Uno de los principales testigos de la Fiscalía Federal, en el juicio que se ventila contra el senador Héctor Martínez y Juan Bravo por actos de corrupción, indicó que el funcionario, en ningún momento, realizó una gestión antiética ni ilegal en el proceso de aprobación de dos proyectos de ley que fueron impulsados por el empresario.
Las autoridades federales alegan que el ex presidente de Ranger American le pagó a Martínez y al ex senador Jorge de Castro Font un viaje a Las Vegas, para ver una pelea de boxeo entre Félix “Tito” Trinidad y Winky Wright, a cambio de que favorecieran las medidas que pretendían establecer un derecho de admisión para los centros comerciales, y mayor reglamentación para las compañías de seguridad privada.
Pero el abogado Víctor Rivera Torres, quien ayudó a Martínez a ganar su primera elección en el 2004 como senador para el distrito de Carolina, indicó que el legislador nunca presionó a otros legisladores para que votaran a favor de las medidas. Rivera Torres trabajó en la oficina de Martínez como asesor legal entre el 2005 y julio de 2006 mientras mantenía su práctica privada como abogado.
El pasado jueves, Rivera Torres se describió a sí mismo como el padre que Martínez había perdido, refiriéndose a su progenitor, que había ocupado una silla en la Cámara de Representantes por el PNP.
Pero el abogado de Martínez, Abbe Lowell, lanzó una ofensiva contra el testigo con una serie de preguntas sobre la relación contractual que éste había mantenido con Northwest Security, otra compañía de seguridad que era competidora de Ranger American, en el 2005, mientras trabajaba a tiempo parcial en la oficina de Martínez. Éste admitió haber enviado por fax a Northwest Security el Proyecto de Ley 410, el cual favorecía las restricciones para los centros comerciales, pero que el dueño de la empresa nunca le comentó nada sobre la medida.
Así lo afirmaron los testigos que presenciaron la trágica escena. Declararon a DIARIO EXTRA que el ahora fallecido caminaba por la acera y vio detalladamente a la mujer, después empezó a discutir con el esposo de ésta y seguidamente se escucharon los plomazos.
Un motociclista identificado como Kenneth Villalobos indicó que el agresor vestía de traje entero y su esposa andaba un vestido café con gris.
“Los vi discutir, en eso el occiso sacó un destornillador y el hombre inmediatamente desenfundó un arma calibre 38 y le propinó un disparo en el abdomen, dos en la espalda y por último le dio en la sien”, narró Villalobos.
PRETENDÍA HUIR
Al matrimonio no le importó ver lo que habían hecho y como si nada detuvieron un taxi para huir del sitio. Villalobos al ver lo que pasó no lo pensó dos veces para seguirlos en su moto y detenerlos. Dimas Bustos, oficial de la Fuerza Pública, detalló que el “asesino” es un guarda privado de la empresa Respuesta Armada y justamente ayer estaba en su día libre.
“El sospechoso solo avanzó 200 metros cuando el testigo lo detuvo, de inmediato se capturó y en eso la esposa decía que la víctima trató de asaltarlos, sin embargo los judiciales investigan el móvil del homicidio”, comentó Bustos.
Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron a la escena del crimen y se encargaron de levantar el cuerpo, mientras continúan con las pesquisas del caso.
El bloque de concejales del PJ hizo pública su preocupación "por un hecho recurrente en los últimos días en gran cantidad de establecimientos rurales".
Mediante un comunicado, señala que "un grupo de productores agropecuarios de la zona lindera a la ruta 228 se han visto en la necesidad de contratar seguridad privada. Los costos de dicho servicio implican un gasto adicional muy elevado por mes para patrullar toda esa zona. Esta situación afecta doblemente a los productores: el 7% del presupuesto de la tasa vial rural está destinado a la Patrulla Rural, por lo tanto, parte de sus tributos se destina a la seguridad. Pero por otro lado, deben pagar nuevamente un 'tributo' voluntario, para poder sentirse seguros".
Luego de conversar con los vecinos, dicen los concejales que "nos informamos de las dificultades por las que atraviesa la Patrulla Rural. Se ha anunciado la compra de varias pick ups Ford Ranger y se ha tomado conocimiento que las mismas van a ser nafteras, lo cual resultaría poco lógico dado que la colaboración que habitualmente realizan los productores en cuanto a la donación de combustible en función de la disponibilidad que tienen los mismos es solamente de gasoil".
