Se espera una afluencia masiva en la jornada inaugural, y especialmente en la tarde del viernes y en la jornada del sábado, donde se calcula que el centro comercial recibirá más de 50000 visitantes. Efectivos de Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y Seguridad Privada se encargarán del dispositivo preparado para regular el tráfico. La tienda de Apple se ha convertido en uno de los mayores atractivos, donde podrá verse el nuevo IPhone 5 en cuanto llegue a España.
Los vallisoletanos tienen una cita este próximo jueves día 20 de septiembre en Arroyo, cuando a las diez de la mañana abra sus puertas el mayor centro comercial de Castilla y León, Río Shopping, que comienza una prometedora andadura en nuestra provincia, justo en el que parece el momento más bajo de nuestra economía. Sin duda que los 2100 empleos que va a generar Río Shopping, entre directos e indirectos, son probablemente la mejor noticia económica para la región en este 2012. No en vano, durante las obras, que han durado más de dos años, 2500 personas han estado empleadas en las labores de construcción y puesta a punto.
Atrás han quedado las disputas y las discusiones que trajeron en jaque a los ayuntamientos de Arroyo y de la capital, aunque al final la concesión fue para el consistorio de José Manuel Méndez, que desde luego es uno de los hombres más orgullosos a día de hoy del logro conseguido para su municipio. "La apertura de Río Shopping viene a culminar un largo proceso y una clara apuesta personal y de este equipo de gobierno que se ha convertido en un empeño, además de ver cumplida una de nuestras promesas. Sin duda es una gran noticia, no solo para Arroyo, sino para todo Valladolid e incluso para toda la región. Arroyo de la Encomienda se convierte en la ciudad del comercio por méritos propios, y esperemos que sea el tirón definitivo que necesitamos, tanto a nivel económico, como social y de empleos", explica Méndez.
Justo unas horas antes, en la tarde del miércoles se procederá a la inauguración oficial, a la que acudirán John Tegnér, director general de Inter Ikea Centre Group (IICG), así como Richard Vathaire, director general de la misma empresa en España y Mario Barros, quien será el gerente de Río Shopping. Junto a ellos, el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva y el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, darán el primer empujón a este nuevo motor de la economía de la región. Las algo más de dos mil personas que han sido invitadas al evento serán las primeras en ver las maravillas del centro, sus 127 tiendas que estarán operativas desde el inicio, de las 129 disponibles, los 17 establecimientos de hostelería, las diez salas de cine, y sobre todo en qué han consistido las obras que han dejado listos los cien mil metros cuadrados de superficie para los que se han invertido 200 millones de euros. El de Arroyo es el segundo cetro que IICG pone en marcha en España, tras su primera y exitosa experiencia en Jerez de la Frontera, donde ya funciona 'Luz Shopping'.
Operación especial
Una cuestión que preocupa en los primeros días, sin duda, es el tráfico y la seguridad. Esta misma semana, concretamente el pasado miércoles, se llevó a cabo una reunión en el mismo Ayuntamiento de Arroyo en la que se fijaron las prioridades entre policía local, Inter Ikea, Policía nacional, que se encargará de la seguridad y vigilancia, y la Guardia Civil.
Tanto en la jornada del jueves, en la que se espera gran afluencia de público, como en la tarde del viernes y sobre todo, la jornada del sábado completa, en la que será fácil que se supere la cifra de 50000 visitantes, los 12 miembros de la policía local de Arroyo, junto con el Subinspector Alberto de Mena, se encargarán de dirigir y controlar el tráfico en el municipio y en los accesos al centro comercial, así como en la Avenida de Salamanca y en los accesos más importantes a Río Shopping, que se pueden hacer desde la Autovía A-62, en los dos accesos situados en las salidas kilométricas 128 y 130, como a través de la Carretera de Cigüñuela, "uno de los puntos que se espera conflictivo, por reducirse el tráfico de dos carriles a uno solo, sufriendo estrangulamiento y pudiéndose provocar embotellamientos", como indica Alberto de Mena, así como la Avenida de Suecia, desde el núcleo de La Flecha, y desde el Paseo de la Habana, según se llega desde la ronda exterior sur.
