El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley sobre la seguridad privada, con el objetivo de "adaptar una normativa" que no había sido renovada desde 1992. Así lo ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha subrayado que la nueva ley, en caso de ser aprobada en las Cortes, supondrá una "regulación integral" de un sector que ha sufrido una enorme evolución en los últimos tiempos, que factura anualmente 3.600 millones de euros, y que incluye a unas 1.500 empresas que emplean a 90.000 personas.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha detallado que la nueva regulación normativa representará un mayor control para la actividad de la seguridad privada y las agencias de detectives. Se da el caso que la nueva norma llega después de que se destaparan varios casos de espionaje en Catalunya -que afectó a la presidenta del PPC Alicia Sánchez-Camacho y a la exnovia del hijo mayor de Jordi Pujol- y anteriormente en la comunidad de Madrid, que tenía como protagonista a la agencia Método 3. En comparecencias anteriores, el ministro ya avanzó que la norma se proponía evitar casos como los sucedidos.
Para empezar, las empresas de investigación privada deberán inscribirse en un nuevo registro creado para la ocasión llamado Registro Nacional de Seguridad Privada. Deberán además "documentar los encargos contratados por escrito" y todos los informes que se hagan "deberán estar a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Aunque ya existe un libro-registro en el que las agencias documentan sus casos, ahora las empresas estarán obligadas a dar más detalles por ley y hacer constar el cliente, el tipo de encargo, los métodos que se van a utilizar y los resultados obtenidos. Además, también deberán enviar al ministerio de Interior una memoria anual de sus actividades y se verán obligados a destruir las imágenes de la investigación "años después de la finalización la investigación salvo que estén inmersas en un proceso judicial", ha explicado el ministro del Interior.
Mejorar la coordinación público-privada
Aunque el ministerio evita en todo caso hablar de privatización, la nueva ley amplia los casos en los que la seguridad privada podrá colaborar con la seguridad pública. Algunos de estos supuestos, que previamente "o tenían vetado o estaban insuficientemente regulados", son la videovigilancia dentro de los inmuebles, la gestión y respuesta a las alarmas de seguridad privada, la vigilancia de polígonos industriales o urbanizaciones, y la vigilancia perimetral de prisiones.
En este último caso, el ministro ha remarcado que los vigilantes privados estarán sometidos a las órdenes de las fuerzas públicas y ha añadido que esta medida ha sido incluida tras una petición del departamento de Interior de Catalunya, que es la única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias.
Interior considera que el objetivo de la nueva ley es el de aprovechar el potencial privado en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y ha subrayado que la seguridad privada debe seguir estando "subordinada" a las fuerzas policiales de todo el Estado, que incluye los cuerpos policiales autonómicos como Mossos d'Esquadra o Ertzaintza.
Como ya había hecho la portavoz, el titular de Interior ha subrayado la fuerza del sector que, según ha dicho, vive "un auge" estos últimos años. Jorge Fernández Díaz ha dado algunos datos significativos como que, por ejemplo, la ratio policial de España es una de las más altas de la UE (528 agentes por cada 100.000 habitantes, por 385/100.000 en el resto de la UE) mientras que la ratio de seguridad privada es la más baja (200 agentes por cada 100.000 habitantes; por 271 en la Unión).
Fuente: La Vanguardia
La Junta de Fiestas contratará cerca de 60 vigilantes privados en la próxima Magdalena de Castelló ante el desplome de los voluntarios de Protección Civil. Este personal reforzará la labor de la Policía Local en desfiles y en conciertos.
El ayuntamiento y la junta únicamente dispondrán de una decena de voluntarios en la celebración magdalenera cuando hace dos años Protección Civil contaba con 70 personas. Este descenso empezó en 2012 por la entrada en vigor de un cambio en la normativa de este servicio, que eliminó las gratificaciones económicas. El año pasado sólo hubo 30 voluntarios y la Policía Local e integrantes de la propia Junta de Fiestas asumieron la función que dejaron de prestar los voluntarios en mascletaes, castillos de fuegos, desfiles o en la romería. Para este ejercicio la plantilla de Protección Civil sólo se compone de unos diez integrantes y la dirección festera de Castelló no ha tenido más remedio que hacer uso de seguridad privada.
