Eduardo Cobas. Secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser)
"No nos gusta el cambio en los convenios de la reforma"
Cobas expone que las modificaciones sobre los convenios de la reforma laboral "nos pueden acarrear problemas
"La crisis le está pasando factura a un sector cíclico como la seguridad privada. Eduardo Cobas, secretario general de la patronal del sector, Aproser, recuerda que, con el boom económico, en España hubo un incremento muy importante de los niveles de facturación. "Pero en 2007 esto se trunca. Ahora estamos entre un 15% y 20% menos de facturación, a niveles de 2006. A esto añadimos una dilación de los pagos, sobre todo de las Administraciones públicas, que representan el 28% de nuestro sector, y la lógica constricción de los márgenes comerciales".
Para este año Cobas prevé una disminución del 5% y recuerda que el aumento en el nivel de facturación del sector está muy vinculado al crecimiento económico del país. En esta coyuntura, aplaude la reforma laboral aprobada por el Gobierno, "porque introduce dosis de flexibilidad", pero se muestra disconforme sobre los cambios introducidos en los convenios.
"Defendemos la negociación colectiva como un elemento clave de la profesionalización del sector y, sobre todo, por los servicios que asumimos". Para el directivo hubiera sido aconsejable un tratamiento más específico de los servicios empresariales. "Nos preocupa la actitud de determinadas empresas que utilizan los mecanismos de inaplicación del convenio colectivo, los descuelgues salariales, no por una necesidad vinculada a sus cuentas económicas, sino por tratar de encontrar una ventaja competitiva en costes", aclara.
En este punto, indica que en un sector industrial reducir la estructura de costes puede ser la única solución para la supervivencia de una actividad y su competitividad o para competir en un mundo global. "Pero nosotros, no. El 80% es el coste salarial y una empresa que inaplica el convenio lo que hace es captar clientes de otra empresa que sí lo aplica".
A su juicio, esto supone que ganen cuota de mercado quienes tienen una peor situación económica, que pagan menos impuestos de sociedades, cuyos trabajadores contribuyen menos por IRPF y cuyos servicios cotizan menos por IVA. "La realidad demostrará que es una reforma global muy positiva para la economía española, pero que para nosotros puede acarrear problemas importantes". En esta tesitura, Cobas se muestra convencido de que al final será preciso introducir un tratamiento distinto en estos aspectos para los servicios empresariales, "como dispone la normativa en Alemania y en Francia".
La reforma que ha anunciado el Gobierno en las Administraciones públicas puede traer oportunidades de negocio para el sector. Aunque quiere mostrar prudencia, "ya que perdería la legitimidad pidiendo al Gobierno dónde quisiéramos estar", sí que pone ejemplos de lo que ocurre en otros países, como es el caso de la racionalización de recursos administrativos, controles de tráfico, de alcoholemia, vueltas ciclistas de aficionados o vigilancia en zonas rurales.
Acerca de cómo ha afectado al sector de la seguridad privada el hecho de que ETA haya anunciado el cese de su actividad, Cobas muestra su cautela al respecto y apunta que "la detección de las necesidades de seguridad compete a la autoridad pública. No somos quiénes para determinar cuáles son las necesidades complementarias de protección de la seguridad privada ante una amenaza terrorista". Y es tajante al afirmar que "nada nos gustaría más que dejar de prestar estos servicios, pese al importante daño que supone para nuestra facturación y pérdida de puestos de trabajo".
Cobas pide cambios en la Ley de Seguridad Privada, que ya ha cumplido 20 años. "Esta legislación tiene aspectos que limitan las posibilidades que la seguridad privada tendría para prestar un mejor servicio a la colectividad". Una de las modificaciones que exige tiene que ver con que la ley impide de manera absoluta la presencia en la vida pública de la seguridad privada, salvo para dos excepciones, como son polígonos industriales y urbanizaciones muy delimitadas.
En este sentido, el directivo se pregunta: "¿Por qué no podemos estar fuera de los estadios de fútbol que ahora cubre la seguridad pública, con el gasto que conlleva?". También habla de ofrecer servicios en las prisiones. "Este es un tema que hay que abordar con todas las cautelas debidas, delimitando bien los cometidos específicos de la seguridad privada en conjunción con la pública".
En su opinión, "no parece razonable considerar que la seguridad privada está capacitada para prestar servicios con armas de guerra en atuneros en aguas internacionales y que no pueda, en cooperación con la Guardia Civil, realizar funciones de acceso de prisiones o patrullas".
