La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra calificó ayer de «peligrosa y precipitada» la voluntad del Gobierno vasco de disminuir, a partir del 1 de septiembre, a la mitad la protección de los políticos amenazados, «desdoblando los servicios». En este sentido, solicitó al Ejecutivo de Vitoria que paralice esta reducción hasta final de año con el objetivo de que las partes implicadas puedan sentarse a negociar. «No pedimos que nos prejubilen con 45 años, sino tiempo para poder racionalizar esa bajada de servicios y encontrar una canalización no traumática para la salida de los trabajadores», manifestó el portavoz de este colectivo, Jon Martínez.
La agrupación, que ofreció una rueda de prensa en Bilbao, aseguró que un cambio de estrategia de este calibre, que consiste en reducir a un módulo simple, es decir, a un escolta, la protección de los amenazados, supondrá un «riesgo» tanto para el trabajador como para el protegido, al tiempo que subrayó el papel «imprescindible» que los escoltas al desarrollado para que «la libertad y la democracia pudiera ejercerse». «El módulo simple es disuasorio, con lo que queda mermada la capacidad operativa no siendo suficiente ni para un terrorismo de baja intensidad», señaló Martínez, quien recordó que pese a que ETA ha declarado una tregua, «en el pasado también se dio y luego, volvió a la actividad».
Tanto la consejería como el Ministerio del Interior hicieron pública a principios de junio mes su intención de disminuir el grado de protección de los políticos que, como consecuencia de las últimas elecciones municipales y forales, han dejado de ostentar un cargo público. Desde la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra, que cuenta con 1.200 socios, quisieron ayer traducir en cifras lo que supondrá esta medida. Según revelaron, la reducción planteada desde ambos ejecutivos tendrá consecuencias laborales para medio millar de escoltas. Censuraron así la situación a la que tendrán que enfrentarse «tras la vacaciones de verano, cuando se vean con la carta de despido encima de la mesa».
Martínez, que reclamó para los escoltas «el mismo trato que para cualquier sector profesional», emplazó a los Gobiernos vasco y central «voluntad política para que el sector no quiebre». En esta línea, no dudaron en cargar contra la «insensibilidad social» mostrada por Interior a la hora de abordar la disminución de escoltas, a los que acusaron de «cambiar las reglas» sin ni siquiera consultar al colectivo. Según recordó, fue el pasado mes de noviembre cuando salieron a concurso público los servicios de «protección y seguridad privada», y tan sólo un año después, se plantea un «desdoblamiento» de los mismos.
Los escoltas, que afirmaron que «será una magnífica noticia el día que el terrorismo desaparezca», han recibido el apoyo de diferentes colectivos. Entre ellos, de media docena de asociaciones de víctimas, que emitieron un comunicado poniendo en valor el trabajo desempeñado por este colectivo.
FUENTE: www.elcorreo.com