La empresa que gestiona el transporte interurbano entre Arroyo y Valladolid, La Regional, también tiene previsto reforzar las unidades en sus tres líneas y ha montado un dispositivo especial.
Según explica de Mena, "cuando tuvimos la inauguración de Ikea no registramos retenciones, y el dispositivo resultó un éxito, así que lo que hemos preparado es algo muy similar. Para ello contamos con varios miembros de Protección Civil llegados desde Laguna de Duero, mientras que la Guardia Civil se encargará del tráfico en la autovía y en los accesos. La seguridad privada de Río Shopping, que se reforzará en los primeros días del operativo, será la encargada de dirigir el tráfico y coordinar los espacios en el parking del centro comercial". Existen dudas sobre si las 4600 plazas de aparcamiento -3850 en superficie y 750 subterráneas- serán suficientes en el primer sábado de trabajo para acoger a todos los visitantes.
Leroy Merlín 20% descuento
Una de las empresas que apuestan por comenzar fuerte en su primer día es Leroy Merlín, que ha decidido apostar por Río Shopping hasta tal punto que abandonará sus instalaciones de Equinoccio en Zaratán en los próximos días, para buscar un local mucho más amplio, con más personal y mayor número de referencias y productos. A sus 126 empleados actuales hay que sumar los 50 que se han sumado para su nuevo centro de Arroyo, con una inversión de 20 millones de euros y una previsión de visitantes en torno a los dos millones de personas anuales. Como gesto de bienvenida y promoción, en el primer día ofrecerán un 20% de descuento en todas las compras que se realicen.
Apple Store
Una de las joyas de la corona, de las muchas que contiene Río Shopping, es sin duda la tienda que ha guardado mayor secretismo sobre su ubicación en Valladolid, Apple Store. Como no podía ser de otra forma, un lujoso local de 750 metros cuadrados, decorado al más puro estilo de la marca de la manzana, se convertirá en lugar de peregrinación y visita para los seguidores de la tecnología y del imperio que en su día puso en marcha Steve Jobs, que justo hace coincidir su inauguración en Arroyo con la llegada a España apenas una semana más tarde del IPhone 5, presentado en Estados Unidos esta misma semana.
Confianza e ilusión
Si hay algo en lo que coinciden todos y cada una de las personas que han apostado fuerte por esta empresa es la confianza en que pese al momento actual de la economía nacional, Río Shopping será un éxito de visitas, negocio y ventas.
"Vamos a dar un producto que no hay en la provincia de Valladolid hoy en día. Lograremos que la gente venga a buscarnos", explica con energía y seguridad Borja López, del Restaurante Bucare, en el que se ofrecerán ibéricos y tapas, en definitiva, comida tradicional a 12 ó 15 euros. "Se terminaron los tiempos en los que la gente se gastaba 30 ó 40 euros en comer o cenar", explica Borja.
De igual forma, Silvia González, del establecimiento Z Generation, dedicada a la "moda infantil hasta los 14 años, con la mejor relación moda, calidad y precio, que es lo que mejor define nuestra marca - según nos describe ilusionada - volvemos a apostar por Valladolid y reabrimos con un nuevo concepto. Hace años ya estuvimos en la calle Santiago, y con esta nueva apuesta, aquellos clientes de entonces volverán a confiar en nosotros".
Claudio, de Florman Cosmetics, una marca italiana de capital turco de cosmética de alta gama no ha dudado en "apostar por nuestra presencia en el centro Río Shopping, garantía segura de éxito para nuestros productos y de aquellos que se instalen. Al cliente le ofreceremos lo mejor de nuestro muestrario, con especial atención a la mujer, sin olvidar el sector masculino, que poco a poco va incorporándose también al mundo de la cosmética", y es que hay que adaptarse a los tiempos, y como bien indica el gerente de Río Shopping, Mario Barros, en lo que es su lema desde que aterrizara en Arroyo hace tres años, que la visita al centro sea 'una experiencia única y diferenciadora'.