Intrusismo
La lucha contra el intrusismo ha sido siempre uno de los caballos de batalla del sector. Cobas dice que "ha mejorado algo", pero critica el hecho de que haya compañías que, "después de actas levantadas o incumplimientos reiterados", se encuentren entre los principales adjudicatarios de las Administraciones públicas, porque "los contratos se basan únicamente en precio".
FUENTE:Cinco Días
Telma Ortiz, víctima de una red de espionaje
Cada detalle de la vida de Telma Ortiz ha estado a punto de formar parte del archivo de todos los medios de comunicación. La Unidad de Seguridad Privada de Jefatura de Barcelona ha desmantelado una red que negoció con datos personales de más de 3.000 personas, entre las que se encontraba la hermana de la princesa.
Según publica Interviú en su último número, esta red intentó adueñarse de todos los detalles de su vida laboral para luego comercializarlos en los medios. La llamada Operación Pitiusa ha implicado en el caso a 189 personas, entre policías, funcionarios de Hacienda, de la Seguridad Social, empresarios, guardias civiles y detectives de las más prestigiosas agencias de investigación.
Entre los datos que más interesaron de la vida de Telma Ortiz estaba el resumen laboral. Este archivo fue robado de los ordenadores de la Seguridad Social y vendido a un detective que ahora está imputado en el caso. Dicho detective, según afirma la revista, estaba contratado por un medio de comunicación.
La vida laboral de Telma Ortiz cobró mucho interés cuando se unió a las filas del Ayuntamiento de Barcelona. Telma aceptó el cargo de subdirectora de proyectos del departamento de Relaciones Internacionales. Su elevado sueldo, que superaba los 50.000 euros, hizo que la oposición acusase al ayuntamiento de haber elegido este cargo a dedo.
No hay sólo una víctima en esta historia
La hermana de la princesa Letizia no ha sido, sin embargo, la única cuyos datos han podido pasar a las manos de los medios. Entre las víctimas de este caso también se encuentran altos directivos de compañías o Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal. El empresario fue espiado mientras trabajaba como asesor de dos multinacionales. La firma Neoris –dedicada a la inteligencia informática- se encontraba en fase de compra o absorción por parte de Amper y su comisión en caso de éxito hubiese superado los 6 millones de euros.
En el centro de toda esta trama de corrupción se señala a Francisco Pérez, conocido como Paco el Conseguidor. El sumario asegura que las fuentes recibían peticiones que superaban los 6.000 euros desde Suiza.
De 30 euros a 40.000 euros
Este entramado se encargaba de obtener datos personales que podían alcanzar grandes cifras de dinero. La organización conseguía los datos de un DNI desde 30 euros hasta los 40.000 por una declaración de la Renta. Además, algunas empresas contrataron estos servicios para investigar la vida de sus empleados y así presionarles para que aceptasen un despido barato
FUENTE:Vanitatis.com
2.600 establecimientos de A Coruña, obligados a contar con seguridad privada
La mayoría de los establecimientos son entidades bancarias, farmacias, joyerías y establecimientos dedicados a la compra-venta de oro
Un total de 2.600 establecimientos de la provincia de A Coruña están obligados por ley a disponer de medidas de seguridad privada.
Así lo ha destacado esta mañana el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Jorge Atán, quien ha presidido la comisión mixta provincial de seguridad privada.
De estos establecimientos, la mayoría (1.151) son entidades bancarias, seguidos de farmacias (543); joyerías y establecimientos dedicados a la compra-venta de oro (533), y estaciones de servicio (241), además de establecimientos de loterías y de juego y galerías de arte.
En estos momentos casi 3.000 personas trabajan en la provincia en el sector, con un ligero incremento respecto al año anterior.
La Policía Nacional, a través de la unidad territorial de seguridad privada, es la encargada del control, la supervisión y el asesoramiento de todos los integrantes de la seguridad privada.
Asimismo, debe encargarse de comprobar la idoneidad de las medidas que utilizan los establecimientos.
En 2011 se realizaron en la provincia 1.500 inspecciones de este tipo.
A la reunión de esta mañana, junto al subdelegado del Gobierno en A Coruña, asistieron la vicesecretaria general de la Delegación del Gobierno, Eva Vázquez; el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, José Luis Balseiro, y el comisario provincial de la Brigada de Seguridad Ciudadana del CNP, Silverio Blanco.
También estuvieron presentes el jefe de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Julio González, y representantes de las asociaciones de empresas de seguridad privada, empresas afectadas por la ley, ayuntamientos y sindicatos.
Además de evaluar la situación actual del sector, se presentó ante el plan integral de colaboración entre la policía nacional y la seguridad privada, denominado red azul, que ha puesto en marcha recientemente el Ministerio del Interior.
