Uno de los principales testigos de la Fiscalía Federal, en el juicio que se ventila contra el senador Héctor Martínez y Juan Bravo por actos de corrupción, indicó que el funcionario, en ningún momento, realizó una gestión antiética ni ilegal en el proceso de aprobación de dos proyectos de ley que fueron impulsados por el empresario.
Las autoridades federales alegan que el ex presidente de Ranger American le pagó a Martínez y al ex senador Jorge de Castro Font un viaje a Las Vegas, para ver una pelea de boxeo entre Félix “Tito” Trinidad y Winky Wright, a cambio de que favorecieran las medidas que pretendían establecer un derecho de admisión para los centros comerciales, y mayor reglamentación para las compañías de seguridad privada.
Pero el abogado Víctor Rivera Torres, quien ayudó a Martínez a ganar su primera elección en el 2004 como senador para el distrito de Carolina, indicó que el legislador nunca presionó a otros legisladores para que votaran a favor de las medidas. Rivera Torres trabajó en la oficina de Martínez como asesor legal entre el 2005 y julio de 2006 mientras mantenía su práctica privada como abogado.
El pasado jueves, Rivera Torres se describió a sí mismo como el padre que Martínez había perdido, refiriéndose a su progenitor, que había ocupado una silla en la Cámara de Representantes por el PNP.
Pero el abogado de Martínez, Abbe Lowell, lanzó una ofensiva contra el testigo con una serie de preguntas sobre la relación contractual que éste había mantenido con Northwest Security, otra compañía de seguridad que era competidora de Ranger American, en el 2005, mientras trabajaba a tiempo parcial en la oficina de Martínez. Éste admitió haber enviado por fax a Northwest Security el Proyecto de Ley 410, el cual favorecía las restricciones para los centros comerciales, pero que el dueño de la empresa nunca le comentó nada sobre la medida.
El testigo también reconoció que no hubo irregularidades en el trámite de las medidas en el proceso legislativo.
Bravo presentó los borradores de los proyectos en la oficina de Martínez, como suele pasar con proponentes que someten medidas legislativas en el Capitolio. El testigo sí reconoció impropio que Martínez viajara con Bravo luego que las medidas fueran evaluadas por comisiones senatoriales.
Rivera Torres indicó que otro asesor legal de Martínez, José Velázquez, preparó el P. del S. 410 y que éste fue sometido a la Secretaría del Senado para que fuera referida a la comisión correspondiente. La oficina envió la medida a la comisión de Seguridad e Integridad Pública, la cual era presidida por Martínez, y a las comisiones de Comercio, Turismo e Infraestructura, y de lo Jurídico. La otra medida, el P. del S. 471, se refirió solamente a la comisión de Martínez, pero admitió que ésta se comenzó a evaluar antes de que Bravo la presentara físicamente en la oficina del senador.
Aunque la Fiscalía Federal presentó varios documentos para establecer que las vistas públicas de las medidas no coincidían con un edicto en el periódico, otros formularios del Senado establecían que los legisladores que componían las comisiones sí fueron debidamente notificados de las audiencias.
La fiscalía intentó establecer como un dato extraño que Martínez fuera el único legislador presente en las audiencias, pero el abogado de Martínez logró establecer que esto tampoco tenía algo de irregular. El testigo admitió que muchos legisladores se enteran de los asuntos discutidos en las vistas públicas a través de transcripciones e informes que son confeccionados por el personal del Senado.
La Fiscalía Federal llamó a la atención la comparecencia de Bravo, como representante de Ranger American y la Asociación de Empresarios de la Seguridad Privada de Puerto Rico, en vistas para ambos proyectos. Entre los deponentes de las audiencias figuraron representantes del Departamento de Justicia, Plaza Las Américas, la Cámara de Comercio y el Concilio Internacional de Centros Comerciales (ICSC).
“¿La realidad es que ninguna de estas audiencias se celebraron en secreto, que el proceso no fue nada diferente que otros proyectos que se aprueban en la Legislatura?”, preguntó la fiscalía a Rivera Torres.
“Eso es correcto”, respondió.
Ambos acusados enfrentan cargos de soborno, participar en un esquema criminal con la intención de obtener lucro personal y conspirar para cometer los delitos. Pero, Martínez también enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia que se basa en una conversación que sostuvo con Velázquez, luego que el legislador adviniera en conocimiento de que era blanco de una investigación criminal por parte del FBI.
Martínez supuestamente le instruyó a Velázquez en la conversación que dijera toda la verdad, de ser entrevistado por los federales, y que recordara que él fue quien preparó las medidas. Aparentemente también le preguntó sobre uno de sus hijos, que trabajaba en el Senado.
La Fiscalía Federal alega que Velázquez se limitó a reformatear los borradores de los proyectos presentados por Bravo y que Martínez solapadamente amenazó a su ayudante al preguntar sobre su hijo.
Pero, ayer, Rivera Torres confirmó que Velázquez sí preparó uno de los proyectos de ley. El abogado del senador pudo obtener la confirmación cuando comenzó a preguntar sobre una transcripción de una entrevista que los federales le realizaron a Rivera Torres durante el proceso de la investigación criminal.
Martínez visitó a Rivera Torres en noviembre de 2009, luego que éste no contestara sus llamadas telefónicas.
En la reunión, Rivera Torres le indicó a Martínez que había sido entrevistado por los federales y le precisó que no le contestó porque presumía que estaban grabando sus llamadas telefónicas.
El testigo, además, admitió que les aconsejó a los federales revisar los procesos legislativos de Puerto Rico por las dudas que tenían sobre el tracto que fue utilizado para la aprobación de las medidas.
El Gobierno federal ha intentado establecer que las medidas fueron aprobadas a través de un proceso fast track, pero el testigo reiteró que se utilizó el proceso correcto. Las medidas fueron aprobadas en el Senado por ambos partidos políticos con sólo un voto en contra y se convirtieron en ley.
FUENTE: www.primerahora.com