El Gobierno ha dado el primer paso para extender la seguridad privada y armada a los montes y el medio natural. Setenta y ocho horas antes de que el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, exponga este jueves, 6 de septiembre, ante la comisión correspondiente del Congreso el balance de los daños provocados por los mayores incendios forestales de la última década, el Ministerio del Interior ha promulgado los nuevos requisitos formativos y de uniformidad de los “vigilantes privados del campo”, un primer paso para afincar el modelo de seguridad armada de pago en el medio natural.
La nueva disposición de Interior apareció en el BOE del 3 de septiembre y regula la formación y las pruebas que deberán superar los aspirantes a convertirse en “Guardas Particulares del Campo” o vigilantes privados de seguridad, con exámenes físicos por tramos de edad, conocimientos teóricos de los delitos contra el medio natural, primeros auxilios, métodos de autodefensa, procedimientos de detención y prácticas de tiro y manejo de armas, sin especificar, lo que incluiría el uso de rifles.
La orden del departamento del ministro Jorge Fernández Díaz ha sido acordada con su colega de Agricultura, Arias Cañete, y cuenta con el visto bueno del titular de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert. En ella se desarrolla una regulación que dejó pendiente el Gobierno de José María Aznar en 1999. Entonces, la amenaza de ETA obligó al Ejecutivo a apelar a las empresas de seguridad privada para proteger a cientos de cargos públicos del PP, amenazados en el País Vasco y que rechazaban la escolta de la Ertzaintza o Policía Autonómica Vasca.
Ahora las circunstancias han cambiado, y los incendios que han arrasado más de150.000 hectáreasde bosques y fincas a lo largo de julio y agosto en todas las Comunidades Autónomas, comenzando por la Valenciana –la primera que derogó la prohibición de construir en terrenos afectados por incendios–, aparecen como una gran oportunidad y un argumento de peso para que los propietarios de fincas, montes y cotos de caza y pesca implanten vigilancia de pago, coordinada con los cuarteles de la Guardia Civil y los agentes del Servicio de Protección del Medio Natural (SEPRONA).
El nuevo ámbito de actividad ampliará las salidas profesionales hacia el sector privado de la seguridad de los miles de soldados y marineros profesionales que terminan sus contratos y han de abandonar las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil les reserva hasta el 75% de las nuevas plazas que convoca cada año y el Cuerpo Nacional de Policía, más del 50%. Con la privatización de la seguridad en el campo aumentarán sus posibilidades de convertirse en guardas armados de montes, fincas, ríos, costas y cotos, patrullando a pie, a caballo, en motos todo terreno, coches, lanchas y helicópteros.
El impulso a la seguridad privada en el medio natural contrasta con los grandes recortes de personal y material de prevención de incendios antes y durante este verano. A pesar del aviso de los técnicos sobre la sequía y el alto riesgo de incendios, es sabido que la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, marcó la pauta y se anticipó a los acontecimientos con una quita de 105,5 millones de euros, el despido inicial de 250 trabajadores y la supresión de retenes, medios aéreos, cuadrillas helitransportadas, torretas de vigilancia, maquinaria, vehículos y otros medios técnicos. Y que en pleno mes de agosto, perseveró con dos expedientes de regulación de empleo que enviaron al paro a 755 trabajadores de la empresa pública autonómica Geacam, encargada de la prevención y lucha contra los incendios.
Los sindicatos y las fuerzas políticas de la oposición han denunciado los recortes, la imprevisión y falta de coordinación ante los grandes fuegos que han quintuplicado los de 2011, con más hectáreas de bosque quemado que en los últimos diez años juntos, y, sobre todo, con la pérdida de doce vidas humanas. Sin embargo, no se puede decir que la política de ajuste presupuestario en todos los ámbitos relacionados con los servicios sociales esenciales y bienes públicos sea incoherente con el neoliberalismo privatizador que impregna las decisiones del PP en el Gobierno central y en la mayoría de los ayuntamientos y autonomías. En la lectura del desastre, los que se empeñan en reducir nuestra vida a cifras, ya han encontrado una nueva fuente de beneficio privado.
