El incremento de efectivos intensifica la seguridad
Los nuevos agentes de la Guardia Civil han velado por la tranquilidad de vecinos y visitantes en la temporada veraniega
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha realizado un primer balance de la seguridad estival en la Janda litoral, en la que se ha puesto en práctica el dispositivo especial denominado 'Plan Verano', previsto por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para el periodo vacacional y que tiene como objetivo garantizar la tranquilidad de nuestros visitantes en las zonas de veraneo y la seguridad en las carreteras de la comarca.
Barbate, Conil y Vejer tienen en el turismo uno de los sectores económicos más pujantes, "de ahí que el Gobierno de España se haya volcado, también desde el punto de vista de la seguridad. El sector turístico tiene un peso de casi el 13% en el Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, lo que revela la importancia del binomio turismo-seguridad y economía", ha asegurado De Torre.
También ha subrayado la necesidad de colaboración con las policías locales, "elementos fundamentales de coordinación en la seguridad de los municipios", que a veces se ven desbordados ante la gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como con la seguridad privada, "nuestros ojos en muchas instalaciones", destacando el subdelegado del Gobierno la importancia en esta labor preventiva y de coordinación que tienen las juntas locales de seguridad y sus respectivas mesas técnicas "para garantizar que todo fluya por los cauces de entendimiento".
De Torre ha valorado que "por fin el Ayuntamiento de Barbate vaya a colaborar con la Guardia Civil, después del abandono de los núcleos de Zahara de los Atunes y de Los Caños de Meca, que han concitado quejas de vecinos y visitantes por la dejadez de las autoridades municipales".
Además, el subdelegado gaditano ha hecho hincapié en la importancia de incidir en la prevención e información, "que permiten estar preparados con la antelación suficiente a cuantas circunstancias ocurran a lo largo del verano".
De Torre dice que el Gobierno se vuelca con la seguridad en la comarca
Las infracciones penales registradas este verano en Barbate, Conil y Vejer han descendido casi dos puntos respecto a 2014
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha afirmado que Barbate, Conil y Vejer son municipios que tienen en el turismo uno de los sectores económicos «más pujantes», y «de ahí que el Gobierno se haya volcado, también desde el punto de vista de la seguridad, mediante el denominado Plan Verano».
En un comunicado, De Torre ha realizado un primer balance de la seguridad estival en las localidades turísticas de La Janda y ha indicado que las infracciones penales registradas en localidades de esta comarca han descendido casi un dos por ciento (-1,94 por ciento) durante el mes de julio y el porcentaje de detenidos e imputados ha aumentado un 26,83 por cineto con respecto al mismo mes del año anterior.
El subdelegado del Gobierno ha subrayado la necesidad de colaboración con las policías locales, «elementos fundamentales de coordinación en la seguridad de los municipios», que a veces se ven desbordados ante la gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como con la seguridad privada, «nuestros ojos en muchas instalaciones».
Asimismo, ha destacado la importancia en la labor preventiva y de coordinación que tienen las juntas locales de seguridad y sus respectivas mesas técnicas «para garantizar que todo fluya por los cauces de entendimiento precisos».
Igualmente, De Torre ha valorado «muy positivamente» que «por fin el Ayuntamiento de Barbate vaya a colaborar con la Guardia Civil, después del abandono de los núcleos turísticos de Zahara de los Atunes y de Caños de Meca, que han concitado quejas de vecinos y visitantes por la dejadez de las autoridades municipales».
Los técnicos vetaron la contratación sin concurso de vigilantes para las 317 VPO, según Vivas
- "La Ley casi siempre tiene un margen de interpretación subjetiva", recuerda el presidente tras el frenazo a la encomienda por emergencia de la custodia de la promoción a una empresa privada
- La Policía Local hará un "esfuerzo adicional" para que no haya alteraciones del orden público en la zona dando por seguro que, si es necesario, contará con el apoyo de la Nacional
El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, ha explicado este jueves que los técnicos de la Administración local rechazaron, tras una consulta verbal, la posibilidad de incorporar vigilancia privada a la promoción de 317 VPO de Loma Colmenar por la vía de emergencia y sin concurso público, como aprobó hacer el Ejecutivo local el pasado viernes.