También ha pesado el trágico accidente ocurrido el pasado 5 de enero en la cabalgata de Reyes de Málaga, en el que un niño de seis años murió atropellado por una carroza. El pequeño se escapó de los brazos de sus padres y se agachó al suelo a recoger caramelos, siendo atrapado en ese momento por el vehículo.
Antes de este accidente, la Juta de Fiestas de Castelló ya había previsto personal extra en las carrozas en el desfile de Reyes, y tras los hechos de Málaga, el ayuntamiento de Castelló y la Junta de Fiestas se han querido curar en salud y han hecho acopio de vigilantes privados, según admitió ayer a este diario el concejal de Seguridad, Joaquín Torres.
Según el presidente de la junta, Jesús López, en el Pregó de este sábado trabajarán 12 personas de empresas de seguridad privada, de las que ocho estarán colocadas en las calles del recorrido y cuatro en las tribunas. En el coso multicolor colaborarán 20 vigilantes y en los conciertos 26.
La decena de voluntarios de Protección Civil participará en las mascletaes de apoyo a la Policía Local.
Cabe recordar que el dispositivo especial de seguridad de la semana magdalenera estará integrado por 1.600 policías locales y AMU - 180 personas diarias-, 180 bomberos -42 en la Romeria de les Canyes y 20 en servicio en el resto de días-, además de 2.220 personas agentes de la Policía Nacional, Policía Autonómica y Guardia Civil.
Fuente: levante.emv.com
Habrá seguridad y frío extremo en Palma este 23-F. A la policía le preocupa tanto (o más) que nadie pueda fotografiar a Iñaki Urdangarin declarando ante el juez José Castro que los centenares de personas que se esperan en las inmediaciones de los juzgados de Vía Alemanya puedan montarla. El dispositivo va a ser, incluso, mayor que hace un año.
La gran novedad va a ser el fortísimo inhibidor de frecuencia que la Policía Nacional va a instalar en la segunda planta de los juzgados, justo junto a la sala donde el yerno del rey va a declarar. Explican fuentes del dispositivo que se ese aparato hará un “barrido mucho más potente” que el que se realizó el pasado sábado durante la declaración de Diego Torres y que dejó a todo el vecindario (y a todos los periodistas) durante horas sin cobertura móvil e, incluso, sin wifi. El objetivo: que ninguno de la treintena de abogados que estarán presentes en el interrogatorio del marido de la infanta Cristina pueda retransmitir en directo lo que allí acontece. Y, sobre todo, que nadie pueda obtener una instantánea de Urdangarin que no sea la de su paseillo entrando a los juzgados.
A la Casa Real le obsesiona que pueda filtrarse una foto del duque de Palma sentando en algo muy parecido al banquillo de los acusados o que su voz pueda oírse. Las órdenes son taxativas: todo el mundo que entre a la sala será sometido a un doble control. Un primer escáner en la planta de entrada y un segundo, a la puerta de la sala, para localizar dispositivos móviles. Todos los teléfonos, cámaras y grabadoras deberán ser requisados. Los letrados podrán introducir tabletas y ordenadores con documentación y notas sobre el caso, pero ya han sido apercibidos de que se pueden buscar serios problemas si hacen una foto o una grabación. Y mucho más si la filtran al exterior.
180 periodistas
Un exterior que será gélido... por la temperatura, que no por el ambiente. Mañana se espera que llegue a nevar en Palma. Allí, a la intemperie, habrá cerca de 180 periodistas acreditados (mucho de ellos internacionales), cerca de un centenar de policías (entre miembros de la Unidades de Intervención de la Policía y agentes) y un número importante de manifestantes.