Desde la FEDERACION DE SEGURIDAD PRIVADA la FTSP-USO quiere expresar su preocupación por las recientes medidas adoptadas por el gobierno de nuestra ciudad en la recolocación del personal sobrante de Angevicesa.
Pero además, alerta de que en algunos lugares se está "sustituyendo" a los profesionales de la seguridad privada por personal no habilitado ni cualificado para desarrollar las funciones asignadas y reguladas por Ley del personal encuadrado en empresas de seguridad privada. Como son los centros de menores.
Y aunque la seguridad interior de los centros de menores corresponde a los educadores y al personal del centro el apoyo a estos solo puede ser suplido por empresas de seguridad y no por personal sin ningún tipo de cualificación para desempeñar estas funciones, lo que conllevaría a caer en el intrusismo profesional.
Así la Ley de Seguridad Privada 23/1992 de 30 de Julio en su Artículo 10 , así como la Resolución de 19 de Enero de 1996 , por la que se determinan aspectos relacionados con el personal de Seguridad Privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de Julio de 1995 donde especifica en su Disposición Transitoria que “a partir de le fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, las empresas de seguridad no podrán contratar para la prestación de servicios de vigilancia y protección personal que no esté habilitado por el Ministerio de Justicia e Interior” .
Sanciones muy graves para el personal que realice “intrusismo profesional”.
Ley de seguridad privada en su capítulo IV articulo 23 punto uno se castiga como infracciones muy graves la prestación de servicios de seguridad a terceros por parte de personal no integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria.
Que sepamos, los ayuntamientos no están constituidos como empresas de seguridad privada debidamente autorizadas por el Ministerio del Interior, y tampoco este personal de Angevicesa son personal de seguridad privada convenientemente habilitados y en posesión del Tip, así que estamos ante un nuevo caso de “intrusismo permitido”, pero más grave si cabe porque parte de la propia administración.
La seguridad de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales (vulgarmente denominados “cárceles de menores” y también conocidos como “centros de menores”) viene precedida por unas medidas de internamiento cuyo objetivo, tal y como señala el apartado 16 de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), es el de “disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de manera temporal, asegurar la estancia del infractor en un régimen físicamente restrictivo de su libertad [...]”.
En todo caso, las actuaciones de seguridad y control educativo y de mantenimiento del orden y convivencia se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, en su Reglamento de desarrollo. Los únicos destinatarios o sujetos pasivos respecto de los que el artículo 59.1 LORPM legitima el uso de las actuaciones de vigilancia y seguridad son los menores internados. No obstante, el Reglamento de la LORPM habilita el empleo de algunos mecanismos de seguridad frente a personas que eventualmente puedan acceder al centro (familiares de los menores, autoridades y funcionarios en funciones de supervisión, control o inspección, proveedores...), si bien con una muy limitada afectación de sus derechos a la intimidad o a la integridad (por ejemplo, la identificación documental, los medios electrónicos de control, el registro superficial de familiares visitantes, etc.).
Los principales actores de la seguridad interior en un centro de menores son sus propios trabajadores, según establece el artículo 54.1 del Reglamento. Siendo la prevención el mecanismo más eficaz para evitar conflictos y mantener una ordenada convivencia, todos los trabajadores desarrollarán labores con esa premisa mediante la observación de los internos; por lo que a quienes compete el grueso de las funciones de seguridad y control respecto a los menores internados es a los trabajadores del propio centro (entre otras funciones: la observación ya señalada, las inspecciones de locales y dependencias, registro de menores y de sus pertenencias, control individual y grupal e intervención en casos de conductas atentatorias contra la seguridad y el orden, mediante el empleo, incluso, de los medios de contención previstos en el artículo 55 del Reglamento).
