El Congreso terminó el año legislativo con la aprobación de 55 decretos, pero, según varios sectores, solo algunos de estos fueron trascendentales; además, en el 2010 se presentaron 150 iniciativas, de las que se avalaron únicamente 22.
Expertos que destacaron la importancia de la aprobación de la ley de extinción de dominio —que decomisa bienes provenientes de hechos ilícitos—, con la que se cerró el 2010, señalaron que se logró más gracias a una intensa presión social y de entidades internacionales acreditadas en el país que por la propia voluntad política de los diputados.
Los legisladores resaltaron el haber convertido en decreto las leyes de empresas de seguridad privada, de actividad aseguradora y la de participación público privada para infraestructura, y varios decretos de reformas a la Ley de Renap.
De los 55 decretos en el 2010, tres se enfocan en ratificar estados de Calamidad, por desastres naturales, y se aprobaron cinco prestamos por US$115 millones para el Renap.
Además se aprobaron dos emisiones de bonos del tesoro por US$1 mil 680 millones y Q4 mil 500 millones.
También se concentró buena parte del tiempo de las discusiones en la crisis del Renap, en la que el Congreso destituyó a su representante ante esa institución, Mauricio Radford, por votación de la mayoría. La crisis en esa institución ocasionó que durante el año se aprobaran tres reformas.
Una de estas dirigida a la reposición de inscripciones registrales de partidas dañadas, para emitir, y otra que le dio vigencia hasta el 2013 a la cédula de vecindad.
Destacó el consenso para leyes como la que regula la actividad aseguradora, la cual abrió el mercado guatemalteco al ingreso de empresas extranjeras para dar cumplimiento a compromisos suscritos en el Tratado de Libre Comercio con EE. UU.
Se aprobó, también en abril, la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que permite las alianzas público privadas para el desarrollo de infraestructura, las cuales serán aprobadas por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
En seguridad, recientemente se aprobó la ley que regula la actividad de las empresas de seguridad privada, que se espera controle a los más de 150 mil agentes que ofrecen ese servicio en el país.
Revés en elecciones
Las elecciones que constitucionalmente corresponden al Congreso afrontaron reveses.
En febrero, el Legislativo revocó la elección de Remberto Ruiz como director del Instituto de la Defensa Pública Penal y ordenó repetir el proceso, después de que un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera la juramentación y mandara que recibiera y analizara las denuncias contra ese profesional.
En junio, fue anulada la elección que hizo el Congreso de los miembros del consejo del Ministerio Público, luego de que la CC anulara el proceso de elección de fiscal general, por señalamientos en su contra, por lo cual tuvo que repetirse el trámite de selección de candidatos.
También hubo vetos presidenciales en dos leyes que aprobó el Legislativo como la de obstrucción a la justicia y de cobro de impuestos a turistas que arriban al país en cruceros, por supuestas inconstitucionalidades; además del decreto que restituía el indulto presidencial a los condenados a pena de muerte.
Año complicado
La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, señaló que el año transcurrió con lentitud en temas legislativos, ya que buena parte de la agenda la ocupó el interés político electoral.
“Fue un año legislativo complicado, transcurrió con lentitud la aprobación de varias leyes, sobre todo vinculadas con seguridad y justicia, casi ninguna se aprobó, y fue gracias a la presión social que se logró la de extinción de dominio”, expresó.
La congresista mencionó como mérito la aprobación del presupuesto nacional, después de dos años de fracasos y el haberle puesto varios candados, aunque consideró que dentro de lo importante que quedó pendiente figura la ley que tipifica el enriquecimiento ilícito y el secreto bancario.
El experto Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, consideró que el balance del año fue bueno en seguridad y justicia, gracias a aprobaciones de leyes como la de extinción de dominio, aunque la postura no es la misma ante la cantidad de decretos de endeudamiento que fueron consensuados, debido a las consecuencias que traen para el país.
El politólogo Álvaro Pop expuso que en el 2010 se evidenció que las leyes que involucraron dinero avanzaron más rápido que las que eran de mayor interés, como al de extinción de dominio.
“El mensaje es que hay mucha negociación por obras, hay un adelanto de las elecciones, hay temas que se quedaron pendientes como la ley de desarrollo rural, que no fue conocida, así como leyes de salud y educación”, afirmó.
“El Congreso no logra erradicar la tradición de hacer un ejercicio clientelar de la política nacional; tienen que hacer un cambio, porque siempre caminan con más rapidez las leyes de préstamo de recursos”, criticó Pop.
FUENTE: www.prensalibre.com