Una decena de colectivos de toda índole (indignados, independentistas, republicanos... han llamado a desafiar al temporal para manifestarse frente a los juzgados y en contra de Iñaki Urdangarin. Ante ellos encontrarán un despliegue policial más importante, incluso, que el de hace un año, durante la anterior comparecencia del duque.
La lista de convocantes en internet es interminable: Democracia Real Ya, Unión Cívica por la Repúblic, Salvem Mallorca, Plataforma Crida, Pla de Mallorca en Marxa, Voltor Negre, Joves del Gob, Assemblea UIB, Sepc Mallorca, Arran Països Catalans, Pinyol Vermell....
La mayoría de los llamamientos son para recibir a Urdangarin con “una sonora pitada” y una cacerolada a su llegada a los juzgados, aunque los actos contra el duque y la Monarquía se van a reproducir también en otros puntos de la capital balear
Fuente: Diario Vasco
El presidente del Comité de Empresa de una empresa de seguridad privada ha destacado la necesidad de que la Ciudad Autónoma reponga vigilancia privada en el Mercado Central de Abastos, después de la detención de dos trabajadores por robo.
La petición se ha producido después de que la Policía Nacional arrestara a finales de la pasada semana a dos trabajadores del Plan de Empleo como autores del robo de unos 5.000 euros en un establecimiento, del que se llevaron la caja fuerte por la noche aprovechando que vigilaban estas dependencias.
El representante de la empresa ha afirmado que: "No se puede quitar a una persona que ha hecho un curso, pasa unos reciclajes mínimos cada cierto tiempo y está acostumbrada a hacer su trabajo para meter a una criatura que no sabe dónde está ni qué es lo que está haciendo".
Desde hace varios meses se han producido algunos despidos debido a que la Administración autonómica encomendó a una empresa municipal las labores de guarda y custodia de algunas de sus dependencias, y también por la realización de este tipo de labores por parte de los trabajadores del Plan de Empleo.
Los centros en los que se ha perdido la presencia de los vigilantes de seguridad privada son, entre otros, los mercados.
Fuente: ABC.es
El Museo Carmen Thyssen Málaga ha recibido este jueves una notificación por parte de la Dirección General de la Policía Nacional en la que le comunica el sobreseimiento y archivo del expediente abierto por el transporte de las obras de la exposición 'Paraísos y Paisajes en la Colección Carmen Thyssen'. Esta actuación llega tres meses después de que los responsables de la pinacoteca presentaran las correspondientes alegaciones al proceso iniciado por la Subdelegación del Gobierno.
El archivo del expediente, que tuvo lugar el pasado 8 de febrero, se produce "al no quedar suficientemente acreditados los hechos que se imputan a la Fundación Palacio Villalón (Museo Carmen Thyssen Málaga)", según recoge la notificación recibida. El Museo mantuvo en sus alegaciones que tanto la contratación como el transporte de las obras de arte se realizó conforme a los usos habituales en España, cumpliendo con las condiciones exigidas por la Colección Thyssen como prestadora de las obras y acatando la legislación española sobre transporte de obras de arte. La decisión de no utilizar seguridad privada en los transportes se tomó después de confirmar que no era necesario por todas las vías al alcance.
Los responsables del Museo planificaron el transporte de las obras cedidas por el Museo Thyssen de Madrid después de solicitar sendos informes a dos despachos de abogados, a la empresa aseguradora de las obras transportadas y uno más a la asesora de gestión de riesgos del Museo. Además, se realizaron consultas privadas a los museos de España con más experiencia en este tipo de gestiones. Por tanto, esta forma de actuar entraba dentro de la práctica habitual de los principales museos del país.
El gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Javier Ferrer, ha reaccionado así tras el conocimiento del archivo de dicho expediente por parte de la Dirección General de la Policía Nacional: "Esta resolución confirma que nunca se puso en riesgo la Colección y que cumplimos la ley de transporte de obras de arte". "Estamos satisfechos con este desenlace porque actuamos con diligencia y conforme a las normas del transporte de obras".
Fuente: Ivecinos