“¿Que nos maten como en Cataluña?”
Cada vigilante cuenta para reducir a un agresor con unas esposas, una porra de 50 centímetros y guantes anti-corte; la última adquisición aunque se encuentran en negociaciones para incorporar chalecos anti-corte que minimicen ataques con arma blanca. Todo ello está contemplado en la Ley de Seguridad Privada, la misma que les da potestad para pedir a un viajero su billete si existen sospechas de que carece de él, a identificarle, a detenerle o a proteger las instalaciones. Pero se fijan en Cataluña donde tras la muerte en abril del año pasado de un vigilante de Renfe después de una pelea con un viajero que no tenía billete, la Generalitat reformó el articulado de la Ley de Seguridad y asignó el estatuto de agente de la autoridad pública, al igual que mossos o policías locales, a los vigilantes del metro y el tren. Los sindicatos entonces pidieron más personal y formación. Algo a lo que se suman sus compañeros en Bilbao. Para Txema García, de UGT, “esta es una reivindicación que llevamos planteando desde hace cuatro años pero que en la actualidad se encuentra en vía muerta. ¿Hace falta que nos maten como en Cataluña?. En el metro el supervisor tiene categoría de agente de la autoridad como un ertzaina; pues nosotros pedimos la equiparación”, añade.
La media de edad de los vigilantes oscila entre los 35 y los 45 años aunque siendo minoritario hay personal que la supera. Todos pasan por cursos de formación. 20 horas obligatorias al año aunque algunos —los que menos— optan por recibir más de forma privada. La última vez fue en mayo. Lo hicieron de la mano de la Asociación de Formación y Estudios Policiales (AFEP). Asistieron hasta 15 profesionales. Sobre la mesa la necesidad de conocer mejor el entorno donde se trabaja y los procedimientos más adecuados para intervenir. En la actualidad, esta entidad mantiene contactos con las empresas encargadas de la seguridad para aumentar la formación.
FUENTE:El País.com (España)
CSI-F cuestiona el proyecto de sustituir funcionarios por seguridad privada
El sindicato exige una explicación urgente a Instituciones Penitenciarias
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias, y el resto de los sindicatos del sector reclaman al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de la mesa delegada para explicar su pretensión de sustituir funcionarios por vigilantes de empresas privadas. En una reunión mantenida esta mañana, los sindicatos han acordado mantener una reunión con el conjunto de los grupos parlamentarios para expresarles su rechazo a esta iniciativa y no descartan llevar a cabo movilizaciones, en el caso de que se concrete.
Según CSI-F, la sustitución de funcionarios de prisiones por seguridad privada contraviene hasta tres preceptos legales, en concreto, la Ley Orgánica General Penitenciaria (artículo 80), el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 9.2) y el Reglamento Penitenciario (artículo 64). Estas normas establecen, entre otros aspectos, que los funcionarios penitenciarios son los encargados de ejercer las funciones de la seguridad interior de las cárceles, que los funcionarios penitenciaros deben tener la condición de funcionarios públicos y que, en todo caso, para el ejercicio de estas funciones, las prisiones deben contar con el personal necesario y debidamente cualificado.
Para CSI-F la medida que baraja Interior afectará a la seguridad de los centros porque los vigilantes de seguridad carecen de la formación técnica necesaria y situaciones de emergencia, como fugas o incidentes, no tendrían la capacidad operativa para actuar. Asimismo, este personal tampoco estaría capacitado legalmente para utilizar en estos casos los medios coercitivos que contempla la Ley.
Por otra parte, CSI-F señala que la sustitución de funcionarios de prisiones por personal de empresas privadas no solo supondrá una reducción del gasto, sino que puede incrementar los costes del servicio. CSI-F también cree que pueden existir intereses económicos. Finalmente, en términos de empleo, este sindicato recuerda que durante dos años no se ha producido una oferta pública de empleo en prisiones, lo que ha provocado la infrautilización de algunos centros (los cuatro últimas prisiones construidas solo tienen una disponibilidad del 40 por ciento) y un déficit de personal estimado en 2.000 funcionarios.
FUENTE:Salamanca24horas
Incidir en la ciber seguridad de los ciudadanos y la colaboración entre el sector público y privado y a nivel internacional, son las claves para luchar contra los ciberdelitos, según se ha puesto de manifiesto en el I Curso sobre Ciberdelincuencia que se ha clausurado en Carrión de los Condes (Palencia).
En este marco, el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía, Manuel Vázquez, ha destacado estos tres factores como necesarios para luchar contra la delincuencia en la red como conclusión del curso.
Vázquez ha señalado al respecto que en el ciberespacio "existen delitos tradicionales" tales como la pornografía infantil o estafas y "nuevos relacionados con las nuevas tecnologías".
