Interior reforzará por ley la seguridad en las infraestructuras críticas por el yihadismo

Policía y Guardia Civil apoyan la creación de filtros para que no todas las empresas privadas puedan realizar los servicios de protección de estas instalaciones básicas para la estabilidad del país

El Gobierno no quiere que cualquiera vigile las infraestructuras críticas. Tras el incremento de la amenaza antiterrorista, el Ministerio del Interior se plantea implantar filtros que impidan a vigilantes poco formados, mal pagados o que no cumplan determinados requisitos estar al frente de unas instalaciones cuyo buen funcionamiento preserva la estabilidad del país.
La forma de introducir estos filtros se llevaría a cabo en el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, normativa aprobada en marzo de 2014 y aún pendiente de desarrollar. El texto podría incluir una serie de criterios objetivos que algunas empresas no cumplirían, pero que ayudarían a mantener una alta calidad del servicio a modo de examen que deja fuera a los aspirantes no preparados.
Las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil ven con buenos ojos la iniciativa -promovida por dos asociaciones empresariales-, ya que son conscientes de que entre las más de 1.500 compañías que operan en el sector en España hay de todo. Saben que existen firmas solventes, muchas, pero también que se trata de un sector en el que abunda el intrusismo y donde los bajos precios con los que muchas sociedades ganan las licitaciones son la razón de que haya profesionales poco cualificados y que doblan turnos protegiendo las infraestructuras más sensibles del Estado. No en vano gran parte de los más de 75.000 vigilantes que hay en activo en el país no puede presumir precisamente de tener buenas condiciones laborales.

La implantación de estos filtros antiempresas pirata, entienden, dejaría fuera a sociedades poco solventes, con empleados descontentos, con procedimientos judiciales abiertos o con problemas con la Seguridad Social, lo que podría generar un conflicto entre la administración y parte del sector. Sin embargo, desde la Policía y la Guardia Civil consideran que se trata de una medida necesaria, puesto que las infraestructuras críticas son objetivo de la amenaza yihadista, cada vez más severa para Europa en general y España en particular, y de ser atacadas se generaría un serio problema para el conjunto de los ciudadanos.
Buena muestra de esta mayor intimidación yihadista es el incremento progresivo de la alerta antiterrorista llevado a cabo por los gobiernos del continente durante los últimos años. Actualmente, España mantiene un nivel 4, lo que supone el segundo grado de alarma más extremo, un riesgo alto de que el país sea objeto de un atentado por parte de los radicales islamistas.
Este nivel supone esencialmente que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado deben reforzar la protección de las denominadas infraestructuras críticas. Entre estos centros que garantizan el normal funcionamiento de España se encuentran las centrales eléctricas, hidrológicas, petroleras y nucleares -que suministran la energía a los hogares y las empresas- o los principales núcleos de transporte aéreo, terrestre y marítimo (aeropuertos, estaciones centrales de ferrocarril, etc.).

Aunque España no es el principal foco de atención de los yihadistas en Europa, el Gobierno elevó por prudencia el nivel de alerta con el fin de activar todas las medidas de protección necesarias para cubrir la posibilidad de que el país ascendiera en la lista de objetivos de los terroristas. No en vano, España ya sufrió el 11M y los yihadistas de Al Qaeda o del ISIS siguen manteniendo sus reivindicaciones sobre Al Andalus a pesar de que no cuentan con personal que domine el idioma en su aparato de propaganda, lo que limita la posibilidad de actuar en nuestro territorio.
El reglamento de la Ley de Seguridad Privada ya cuenta con un borrador aprobado por las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil que incluye 399 artículos e integra el anterior texto del mismo rango así como todas las órdenes ministeriales que existen sobre el asunto. Las fuentes consultadas, sin embargo, no concretan si este borrador, que ahora será revisado por los servicios jurídicos del Ministerio del Interior, incluye ya la propuesta de las asociaciones empresariales. Tras el examen de los expertos legales, el texto pasará al trámite de audiencia -donde estas agrupaciones, los sindicatos y cualquier afectado podrá incluir alegaciones-, antes de llegar al Congreso y al Senado. Todos estos pasos que aún quedan por andar en este camino hacen pensar que la medida difícilmente será aprobada en esta legislatura.

La iniciativa de reforzar las exigencias a las empresas de seguridad se encardina en el nuevo espíritu de la Ley de Seguridad Privada, que entiende que las compañías privadas tienen una función complementaria a la labor que realizan la Policía y la Guardia Civil. Ahora, por lo tanto, los vigilantes -por concretar en su figura la labor de las empresas- ya no solo están subordinados a las fuerzas de seguridad públicas, como hasta el momento, sino que también les ayudan en su labor de protección ciudadana.
Este carácter complementario que subyace de la norma conlleva que hay funciones de la seguridad pública que pueden realizar empresas privadas, siempre que cumplan con las garantías suficientes, y da margen al Gobierno para ampliar la privatización de servicios que hasta el momento corrían a cargo de las fuerzas públicas en exclusiva. Este carácter complementario, por otro lado, reconoce legalmente algo que ya se estaba realizando en la práctica en escenarios como el Metro, un espacio público en el que la seguridad es responsabilidad de una empresa privada.
La complementariedad, por otro lado, ha estado en el origen de la polémica que suscitó inicialmente la norma, que fue recogida por la opinión pública como una licencia legal para privatizar la seguridad pública y que, de hecho, obligó al Gobierno a matizar algunos puntos conflictivos.

