Así lo ha dicho este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia en la que intervino a petición del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre los convenios, planes y actuaciones a desarrollar por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma.
El consejero ha remarcado la necesidad de "acabar con cierta incertidumbre" sobre la unidad después de "un año sin convenio", ante la no renovación durante la etapa del anterior Ejecutivo.
Asimismo, para Martínez es fundamental conocer la opinión del nuevo Gobierno central sobre la policía adscrita ya que la postura del Ministerio "aun no está definida", y de él depende "en gran parte" su continuidad.
Con todo, ha defendido la labor de los 45 efectivos que actualmente componen la plantilla y se dedican a vigilancia y protección de edificios y de personas, así como a la unidad del juego, aunque ha remarcado la falta de personal hasta completar los 78 efectivos que deberían integrarla.
El consejero también ha aprovechado para recordar que el 90% de los servicios están concentrados en la protección de los edificios de la Junta General y la sede de la Presidencia cuando el resto, más de un centenar, se protegen con seguridad privada que tiene un coste de nueve millones de euros, cantidad que, entiende, podría reducirse de contar con una plantilla adecuada en la policía adscrita.
"No estamos cerrados a ninguna solución pero el tiempo es importante para definir cuanto antes el modelo", ha aseverado apostando por una seguridad pública más amplia y eficiente. De este modo, advierte de que su continuidad podría ponerse en peligro si las condiciones económicas impuestas por el Ministerio fueran "inasumibles" para el Principado o no se amplían efectivos.
LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS
Desde el PP, el diputado José Agustín Cuervas-Mons hizo hincapié en las cantidades que el Principado debe desde 2006 y que no ha liquidado "incumpliendo" el convenio con el Ministerio.
El diputado incidió en que se trata de unos seis millones de euros entre personal y otros gastos corrientes. "No es serio firmar convenios para no cumplirlos", apuntó, señalando que las actuales funciones de la policía adscrita son muy "escasitas", salvo en el caso de la unidad del juego. "La queja no es contra los profesionales sino contra el Gobierno", aclaró.
Por ello, dijo que el principal servicio de la policía debería ser atender a los ciudadanos porque "para vigilar edificios hay otras opciones". "Hay que volver al sentido común. No por tener policía propia se es más asturiano", apuntilló, concluyendo que "este desastre de gestión no es razonable ni comprensible".
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, Ignacio Prendes (UPyD), afirmó que "es evidente que el modelo está en revisión". "La seguridad que les importa a los ciudadanos es la que se percibe en la calle", cree, añadiendo que la vigilancia de la Junta y Presidencia es una tarea "puramente administrativa" que no motiva "la existencia" de una unidad propia. Respecto al ahorro que podría suponer aumentar efectivos en la unidad adscrita frente al gasto de seguridad privada se ha mostrado cauto hasta conocer datos concretos.
Para IU no puede ponerse en duda el modelo de seguridad para el Principado y reprocha que desde "algunos grupos" se ponga en cuestión, incluso, el propio modelo de competencias y el desarrollo del Estatuto de Autonomía.
La parlamentaria de IU Marta Pulgar considera "trascendente" el gasto de nueve millones de euros en seguridad privada para la protección de edificios mientras no se desarrolla plenamente la unidad de policía adscrita. "Estaremos siempre por el sostenimiento de la seguridad en manos públicas", ha asegurado esperando que la reunión con el Ministerio clarifique la situación.
La diputada de Foro Marina Huerta ha valorado la reunión entre Principado y Ministerio que espera fructifique para evitar que la unidad acabe desapareciendo. "En mi grupo contará con apoyo siempre y cuando el convenio se gestione con transparencia", aseguró.
Finalmente, la diputada socialista Judit Flórez remarcó que la existencia de la unidad de policía adscrita se debe al acuerdo parlamentario y al compromiso gubernamental para cumplir con el modelo estatutario.
Desde el PSOE se muestran favorables a cualquier debate que permita mejorar el sistema de seguridad en el Principado sin caer en demagogias. "El convenio pone exigencias para las dos partes", apuntó, replicando al PP que el actual Gobierno parece que "no es igual de exigente" sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras con otras comunidades ni sobre sus propias obligaciones para ampliar los efectivos.
Varias empresas asentadas en el polígono industrial de Los Llanos han recurrido a la contratación de servicios de seguridad privada ante el aumento de robos en los últimos meses, aunque durante el verano no se ha producido ninguno.