Asimismo, ha destacado que Internet es utilizado por delincuentes organizados y son "las organizaciones yihadistas las más activas" tanto para obtener información como para captar adeptos, financiarse o activar células.
"Existe también la posibilidad de que Internet sea utilizado como objetivo de los ataques" ha añadido, sobre todo a las llamadas "infraestructuras críticas".
Para combatirlo, el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica ha apuntado que es necesario "incidir en la ciber seguridad de los ciudadanos", ya que los denominados "digital baby", gente criada con el ordenador, están acostumbrados a dar todo tipo de información en sus perfiles de redes sociales "y utilizan los mismos criterios en los ordenadores de sus trabajos".
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Por otra parte, también ha indicado que es necesaria la "colaboración entre el sector público y privado" y apoyarse en empresas y en Centros de Respuesta en Incidencias Tecnológicas, ya que estos últimos "almacenan mucha información sobre ataques a la red".
Vázquez ha destacado la colaboración internacional para "armonizar los tipos penales en todos los países" para que de esta forma "lo que sea delito en un país lo sea también en otro", así como las normas procesales o la recogida de evidencias.
La primera legislación al respecto es el convenio del Consejo de Europa de Budapest, firmado en 2001 y ratificado en España en 2010, y al que se han suscrito países como EE.UU., Australia o Japón, ha afirmado.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, ha clausurado el curso que ha reunido a 120 expertos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Israel y Reino Unido, así como a representantes de organismos de la Unión Europea, como Europol y Frontex, y profesionales de la industria española vinculados a la investigación y a la seguridad informática.
FUENTE:Europa Press
operación policial en bilbao
Funespaña establece seguridad privada en el tanatorio de Basurto tras un nuevo desalojo
Un operativo de varios cuerpos policiales desocupa a 36 personas 'sin hogar' del edificio abandonado
Varias unidades de la Policía Nacional, Ertzaintza y Policía Local de Bilbao desalojaron ayer, a primera hora de la mañana, el edificio de Basurto destinado a ser tanatorio del hospital pero que en la actualidad está vacío. En el interior del esqueleto de hormigón se encontraban 36 personas.
No es la primera vez que se lleva a cabo un desalojo en este edificio que desde hace años está ocupado por gente sin hogar. De hecho, los vecinos de Olabeaga han denunciado en más de una ocasión la marginalidad que existe en esta zona, así como las precarias condiciones de salubridad en las que vive esta gente. Tras la operación policial, Funespaña, propietaria del lugar, ha contratado seguridad privada durante los próximos 15 días para evitar que el edificio vuelva a ser objeto de asentamientos mientras se construye un muro de hormigón que tapie el inmueble.
El edificio de Basurto a medio construir se había convertido en los últimos años en un lugar de asentamiento para muchas de las personas que deambulan por la ciudad y que no tienen un techo fijo ni tampoco hacen uso de los servicios sociales. Los vecinos habían protestado en numerosas ocasiones por la situación de marginalidad que se había generado en ese entorno y habían pedido que se tomaran medidas.
Ayer, poco después de las ocho de la mañana, un dispositivo en el que participaron varios cuerpos policiales acudió al edificio de Basurto y procedió a su desalojo. En ese momento se encontraban 36 personas, 21 de las cuales no llevaban documentación por lo que fueron retenidos por la Policía Nacional en virtud de las leyes de extranjería. En el mismo operativo se limpió y retiraron todos los enseres que estas personas habían almacenado en el edificio semiabandonado.
se tapiará el edificio Funespaña, propietaria del inmueble, adoptó inmediatamente las medidas pertinentes para que no se vuelvan a producir ocupaciones, entre otras cosas, porque se trata de una acción reincidente por los sin hogar, ya que encuentran en este inmueble un lugar donde resguardarse del frío y pasar las noches al cobijo de un techo. Ayer mismo, Funespaña contrató los servicios de la empresa de seguridad privada Prosegur para que en los próximos quince días custodien el edificio. Calculan, según fuentes de la empresa, que este tiempo será suficiente para que se pueda proceder a tapiar el edificio y acabar de una vez por todas con la situación de inseguridad generada, no solo para el barrio sino también para estas personas.