Ahora bien, estas funciones de seguridad no solo las desarrollan los propios trabajadores de los centros como marca la Ley 5/2000; parte también importante es la desarrollada por los vigilantes de Seguridad Privada. Tal y como se contempla en el apartado 8 del mismo artículo 54, existe la posibilidad de que la entidad pública de protección o reforma autorice, “en aquellos centros donde la necesidad de seguridad así lo requiera, el servicio de personal especializado, en funciones de vigilancia y apoyo a las actuaciones de los trabajadores del centro previstas en los apartados anteriores de este artículo. Este personal dependerá funcionalmente del director del centro y no podrá portar ni utilizar dentro del mismo otros medios que los contemplados en el artículo 55.2 de la LORPM”. Se puede entender que la figura que conforme a la legislación vigente tiene este carácter de “personal especializado” es la de los vigilantes de Seguridad Privada regulados en la Sección II del Capítulo III de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, cuyo desarrollo normativo se encuentra en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. Las entidades públicas prevén expresamente en los servicios de guarda, reeducación y reinserción de los menores infractores internados en estos centros que dichas funciones especializadas puedan ser prestadas por vigilantes de Seguridad dependientes de empresas privadas de ese sector, sujetándose a lo dispuesto en la antes referida normativa específica, conviviendo de esta forma en materia de Seguridad tanto los trabajadores de la propia entidad gestora como lo vigilantes de las empresas contratadas.
Todo el personal que presta sus servicios de control, vigilancia y seguridad en estos centros ha de contar con la formación y la capacitación en los ámbitos físico, psíquico y de entrenamiento que les habilite para el desempeño de estos cometidos, asistiendo a los cursos de formación permanente que se programan y habiendo superado los cursos de reciclaje que se establezcan.
Lejos de reducirse, los robos en fincas agrícolas del Tarragonès han ido a más en los últimos meses y los payeses temen que los ladrones se lleven, también, la cosecha de frutos secos, muy rica en la zona. Hartos de depender del patrullaje de la policía local y de los Mossos d’Esquadra -que hace poco se comprometieron a reforzar con más agentes y recursos su presencia en los campos para disuadir a los asaltantes- cuatro municipios de la comarca han decidido tomar medidas por su cuenta y han recurrido a una empresa para que se encargue directamente de la vigilancia de las propiedades y de la producción. A través de las sociedades locales de cazadores también se pretende regular la presencia de cazadores furtivos.
Constantí y Vilallonga del Camp han sido las primeras localidades en llevar a cabo la iniciativa y ya han firmado un convenio con la entidad ecologista l’Escurçó, con sede en Mont-roig del Camp, que hace unos meses puso en marcha la primera empresa de Catalunya dedicada a la seguridad medioambiental. Dicha firma, que abarca servicios de vigilancia en parques naturales, reservas de caza, fincas rurales privadas o en parques eólicos, aporta guardas que recorren los campos de los términos municipales en cuestión para evitar robos en una época del año especialmente sensible para los agricultores de la zona, que están a punto de recoger la cosecha de avellana, almendra y algarroba.
La Pobla de Mafumet y El Morell tienen previsto firmar este mismo convenio en las próximas semanas con el fin de tranquilizar a los agricultores. El alcalde de El Morell, Pere Guinovart, ha explicado que cada municipio aporta unos 4.000 euros para pagar a la empresa y considera que es una medida “totalmente necesaria” teniendo en cuenta que “los esfuerzos de los cuerpos policiales no son suficientes para garantizar la seguridad en los campos y evitar la pérdida de maquinaria y de cosecha”. Guinovart admite que los robos no han cesado y que, incluso, se han incrementado recientemente, si bien reconoce que, en muchas ocasiones, los mismos campesinos deciden no denunciar los hurtos pese a comportarles pérdidas importantes.
Evaluación a final de año
Según Guinovart, la intención es que las patrullas de seguridad privada empiecen a funcionar en cuestión de pocas semanas. El convenio firmado por los municipios se alargaría, inicialmente, hasta finales de año, plazo que se han fijado las cuatro localidades del Tarragonès para decidir si continúan o no con esta medida, en función de si los resultados son óptimos y se detecta un descenso de los robos y hurtos. Cabe recordar que hace dos veranos, en Mont-roig del Camp ya se organizaron patrullas nocturnas de agricultores y que esta pasada primavera amenazaron con repetir la acción si los Mossos no se comprometían a reforzar su presencia en los campos.
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