Fuente: elconfidencial

MOBOTIX participó en la III Conferencia de instalación de seguridad.

MOBOTIX participó en la III Conferencia de instalación de seguridad

Organizada por sus partners TTCS y Niceware, estas jornadas comerciales, formativas y divulgativas se celebraron el 9 de julio en Mallorca.

MOBOTIX participó en la tercera Conferencia de instalación de sistemas de seguridad y marco legislativo, organizada por sus partners, TTCS y Niceware. El encuentro se celebró el pasado jueves, 9 de julio en el Restaurante Pequeño Mundo, situado en Carrer Cardenal Rossell de Palma de Mallorca, bajo el lema La unión del poder de la seguridad y de la ingeniería.

Estas jornadas se caracterizan por tener un carácter no solo comercial, sino también formativo y divulgativo. Hay siempre un espacio destacado para informar de tendencias, novedades, conocimiento en el manejo de tecnologías ya asentadas, etc. Este año se han centrado en las tecnologías de imagen hemisférica, imagen termográfica y sistemas expertos de análisis de video, intentando desvelar qué se puede esperar de todas estas tecnologías mediante un uso racional y adecuado. Aparte del asesoramiento en normativa de seguridad privada para instalaciones de sistemas de seguridad, ofrecen a los asistentes soluciones prácticas a problemas cotidianos en instalaciones de alarmas y videovigilancia.

Las novedades de MOBOTIX que se han destacado este año han sido la tecnología Moonlight de 6MP con la que se mejora la nitidez de imágenes en condiciones de iluminación prácticamente inexistentes (menores de 0,05 lux para color y 0,01 en blanco/negro). También se presentaron los tres nuevos modelos de cámaras para interior i25, c25 y p25 a un precio bastante más reducido y sin renunciar a sus funcionalidades. Igualmente, se mostró el nuevo software Mx MC, que permite la gestión ilimitada de cámaras en la que se puede controlar la visión y la reproducción de eventos de manera eficaz e intuitiva.

Por otro lado, presentaron la alarma iConnect que dispone de dos vías de comunicación IP/GPRS/GSM y control inmediato de todas sus funciones utilizando la aplicación móvil: armados y desarmados, petición de imágenes a detector con cámara, recibir avisos (en caso alarma) de algún evento mediante llamada, mensaje, email o notificación en el móvil, y mucho más.

Cabe destacar que este año contaron con el Inspector Jefe de la Unidad Provincial de Seguridad Privada en Baleares, Ginés Cruz Pérez Celdrán, como invitado especial, que dio asesoramiento e información de las diferentes normas que rigen las instalaciones de alarmas y cámaras de videovigilancia dependiendo del tipo de cliente o establecimiento en el que se pretendan instalar.

Casadomo

Seguridad privada y generación de empleos.

TEtn la clausura del recientemente celebrado XXI Consejo GEM Extremadura, el presidente de la Junta de Extremadura ha apostado por el fortalecimiento del tejido productivo de pymes y micropymes "para poder generar empleo de calidad", señalando que Extremadura necesita más empresas y de mayor tamaño. Vara también apostó por el sostenimiento del tejido empresarial, en muchos sectores "al límite de la supervivencia", y anunció que en las próximas semanas trabajará con la patronal, para lograr que haya un número mayor de empresas que ganen los concursos públicos en Extremadura.

No puedo estar más que de acuerdo con esta idea de fortalecer nuestro tejido productivo y apoyar a las empresas extremeñas, las que son y las que puedan ser; y para que ganen los concursos públicos creo conveniente coordinar el trabajo de las áreas de contratación de la administración pública para que funcionen todas con criterios y objetivos generales similares y no de manera estanca e independiente, según el buen entender y saber de cada Secretario General, Jefe de Servicio o de Sección.

A este respecto, quiero llamar la atención sobre el importante sector económico de la seguridad privada, que en la región puede suponer de 1.500 a 2.000 empleos anuales sólo en el sector público (estimación propia), y cuya supervisión y contratación ha sido manifiestamente mejorable durante los últimos años, dándose situaciones de intrusismo, de inexistencia de sucursales registradas, de condiciones profesionales distintas incluso en servicios similares prestados a la misma administración, de facturación de sistemas estáticos de seguridad no funcionales o no homologados, de uso de cámaras de vigilancia con barridos que se superponen innecesariamente, o cuyas imágenes captadas pueden ignorar el tratamiento en cuanto a protección de datos e intimidad personal, y todo ello, aún cuando la legislación del sector es prolija y prevé la existencia de Comisiones Mixtas de Seguridad Privada en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

XEL PORTALx de contratación del recientemente hibernado Gobex, registra en el periodo julio 14 a julio 15, 26 contratos de seguridad privada, adjudicados a 10 empresas por los distintos departamentos administrativos, alcanzando el volumen de adjudicación de 3.428.597 euros (no incluidos contratos menores ni negociados sin publicidad); además, se tramita durante el mes de julio la contratación de la seguridad del SES y del SEPAD, mediante procedimiento abierto con presupuesto de licitación de 20.165.000 euros, lo que nos da una idea de la importancia de este sector económico en cuanto a volumen de negocio, además de su capacidad de generación de empleos.

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El Ministerio del Interior está preocupado por el nivel de rotación del personal de las empresas de seguridad privada y su efecto en la calidad del servicio. Por este motivo la cartera trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que regule esta actividad.