Además señalan que la actual patrulla "cuenta con un patrullero que gasta 11 litros de aceite diarios, por cada tanque de gasoil. Cuentan además con una disponibilidad de solamente 400 litros de combustible mensual. Esta información vertida por los vecinos, podría ser aclarada por el secretario de Seguridad, como así también explicar cómo es posible recorrer 1000 km. diarios de caminos rurales, que sería lo mínimo ideal para efectuar prevención, con esa cantidad de combustible".
Con respecto a los patrulleros adquiridos recientemente, el bloque del PJ sostiene que a los mismos "habrá que realizarles el blindado y el ploteado. Sería bueno aclarar de cuánto tiempo estamos hablando para realizarlos y si se harán las gestiones pertinentes para que no transcurran seis meses o más antes de que estén en condiciones operativas. Nos preguntamos también cuál es el gasto de la Patrulla Rural en combustible, arreglos mecánicos, personal, insumos, etc. y si el presupuesto designado es suficiente o no".
Recuerdan seguidamente "un anuncio del senador Fernández sobre la entrega de un subsidio para la Patrulla Rural de 20.000 pesos. Quisiéramos saber en qué se ha utilizado, ya que de hecho habría podido solucionar varios de los problemas mecánicos y de movilidad que tienen los patrulleros si realmente se hubieran utilizado en lo que se dijo".
Aunque los cuerpos de seguridad no ofrecen estadísticas sobre secuestros, se calcula 33% de empresarios plagiados en Los Teques, Carrizal y Los Salias han vendido sus negocios para salir del país. Otros han tenido que aumentar la inversión en seguridad privada o bajar el horario de trabajo para prevenir el delito.
El director de Polimiranda, Elisio Guzmán, precisó que la unidad encargada de combatir a la delincuencia organizada resolvió, en 2010, 167 casos relacionados con diversos delitos, entre los que se cuentan 18 secuestros y 26 denuncias por extorsión. Sin embargo, reconoce que las cifras no son precisas por ausencia de denuncias de los afectados.
La comunidad comercial de los Altos Mirandinos es una de las más afectadas por los secuestros. En 2010 se produjeron más de 20 plagios en la región. El pasado mes de enero dos comerciantes residenciados en el municipio Los Salias fueron plagiados en los sectores Club de Campo y La Morita, al igual que la hija de un empresario de la localidad, quien fue raptada cuando salía a sus clases en la Universidad Santa María.
El asalto a comercios y secuestros express aumentaron a finales del año pasado y lo que va de 2011.
FUENTE: www.eluniversal.com
El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C (CNSP), Alejandro Desfassiaux, aseguró que a pesar del descenso en inversiones por la inseguridad, es factible generar un crecimiento productivo si las empresas apoyan las acciones contra la delincuencia.
Desfassiaux señaló que de acuerdo a los pronósticos de crecimiento, éste sería en promedio de dos por ciento en alimentos, turismo y manufacturas. Empero, si los empresarios minimizan riesgos delictivos en las firmas que representan, el repunte podría ser de siete por ciento de acuerdo a la organización civil que reúne a las 300 firmas más representativas de seguridad privada.
Leer más: Deben empresas apoyar acciones contra delincuencia: CNSP
Apuntó que en un informe del Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C, se detectó que el freno a los proyectos productivos e inversiones se debe esencialmente al incremento de asaltos a camiones transportistas que generan pérdidas de hasta 11 por ciento en el producto final.
Delitos al interior de las empresas, como robo hormiga, fraudes, traspaso de clientes e incluso espionaje industrial reportan pérdidas de hasta 30 por ciento de las utilidades de los empresarios. En contraparte, firmas productivas que cuentan con una empresa de seguridad privada seria, obtienen un retorno de inversión de hasta 40% en el primer año de operaciones de su socio de seguridad.
Pese a que la inseguridad no es el principal elemento en la toma de decisiones de los inversionistas, ya tiene efectos serios en algunas localidades como la zona fronteriza, en términos de desempleo y cierre de empresas, detectó el CNSP.