La Policía Nacional ha mantenido una reunión de trabajo celebrada ayer en la Comisaría Provincial de Almería con los responsables de seguridad de centros comerciales y directores de las distintas empresas de seguridad privada que operan en la provincia. En la reunión estuvieron presentes el Comisario Jefe Provincial de Operaciones, acompañado del Comisario Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, altos mandos de la Policía Nacional de las Comisarias de El Ejido y Almería, así como los distintos directores y responsables de las empresas de seguridad privada y centros comerciales.
Entre los diversos acuerdos adoptados, se ha puesto en marcha un sistema de denuncia “in situ”, es decir, que en las faltas de hurto, los agentes de Policía Nacional podrá recoger las denuncias ya firmadas por las víctimas en el lugar de los hechos sin tener que posteriormente desplazarse a la Comisaría a formalizar la misma. Lo que genera comodidad y rapidez a los establecimientos en particular y a los ciudadanos en general.
La Policía Nacional recordó la importancia de que los responsables de seguridad privada, informen a las operadoras de telefonía móvil situadas en los centros comerciales, para que adviertan a los clientes, que cuando adquieran teléfonos de última generación, anoten el número de IMEI, al ser de suma importancia para aportarlo en la denuncia en caso de robo o perdida, siendo este dato relevante para la base de datos que ya dispone la Policía Nacional.
Por otro lado, se ha reforzado la colaboración y el intercambio de información sobre los infractores que actúan en las grandes superficies y centros comerciales para adecuar los delitos y faltas de hurto a la legislación.
Los actos de colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y las empresas de seguridad privada se encuentran enmarcados en el proyecto de cooperación “Plan de colaboración Red Azul”.
Valoración positiva de la sociedad
El pasado día 21 de mayo se celebró el primer Día de la Seguridad Privada.
En la sociedad actual, la seguridad privada se configura como auxiliar y colaboradora especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que complementa en su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, además de garantizar la seguridad ciudadana. Esta labor en beneficio de la seguridad común ha logrado la aceptación generalizada de la sociedad, que valora y reconoce positivamente su trabajo, y considera a sus profesionales como personas en las que poder confiar.
En lo que llevamos de año, los agentes del Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Almería han llevado a cabo 61 actos de colaboración.
En la actualidad hay un total de 1.985 de habilitaciones de personal repartidos en las 11 empresas de seguridad que operan en la provincia de Almería. Cerca del 80% se dedican a la actividad de vigilancia y protección y otras tareas relacionadas con centrales de alarmas.
Fuente: Teleprensa World
A partir de ahora se celebrará todos los años cada 21 de mayo, según una orden aprobada por el Ministerio del Interior.
Según Interior, la seguridad privada se configura en España como auxiliar y colaborador especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que complementa en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
La acción de la seguridad privada se encuentra presente en distintos ámbitos públicos y privados, desde la protección domiciliaria hasta la seguridad de importantes infraestructuras, "convirtiéndose en instancia coadyuvante e indispensable para la prevención del delito y la protección de personas y bienes", señala la orden.
Interior indica que la finalidad que se persigue al establecer el Día de la Seguridad Privada es "reconocer la trascendental labor desarrollada por la seguridad privada e impulsar la divulgación de su utilidad social, sensibilizando a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la seguridad común como colaborador indiscutible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
El Gobierno atiende así la solicitud realizada por las entidades y organizaciones del sector en España para que se declare el 21 de mayo Día de la Seguridad Privada, en conmemoración del día del año 1518 en el que el rey Carlos I dio la primera norma de seguridad privada en España.
Fuente: Diario Siglo XXI
El dispositivo de seguridad que se desplegará para la final de la Copa del Rey que disputarán el viernes el Real Madrid y el Atlético de Madrid estará integrado por unos 2.600 efectivos entre policías, vigilantes de seguridad privada, auxiliares y miembros de los servicios de emergencia.
Así lo indicó ayer la Delegación del Gobierno tras la reunión de coordinación que se celebró, lo habitual cuando se disputan encuentros considerados de alto riesgo como éste.
El dispositivo de seguridad, coordinado por la Delegación del Gobierno, estará compuesto por 2.600 miembros de la Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid, vigilantes de seguridad y auxiliares del Real Madrid y efectivos de Cruz Roja y del Samur.
En concreto la Policía Nacional desplegará 1.250 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la nueva Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Caballería, Motos y Guías Caninos, así como varios helicópteros.
Trescientos más que hace un año
El operativo se pondrá en marcha unas horas antes de que comience el encuentro y permanecerá activado hasta después de su finalización.
Los agentes y los vigilantes de seguridad velarán en las entradas para que no se introduzcan en el Santiago Bernabéu objetos prohibidos por la Ley del Deporte.
