenciones arbitrarias; y con un incremento acelerado, el delito del secuestro", plantean María Dolores París Pombo y Guillermo Yrizar Barbosa, del Colegio de la Frontera Norte, y Gabriel Pérez Duperou, de la Casa Migrante de Saltillo.
"Muchas de estas agresiones y violaciones a los derechos humanos son cometidas por autoridades del Estado en sus tres niveles de Gobierno, agentes migratorios, policías federales, estatales y municipales; así como por particulares como guardias de seguridad privada de las empresas ferroviarias, asaltantes, conductores de transporte público, comerciantes, traficantes de migrantes, tratantes de personas y grupos de la delincuencia organizada quienes abusan de las personas transmigrantes con la anuencia o simple negligencia de las autoridades", aseguraron en el Coloquio Sobre Derechos Humanos y Vulnerabilidad de los Migrantes y Repatriados en la Frontera Norte, organizado por el propio Colegio de la Frontera Norte.
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A las 19:00 del 17 de noviembre, Ricardo M. contestó una llamada a su teléfono celular. En ella, una operadora le informaba que la alarma antirrobos de su domicilio se había activado.
Desesperado, él llamó a su esposa e hijos, quienes habían salido de casa. Al llegar a su vivienda, en Conocoto (valle de Los Chillos), se encontró con un guardia motorizado de la empresa de seguridad, quien había acudido por la activación de la alarma.
Pero ese servicio no evitó el robo. Los delincuentes tuvieron tiempo para encontrar el lote de joyas de la familia y para llevarse un televisor de plasma, un DVD, un teatro en casa, relojes de marca, etc. USD 6 000 en pérdidas.
“Contraté un sistema de seguridad de alarmas, con guardias motorizados”, se lamenta el afectado. Para Pablo Córdova, experto en seguridad de la Asociación de Bancos Privados, la presencia de guardias en empresas, urbanizaciones y locales comerciales “no es garantía de seguridad”.
Ante el incremento de la inseguridad, la Universidad de Colima debe valorar si requiere contar con un cuerpo policiaco exclusivo para la vigilancia al interior del campus, declaró el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de esta casa de estudios, Leonardo Gutiérrez Chávez.
El líder del SUTUC precisó que, aun cuando existen medidas de control y vigilancia en los accesos y permanencia de elementos de una empresa de seguridad privada en las instalaciones universitarias, no se deben escatimar recursos en este sentido.
Advirtió que hasta el momento, las medidas aplicadas para garantizar la seguridad de los estudiantes, académicos y trabajadores de la UdeC han sido efectivas, por lo que advirtió que la aplicación de algunas restricciones al acceso del campus, podría generar una alarma innecesaria entre la comunidad.
“No hay la necesidad de endurecer la estrategia para no incrementar la psicosis entre los alumnos que estudian en los planteles educativos. Sin embargo, es necesario contribuir a mantener la calma, la unidad y comunicación con la comunidad universitaria y manifestar certidumbre en materia de seguridad dentro de la institución”, consideró.
NUEVAS PLAZAS SUJETAS AL PRESUPUESTO:
En otro orden de ideas, Leonardo Gutiérrez adelantó que la creación de nuevas plazas en la UdeC dependerá del presupuesto federal autorizado para el reconocimiento de plantillas, ya que actualmente laboran sin contrato alrededor de 500 personas.
Recalcó que en 2009, mediante este criterio, se reconocieron 400 plazas. Mas para cambiar la situación laboral de otros universitarios, se requiere que los diputados federales aprueben una partida extraordinaria de recursos y el concurso institucional para participar en esta bolsa.
En ese sentido, recalcó, la UdeC atenderá la convocatoria respectiva que podría emitirse en enero del 2011 para incorporar a la base trabajadora a la mayor parte de los 500 elementos que prestan sus servicios a la institución sin contar con contrato.
FUENTE: www.ecosdelacosta.com.mx
La coalición de fuerzas internacionales dirigidas por Estados Unidos violó un acuerdo de seguridad en Kabul, donde sus soldados realizaron una redada en una empresa de seguridad privada y mataron a dos guardas, dijo el domingo el portavoz del ministerio del Interior afgano.
El vocero Zemarai Bashary dijo que el general de la Policía que les ayudó fue suspendido y que se investiga el motivo por el cual soldados de la coalición realizaron la incursión el viernes en las instalaciones de Tiger International, una empresa de seguridad privada, matando a dos guardas e hiriendo a otros dos.
Las fuerzas de seguridad afganas han controlado Kabul durante los últimos dos años y el gobierno debe aprobar todas las operaciones de la OTAN en la ciudad.
"Ese fue un incidente trágico y desafortunado que ocurrió en Kabul hace dos noches. Los soldados que estuvieron involucrados en esa operación no prestaron ninguna atención a las normas y las regulaciones que fueron acordadas con anterioridad respecto a ese tipo de operaciones en Kabul", dijo.
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La Policía siempre llega tarde. Esto es lo que creen ocho de cada 10 pobladores de la sede de gobierno, según un estudio sobre el “Estado de la seguridad ciudadana en La Paz. La confianza depositada en la entidad del orden es similar a la que tienen en la seguridad privada.
El diagnóstico fue realizado por el ex comandante de la Policía Boliviana Isaac Pimentel y fue confirmado por testimonios de vecinos de tres zonas de la urbe paceña.
Datos de “El estado de la seguridad ciudadana en La Paz” muestran que de 1.200 ciudadanos entrevistados en el primer semestre del 2010, el 83% cree que los agentes de la Policía nunca llegan a tiempo cuando se cometen robos o asaltos.
“Hace cuatro meses, tres ladrones se metieron a la casa en construcción de lado. Uno de mis vecinos vio a uno de ellos robar material y llamó a Radio Patrullas 110, pero nunca aparecieron. Después de que nosotros los hicimos escapar, llegaron dos policías en sus motocicletas, pero ya era tarde”, contó a La Razón Lourdes Chacón (41), vecina de la zona de Achumani.
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