Los armadores, sin ayuda del Gobierno, mantienen la seguridad privada y asumen los gastos
Los armadores de los buques atuneros que faenan en el Índico han anunciado a Efe que mantendrán la seguridad privada a bordo para repeler ataques de piratas somalíes y asumirán el coste, estimado en 4 millones anuales, tras la decisión del Gobierno de retirar de los presupuestos su partida para 2012.
La seguridad es "prioridad máxima" y se mantendrán los agentes privados de seguridad embarcados en cada uno de los cerca de veinte barcos que operan actualmente en las costas de Somalia y el Golfo de Adén.
Así lo ha puesto de manifiesto el gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac-Optuc), Juan Pablo Rodríguez, quien ha recalcado que sería "insostenible" reducir la seguridad de la flota pesquera.
Hasta ahora cuatro agentes de empresas privadas de seguridad van embarcados en los pesqueros que trabajan en esas peligrosas aguas, en las que está activa la operación "Atalanta" de la UE contra la piratería, a la que España aporta un barco -la fragata "Reina Sofía- y un avión de vigilancia marítima.
Desde 2010 el Estado se hacía cargo del 25 por ciento del coste de la seguridad privada utilizada por los buques para evitar ataques piratas, mientras que otro 25 por ciento era subvencionado por las comunidades autónomas donde estos barcos tienen la base -País Vasco y Galicia-, y el 50 por ciento restante corría a cargo de los propios armadores.
Los dos últimos años el Ejecutivo concedió estas ayudas por un importe estimado de dos millones de euros.
A pesar de la aportación cero del Estado para este año, "no disminuiremos la seguridad, porque nos jugamos mucho", ha asegurado Rodríguez, quien confía en que los presupuestos de 2013 retomen las ayudas recibidas hasta ahora.
El representante de los armadores se muestra agradecido con la colaboración del Gobierno y concretamente de los ministerios de Defensa y de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, para dar respuesta al problema de la piratería en el Índico.
Con el objetivo de abordar la nueva situación y mantener la colaboración, tanto la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores como la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) han mantenido contactos con representantes de ambos ministerios.
No obstante, Rodríguez ha dicho que el Gobierno es consciente del problema de la piratería y que el coste de la seguridad es un problema sobrevenido.
Por otra parte, los armadores confían en que se firme pronto un acuerdo entre España y Seychelles para permitir el embarque de armas pesadas, de mayor calibre, en los atuneros, uno de los asuntos que dejó pendiente el anterior Gobierno y el concreto la ministra de Defensa, Carme Chacón.
Existe una comisión bilateral, formada por civiles y militares, que estudia el embarque de armas de mayor calibre y así pasar de usar armamento de calibre 7,62 a 12,70, una reivindicación de los armadores.
"Ahora puede ser un buen momento para retomar el acuerdo con Seychelles", ha confesado el gerente de los armadores.
FUENTE:ecodiario