Las condiciones de irregularidad y las rutas de tránsito migratorio continuarán representando enormes riesgos para los migrantes mientras persista en México la impunidad, las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, por omisión y comisión, y la falta de marcos normativos que respondan a las realidades del fenómeno migratorio.

"Mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores se encuentran expuestos a lo largo del trayecto a robos; agresiones verbales, físicas, sexuales y psicológicas; intimidaciones; amenazas; tráfico de migrantes; trata de personas; corrupción y extorsión; confiscación o destrucción de documentos; detenciones arbitrarias; y con un incremento acelerado, el delito del secuestro", plantean María Dolores París Pombo y Guillermo Yrizar Barbosa, del Colegio de la Frontera Norte, y Gabriel Pérez Duperou, de la Casa Migrante de Saltillo.

"Muchas de estas agresiones y violaciones a los derechos humanos son cometidas por autoridades del Estado en sus tres niveles de Gobierno, agentes migratorios, policías federales, estatales y municipales; así como por particulares como guardias de seguridad privada de las empresas ferroviarias, asaltantes, conductores de transporte público, comerciantes, traficantes de migrantes, tratantes de personas y grupos de la delincuencia organizada quienes abusan de las personas transmigrantes con la anuencia o simple negligencia de las autoridades", aseguraron en el Coloquio Sobre Derechos Humanos y Vulnerabilidad de los Migrantes y Repatriados en la Frontera Norte, organizado por el propio Colegio de la Frontera Norte.

En el planteamiento de los estudios, dado a conocer en la sección "Documentos de Coyuntura" del propio Colef, los mencionados especialistas explicaron que las regiones que reflejan un incremento de agresiones y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes "son las fronteras norte y sur de México, caracterizadas por un elevado índice de violencia y criminalidad".

Refieren que las condiciones prevalecientes en las regiones fronterizas que impactan en los derechos humanos de las personas migrantes varían de conformidad con las ciudades y su ubicación en la ruta migratoria. "En este sentido puede comentarse que la frontera de México con Guatemala ha registrado en los últimos años un incremento en las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes provenientes de Centroamérica, así como preocupación en materia de seguridad ciudadana por la amenaza que significan los altos niveles de ingobernabilidad producto de la delincuencia organizada transnacional y su penetración en las estructuras gubernamentales locales".

* La violencia, recrudecida

En su planteamiento detallaron que la frontera norte de México ha poseído una dinámica histórica específica en la cual la violencia y la inseguridad han sido elementos inherentes, las cuales "se han recrudecido exponencialmente a partir de la estrategia gubernamental de lucha frontal contra la delincuencia organizada con medios militares. No obstante, la región noroeste de la frontera enfrenta cierta especificidad de problemáticas mientras que en la frontera noreste se manifiestan otras. Dicha situación depende, entre otras cosas, de una serie de condiciones relacionadas con el incremento de la seguridad fronteriza, tanto virtual como física, la implementación de programas específicos de gestión migratoria, la facilidad de ingreso por regiones no vigiladas y la presencia de la delincuencia organizada.

Especificaron que una problemática documentada en ciudades de la frontera noreste como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Monterrey "es el incremento de casos de secuestro a migrantes que desembocan en otras problemáticas como la trata de personas, la corrupción de autoridades y las agresiones cometidas contra defensoras y defensores de los derechos humanos".

Hacen notar que a principios de 2009 varias organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el contexto de criminalización hacia la migración, la corrupción de autoridades, el enfoque de gestión de la política migratoria mexicana y la presencia impune de la delincuencia organizada en la "ruta migratoria"; cuyos efectos negativos han sido el aumento de violaciones a los derechos humanos, las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, y el incremento de los delitos del tráfico de migrantes, la trata de personas y el secuestro.

Mencionaron, además, que acerca de tales problemáticas se informó a la mencionada Comisión Interamericana que diferentes Casas del Migrante, Centros de Derechos Humanos, Albergues, y en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han llevado a cabo documentación y denuncia de personas migrantes víctimas de los delitos. "Como ya es sabido, en tan sólo el periodo que comprende de septiembre de 2008 a febrero de 2009, la CNDH documentó en su Informe Especial, una cifra de nueve mil 758 migrantes víctimas del delito de secuestro; es decir, más de mil 600 secuestrados al mes", recalcaron.

Aclararon que la documentación de las agresiones cometidas por particulares y las violaciones a los derechos humanos, por omisión o comisión, de autoridades del Estado, son líneas de trabajo realizadas por albergues para migrantes y organizaciones de derechos humanos ubicadas en ciudades de tránsito, destino y retorno de migrantes. Mencionaron también que "debido a las labores de documentación, acompañamiento y denuncia del delito, las personas defensoras de los derechos humanos se sitúan en un nivel de riesgo y vulnerabilidad, que las convierte en víctimas constantes de ataques y hostigamientos, mismos que generan la obstrucción al trabajo e incluso el cierre de refugios. Como respuesta a la falta de garantías de seguridad proporcionadas por el Estado mexicano en sus tres niveles de Gobierno, varias casas del migrante han solicitado y aceptado medidas cautelares proporcionadas por la CIDH".