Tanatorio Además, Funespaña ya tiene luz verde para iniciar las obras de construcción del tanatorio. En el pleno celebrado el pasado mes de junio en el Ayuntamiento de Bilbao, se aprobó una propuesta del Área de Urbanismo y Medio Ambiente que planteaba la modificación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana para la recalificación a privado del equipamiento público situado en la Cuesta de Olabeaga número 18, tanatorio de Basurto. A partir de este momento, y una vez Funespaña solicite la pertinente licencia de obras, podrán iniciarse los trabajos, para lo que hay un plazo de un año. De hecho, este proyecto se encuentra paralizado desde hace ya 13 años. En octubre de 2011, el Ayuntamiento ya hizo oficial la venta a la empresa funeraria Funespaña de los terrenos por 1,22 millones de euros, de los cuales 120.000 fueron desembolsados a la firma del contrato y se acordó que el resto se abonaría cuando se materializase la escritura pública. Se trata del 20 % de la parcela de 4.068 metros cuadrados donde se asienta el edificio y otro terreno contiguo, situados en la Cuesta de Olabeaga. En el acuerdo se estableció como condición a la compañía fúnebre que no podría construir un crematorio en el solar, algo que tampoco estaba previsto. El equipamiento, en principio, no variará en exceso con respecto al plan inicial en el que se habían proyectado nueve salas de velatorio, que podrían ampliarse a catorce. Además, el tanatorio contaría con un restaurante-cafetería, parking, floristería y capilla multiconfesional. La operación fue duramente criticada ayer por Bildu.
Reacciones Los vecinos de Olabeaga señalaron ayer que "se ha hecho lo que estábamos esperando" y constataron que la zona era conflictiva.
Ana Etxarte, concejal del Ayuntamiento de Bilbao de Bildu, subrayó que "la falta de vivienda social y el alto precio de la vivienda libre, empuja a los sectores sociales más desfavorecidos a buscar un lugar para vivir allá donde pueden, en este caso en edificio abandonados. Y la solución a este grave problema y a los choques de convivencia que generan estas situaciones, no pasa por redadas y expulsiones policiales, sino por una política social que garantice todos los derechos, incluido el de una vivienda, a toda la ciudadanía". Además Etxarte pidió al equipo de gobierno que no aplique en Bilbao la Ley de Extranjería, "por su carácter xenófobo y por estar al servicio del recorte de derechos de las personas inmigrantes".
Bizkaiko SOS Arrazakeria lamentó que nuevamente el Ayuntamiento de Bilbao haya optado por la vía policial ante los problemas sociales. "Durante meses, casi años, ha tenido tiempo para ofrecer una salida para las decenas de personas que viven en las obras al no tener otra opción que la calle. Sin embargo, no lo ha hecho y afirma que no lo va a hacer. La consecuencia es que, de malas maneras, tendrán que dispersarse por otras calles de la villa".
SOS Racismo critica que "se vuelve a utilizar a la Policía Nacional y la Ley de Extranjería contra estas personas en situación de vulnerabilidad". Lamentaron que la consecuencia es que "se les abrirá un procedimiento de expulsión y se cerrará las puertas a su regularización, con la posibilidad de que puedan ser enviados a un centro de internamiento para extranjeros". Por este motivo, desde SOS Racismo pidieron al Ayuntamiento de Bilbao que no participe de estas redadas que "criminalizan a personas" que viven en la pobreza.
FUENTE:Deia
Los sindicatos convocan movilizaciones en la seguridad privada por el incumplimiento del convenio colectivo
UGT, CCOO, USO y CSIF han convocado en Cantabria el 18 y el 24 de julio concentraciones de protesta en el sector de la seguridad privada, ambas a partir de las 12 horas y ante la Delegación del Gobierno y el Museo Altamira respectivamente, para exigir el cumplimiento del convenio colectivo estatal del sector "en empresas que se quieren descolgar de él y plantean uno propio con rebajas salariales y laborales".
Según precisó el secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT, Justo San Millán, las concentraciones pretenden forzar a más de una veintena de empresas de la región a "respetar el único marco legal que regula las condiciones laborales, sociales y económicas de 1.100 trabajadores en Cantabria y más de 80.000 en España".
San Millán agregó que "salvo las tres o cuatro grandes empresas del sector", donde trabaja en torno al 85% de los vigilantes de seguridad de la región, "las demás se niegan a cumplir con el convenio colectivo y proponen uno propio a la baja, acogiéndose a las disposiciones de la actual reforma laboral".
El sindicalista recalcó que las concentraciones de protesta convocadas en Cantabria por UGT, CCOO, USO y CSIF se extenderán por toda la geografía nacional desde el próximo 9 de julio por el mismo motivo, tras advertir que "no descartamos más movilizaciones como huelgas o paros parciales "si las empresas mantienen su intención de incumplir el convenio colectivo".
"Sin convenio colectivo estatal, el sector de la seguridad privada sería un caos con miles de trabajadores con condiciones laborales y salariales muy distintas", comentó el portavoz de UGT.
CONTRA EL INTRUSISMO PROFESIONAL
En el mismo sentido se expresó Román Barros, responsable regional del sector de CCOO, para quien el incumplimiento del convenio colectivo estatal puede agravar "el intrusismo en la seguridad privada...
FUENTE:EUROPAPRESS