Este plan promueve un proceso de cambio que pretende alcanzar un modelo profesional de complementariedad y corresponsabilidad para aprovechar los recursos del sector privado en la seguridad pública.
Su finalidad es reforzar la integración de los servicios y capacidades de la Seguridad Privada como recurso externo del sistema nacional de seguridad para aprovecharlos en beneficio de la seguridad de todos
FUENTE:La Opinión A Coruña
voces empresariales
La seguridad en los polígonos industriales
Carlos Cidoncha Secretario técnico de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (Femca)
LAS grandes extensiones que suponen los polígonos industriales, así como el elevado número de empresas instaladas, hacen de ellos el objetivo prioritario de la delincuencia común y organizada. Por otro lado, esta actividad industrial, genera un aumento de las situaciones de riesgo, por lo que se hace necesaria la coordinación de la seguridad pública y privada.
Con el objetivo de analizar el estado de seguridad de los polígonos industriales en los que se ubican las empresas, la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), en colaboración con la empresa Area10, celebra hoy la jornada ‘La seguridad en los polígonos industriales’. No hay que olvidar que el tema de la seguridad afecta a las empresas en diferentes ámbitos: seguridad vial, seguridad en prevención de riesgos –y específicamente en prevención de riesgos laborales–, seguridad medioambiental –con el tratamiento de residuos y emisiones– y, cómo no, la seguridad frente a delitos y faltas.
En las Jornadas que hoy se celebran en la CEC, se profundizará en las medidas existentes y en las necesidades que afectan a los empresarios en materia de seguridad a través de profesionales implicados en distintos ámbitos de actuación. En un entorno cada vez más complejo y tecnológicamente más avanzado todos estos aspectos son relevantes para hacer que los polígonos, y por tanto las empresas ubicadas en ellos, sean más competitivos y seguros.
De esta forma, la CEC ha llevado a la práctica en 18 polígonos industriales de municipios de la provincia de menos de 80.000 habitantes –y en colaboración con el IEDT de la Diputación de Cádiz– un proyecto que está permitiendo la implantación de nuevas tecnologías en las pymes ubicadas en los polígonos. Muchas de estas medidas están directamente relacionadas con el incremento de la seguridad en estos espacios. De esta forma, se ha dotado a estas áreas de Infraestructura de telecomunicaciones habilitando así a las empresas de conexión de banda ancha y de video vigilancia y una plataforma de gestión TIC concebida como un portal web que permite a los comercios y visitantes acceder a los servicios prestados (directorio de empresas, localización GPS, zona privada por empresa, marketplace y acceso al sistema de seguridad).
La Jornada ‘La seguridad en los polígonos’ será inaugurada hoy por el presidente de la CEC, Miguel González Saucedo y el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Juan Carretero Enrique, y en ella se darán cita diferentes representantes de los cuerpos de seguridad del Estado así como del ámbito de la seguridad privada, al igual que se contará con la participación de empresarios que desarrollan su actividad en estos espacios. Esta Jornada se celebra hoy jueves, de 16.45 a 21.00 horas en el salón de actos de la sede de la CEC (Avda. Marconi, 37, Cádiz) y la asistencia es gratuita
FUENTE:Diario de Jerez
Por cómo han aplicado la cláusula 14 del convenio colectivo del sector
Competencia investiga a Prosegur y Loomis Spain
La CNC ha abierto un expediente sancionador contra las empresas de seguridad privada Loomis Spain y Prosegur por la forma en que han aplicado la cláusula 14 del convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad en lo referente al negocio de transporte y manipulado de fondos
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto otro nuevo expediente sancionador, esta vez contra las empresas de seguridad privada Loomis Spain y Prosegur. Según el organismo, la investigación se debe a que estas compañías han podido establecer prácticas restrictivas de la competencia por la forma en que han aplicado la cláusula 14 del convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad en lo referente al negocio de transporte y manipulado de fondos.
Competencia cree que existen indicios de que estas compañías han hecho uso de la citada cláusula cuando han perdido contratos en favor de su competidor Efectivox. Asimismo, la CNC añade en un comunicado que dichas empresas lo han hecho de tal forma que han podido trasladarle una carga laboral desproporcionada, "tanto por los costes salariales que los trabajadores a subrogar representaban, como por su falta de adecuación a las necesidades del contrato para el que eran subrogados".
Este expediente tiene su origen en el acuerdo adoptado por el Consejo de la CNC con fecha 11 de enero de 2012 en el marco de otro expediente centrado en el convenio de seguridad.
FUENTE:Cinco Días