Los grandes riesgos

Acerca de los "Riesgos Físicos y Sociales en el Cruce Clandestino de la Frontera México-Estados Unidos", los especialistas refieren que "la negligencia del Estado mexicano por gestionar el flujo de personas a través de sus fronteras internacionales, junto con el reforzamiento de la vigilancia fronteriza impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, han provocado que, al menos desde la última década del siglo veinte, el cruce de indocumentados en la frontera norte de México ocurra en condiciones de mayor riesgo físico y social para miles de seres humanos".

Tal situación, añadieron "se tornó más evidente a partir de 1993, cuando el Gobierno estadunidense comenzó a desarrollar acciones y estrategias de vigilancia y control en su frontera sur, provocando el re-direccionamiento de los flujos migratorios de indocumentados hacia zonas más peligrosas. Luego de 17 años y un estimado de más de cinco mil muertes de personas que intentaron franquear el río, el desierto, el monte, el cerro, las montañas o el muro, las y los migrantes mexicanos perciben el cruce clandestino como un proceso más peligroso, más difícil y más caro que en el pasado. A pesar de estos factores, las estadísticas y los testimonios de quienes emprenden el cruce sin documentos migratorios no indican que esta crisis humanitaria en la frontera norte mexicana vaya a resolverse en el corto plazo, especialmente sin acciones de la sociedad y los gobiernos en ambos países".

En el interesante documento ellos refieren la situación de los migrantes internacionales (emigrantes mexicanos y transmigrantes centroamericanos) en la región fronteriza que va de Matamoros a Ciudad Acuña, incluyendo a Reynosa, Ciudad Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Piedras Negras, es alarmante. "Las disputas del Ejército mexicano y la Policía Federal en contra del crimen organizado -explican- así como las pugnas entre diferentes bandas por controlar el tráfico de drogas ilícitas, han hecho mella en el flujo migratorio tanto de mexicanos como de centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Albergues para migrantes y organizaciones de la sociedad civil han registrado y documentado que la escalada de violencia hacia los transmigrantes en el noreste mexicano ha venido aumentando al menos desde finales de 2008. Arguyen que la razón de este incremento se debe a que el tráfico y la trata de personas se han vuelto actividades lucrativas con un amplio margen de impunidad".

Hablan del corredor migratorio Sonora-Arizona del que dicen "es una zona de cruce clandestino muy activa desde 2000, en donde los indocumentados se enfrentan no sólo a riesgos físicos relacionados con el clima, sino también a la inseguridad y al control de las rutas por parte del crimen organizado".

En cuanto a la frontera entre Baja California y California, dicen "es la región más vigilada y blindada entre México y Estados Unidos si se divide el número de agentes de la patrulla fronteriza ahí destacadas, o la extensión del muro construido, entre el total de kilómetros que comprende esta franja y se compara con las otras zonas. En el año fiscal 2009 ahí se apostaron dos mil 570 agentes de la patrulla fronteriza".

Además, especificó "entre las ciudades de San Diego y Tijuana se erigió un segundo muro, más difícil y peligroso de esquivar, así como un sistema de vigilancia electrónico (cámaras, sensores, etcétera) que configura un muro virtual. Esta situación ha provocado que los migrantes indocumentados que pretenden cruzar por California recurran al uso de documentos migratorios que no les pertenecen para pasar a través de un puerto legal de entrada (Legal Port of Entry-LPOE); a esconderse en vehículos que atraviesan por la garita de San Ysidro o por las de Mexicali o Tecate; a caminar por el "cerro", en específico por aquellas partes que cada vez están más alejadas de la mancha urbana e incluso a arriesgar la vida por lugares como el canal Todo Americano (All American Canal).

Precisaron que según voluntarios de Cáritas de Mexicali en el módulo fronterizo "Juntos en el Camino", así como funcionarios de la Procuraduría para los Derechos Humanos de Baja California, "entre las lesiones más comunes que han atendido, presenciado y registrado a lo largo de más de diez años de servicio a los migrantes repatriados se encuentran fracturas, quemaduras y heridas en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente en las extremidades. Estas lesiones fueron provocadas no sólo por el clima, la geografía y el muro, sino por abusos de la patrulla fronteriza, los agentes del servicio de inmigración y control de aduanas (ICE), así como por los ladrones que acechan a los migrantes en el cruce clandestino".

En fin, que de acuerdo a la situación actual, no hay nada que indique que la situación variará.

 

FUENTE: www.oem.com.mx