Para la final de la Copa del Rey del año pasado, disputada entre elAtlétic de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona, se desplegaron 2.300 efectivos de seguridad pública, privada y de emergencias, de los que 1.500 fueron agentes de la Policía Nacional.
Fuente: ABC.es
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Será más estricta y rigurosa con el sector y abrirá la puerta a nuevos servicios.
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La nueva norma incorpora el principio de complementariedad entre la seguridad privada y la pública.
- Aumenta los controles sobre la actividad de los detectives y fija fuertes sanciones para acabar con el intrusismo.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada, con un régimen sancionador exigente.
La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.
España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la Unión Europea.
Legislación ampliamente superada
En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, veinte años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las Autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa.
De ahí la necesidad de disponer de un nuevo texto jurídico con rango de ley, que regule de forma integral y sistemática el modelo español de seguridad privada, y dote al sector de un marco jurídico flexible que permita la adecuación de los requisitos exigibles a la naturaleza de las distintas actividades y servicios de seguridad privada.
Complemento de la seguridad pública
Con el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que hoy ha presentado el ministro del Interior en el Consejo de Ministros, se supera la concepción consagrada en la Ley de 1992 centrada en el control y la potestad sancionadora en este sector para acoger un planteamiento más ambicioso de seguridad integral en el que la seguridad privada pasa a ser complemento de la pública, siempre bajo la preeminencia de esta última.
Para ello, el nuevo texto incorpora el principio de complementariedad entre la seguridad privada y pública, considerando aquélla un recurso externo de ésta, mientras que la normativa aún vigente pone el acento exclusivamente en el principio de subordinación de la seguridad privada a la pública. En este contexto, los principios de irrenunciable preeminencia de la seguridad pública sobre la privada y de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad constituyen los ejes rectores de esta nueva norma.
Con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica al sector, el nuevo texto define legalmente los conceptos hasta ahora jurídicamente imprecisos, fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la seguridad privada y determina las actividades compatibles con las propias de la seguridad privada. Además, incorpora la investigación privada a las actividades de las empresas de seguridad y matiza el principio de exclusión de la seguridad privada en espacios públicos, excesivamente rígida y obsoleta.
El Título primero de la futura Ley está dedicado a la coordinación y colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las ideas clave de esta ley. Para ello, prevé la creación de Comisiones Mixtas de Seguridad Privada integradas por representantes del Ministerio del Interior, del sector de seguridad privada y de las autonomías con competencia en esta materia.
Mayor control de los detectives
El título segundo del texto normativo regula las empresas de seguridad y despachos de detectives, que deberán inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Se establece un sistema flexible que permitirá incrementar o reducir los requisitos de las empresas, en función de la actividad desempeñada.
La nueva Ley incrementa, además, el control sobre la actividad de los detectives privados, con nuevas obligaciones:
- Deberán documentar los encargos en un contrato escrito.
- Además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos.
- El informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial.
- Presentarán una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior.
Además, se regula más estrictamente el acceso a la investigación privada y su ejercicio, que afecta a ámbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades públicas. Por esta razón es preciso un exhaustivo régimen legal que garantice el respeto a tales derechos e imponga límites frente a un ejercicio inadecuado de esta actividad.
Funciones del personal de seguridad
El título tercero se refiere al personal de seguridad privada y regula cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad. Como respuesta al gran avance tecnológico y al fuerte incremento del subsector de las alarmas, se prevé que la verificación de alarmas sea una función de los vigilantes de seguridad.
Por primera vez, se regula en una norma de rango legal las medidas de seguridad física, electrónicas, informáticas… Esta nueva Ley abrirá las puertas a las compañías de seguridad privada a nuevos servicios demandados por la sociedad. Por ejemplo:
- Servicios de videovigilancia privada dentro de inmuebles.
- Gestión y respuesta de alarmas.
- Vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales.
- Servicios de planificación y asesoramiento.
- Vigilancia perimetral de prisiones, siempre bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
- Investigación privada.
Control, inspección y sanciones
Las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad se recogen también, por primera vez, con rango de ley, así como la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de ese personal. Además, se regulan las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales antes de la incoación de un expediente sancionador, cuando sea necesario para evitar la producción de daños: suspensión de servicios prestados por empresas no autorizadas, desconexión de alarmas, etcétera.
El Anteproyecto pone punto y final a las carencias de la anterior legislación, con un régimen sancionador que tipifica por separado las infracciones de las empresas, del personal y de los usuarios de seguridad privada, incluyendo, por primera vez, los centros de formación de personal. Con el fin de acabar con el intrusismo, se aplicarán graves sanciones, que pueden llegar hasta el cierre de las empresas que infrinjan esta normativa.
Por último, el texto se adapta a la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas e introduce también instrumentos para evitar la actuación de empresas que incumplan sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, comprometiendo gravemente la seguridad.
Ver documento oficial del anteproyecto de ley de seguridad privada