Al margen de los hurtos, cerca de esta zona empresarial también se ha producido recientemente un incendio como consecuencia de la avería en un vehículo, aunque no llegó a afectar a las instalaciones.
El presidente de la Asociación de Propietarios, Inquilinos y Empresas del Polígono Industrial de Los Llanos, Roberto Rodríguez, considera necesaria mayor vigilancia policial en la zona porque, según recrimina, se limita a ocasiones puntuales como la última huelga.
En cuanto al mantenimiento del polígono, los empresarios han acordado en una última reunión la posibilidad de renovar las líneas de señalización de acceso a los propios negocios o la instalación de carteles informativos, aunque estos servicios son competencia del Ayuntamiento como organismo encargado de la gestión de estas instalaciones.
En lo que se refiere a las comunicaciones, la institución municipal se ha comprometido a mantener la línea de autobús que en la actualidad llega hasta el polígono industrial a pesar de la escasez de usuarios de la misma.
La Federación de Servicios (FeS) de UGT-Aragón ha opinado que el nuevo concurso para la homologación de seguridad privada es "un paso atrás", debido a que "se puntúa más la oferta económica".
Así, la Federación ha informado de que la homologación, permite que las empresas puedan trabajar para los centros de trabajo del Gobierno de Aragón. El 10 por ciento de los trabajadores de Seguridad Privada de la Comunidad trabajan en estos centros y tienen una antigüedad media de 15 años.
Por ello, FeS UGT-Aragón ha asegurado que con este nuevo concurso "se abren las puertas a la homologación a empresas que no cumplan el convenio colectivo y no puntúa a otras que llevan años de implantación en la Comunidad autónoma, garantizado la estabilidad en el empleo en la región". Asimismo, "tampoco se valora que sean aragonesas. Simplemente basta con una oferta barata y una delegación en Aragón".
El sindicato ha indicado que las empresas que opten a la homologación, "pueden ofrecer precios más bajos, haciendo de los trabajadores los paganos de estos precios, o la propia administración por impago de los Seguros Sociales".
La Federación de Servicios de UGT-Aragón ha recalcado que los trabajadores que prestaban servicio en los centros de la Comunidad autónoma ya han pasado por dicha situación, ya que estuvieron tres meses sin cobrar y parte de esa deuda la percibieron del FOGASA.
"El ejemplo más reciente de estos hechos es la contratación por parte del Ministerio de Defensa de la contrata del Hospital Militar de Zaragoza. Se valoraba con 65 puntos la oferta más barata, lo que llevo a contratar a Esabe Vigilancia, a fecha de hoy, a los trabajadores de este centro se les deben los salarios de los meses de julio y agosto, así como las contribuciones a la Seguridad Social", ha concluido el sindicato.
La víctima dijo que tenía dos meses viviendo en unión libre con el indiciado, pero este siempre la ha maltratado, por lo cual tenían varios días separados.
El juez calificador en turno de la mencionada corporación, informó que los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Villagómez y Espinoza, en el primer cuadro de la ciudad.
El ahora detenido fue identificado como, Rubisel Hernández Hernández, de 20 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle Villagómez número 233, en esta ciudad.
Mientras que la denunciante es una mujer de nombre Elizabeth Estrada Bravo, de 42 años de edad, quien fue llevada a interponer su denuncia en la agencia del Ministerio Público en turno de esta localidad.
Fue alrededor de las 00:45 horas, que la central de radio de la policía recibió el reporte de una mujer lesionada por golpes y malos tratos, a manos de su pareja.
Por lo que se trasladaron al lugar los elementos de la unidad 442 al mando del oficial Elio Huerta Charles, quienes se entrevistaron con la afectada.
Estrada Bravo, manifestó que su pareja con quien tenía dos meses de vivir juntos, llegó en completo estado de ebriedad al domicilio y la comenzó a agredir a golpes.
La mujer dijo que luego de agredirla fisicamente, la obligó a sostener relaciones sexuales sin su consentimiento, solo para humillarla, mencionándole que era una mujer vieja.
El ama de casa dijo que luego que el acusado se quedó dormido debido a su estado de ebriedad, decidió llamar a la policía pidiendo auxilio.
Fue una unidad de la policía preventiva de Monterrey la que llegó al lugar, donde procedieron aprehender al guardia que no despertó hasta que estaba esposado abordo de la unidad policiaca.
El detenido fue trasladado por los uniformados al Centro de Operaciones Policiales Alamey, en donde fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.