Menos de una semana después, la Administración ha dado marcha atrás con una iniciativa que buscaba liberar a una de las dos dotaciones de la Policía Local que están allí de forma permanente desde hace dos semanas y a la que se preveía destinar 20.000 euros al mes hasta diciembre.
El líder del Gobierno ceutí no se ha referido a la indignación suscitada en el sector de vigilancia de seguridad privada por la encomienda directa a una empresa del servicio y se ha limitado a señalar que, a la vista de que su adjudicación reglamentaria llevaría unos dos meses, no parece merecer la pena embarcarse en ese trabajo para culminarlo cuando las viviendas ya estén entregadas o casi (se prevé dar las llaves en noviembre una vez efectuado el sorteo en septiembre).
Preguntado por qué los técnicos sí avalaron el protocolo de emergencia, mucho más rápido, en el caso de los chalecos antibalas y no en este, el presidente se ha limitado a recordar que "la Ley casi siempre tiene un margen de interpretación subjetiva". "Entonces se acreditó que existía una situación que afectaba directamente a la seguridad de los agentes y que se estaba obrando de forma similar en otras Administraciones", ha indicado.
Vivas ha destacado que hasta la fecha "no ha habido ningún problema de alteración del orden público" en la promoción o sus alrededores y ha dicho "esperar y desear" que tampoco se produzca en el futuro, aunque ha dado por hecho que si aconteciese la Policía Nacional respaldaría a la Local "como también se hace cuando se le pide ayuda a esta última". Para terminar, el político ha "agradecido" el "esfuerzo adicional" que hará el Cuerpo que dirige Ángel Gómez para mantener dos patrullas en Loma Colmenar.
En declaraciones a los medios ha vuelto a negar ninguna "categoría administrativa" a la "lista fantasma" de adjudicatarios publicada hace ya casi dos meses y ha defendido por enésima vez el proceso acordado por garantizar "la legalidad, la limpieza, la transparencia y la igualdad" para el acceso a un recurso, esas casas, de "manifiesta finalidad social". "El Pleno acordó crear una Comisión de Investigación sobre lo sucedido con el voto a favor del Grupo Popular; el Gobierno denunció lo acontecido y al ex viceconsejero [Antonio López] en los Juzgado; y la documentación existente está ahí para ser revisada", ha repasado la "intachable" gestión del asunto que a su juicio ha hecho la Ciudad.
Aragón cuenta con 33.000 alarmas antirrobo y el sector ya factura 74,4 millones
M. Tragacete. Zaragoza |25/08/2015 a las 06:00
Vigilancia 24 horas, transporte de recaudaciones de bancos, alarmas de comercios y viviendas... El sector de la seguridad privada factura cada año miles de millones de euros en España. Según la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal del sector, la facturación en 2014 ascendió a 3.384 millones a nivel nacional. De ellos, algo más de 74,4 millones se generaron en Aragón.
Pese a estas cantidades millonarias, la realidad es que la seguridad privada (de la que viven miles de familias ya que sólo la cifra de vigilantes privados supone cerca de 76.000 empleos) acumula una caída de la facturación del 24% desde el año 2009, una bajada que fue muy acusada en 2012 pero que el año pasado consiguió amortiguar. En 2014, tanto la vigilancia como el transporte de fondos retrocedieron la facturación en tasa interanual y solo la instalación de sistemas de alarma aumentó las cifras de negocio (algo más de un 3,5% con respecto a 2013) y ya supone 973 millones para el sector en todo el país.
En España, más de 1,5 millones de comercios y viviendas tienen instalada una alarma, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Del total de instalaciones, en Aragón se ubican algo más de 33.000. Hay establecimientos (como las entidades financieras, las farmacias o las salas de juegos de azar) que están obligados a contar con estas medidas de seguridad, pero un buen número de contratos tienen más que ver con la voluntad de los particulares de proteger sus bienes.
Interior publica cada año, desde el ejercicio 2007, el total de alarmas contratadas y las altas y bajas que se registran anualmente pero hasta ahora nunca había ofrecido datos regionalizados. Las estadísticas revelan que en los primeros años de crisis económica los robos en viviendas registraron un repunte importante y se produjo una importante demanda de alarmas.
Precisamente el verano es una época tradicional de asalto a viviendas vacías y las empresas de seguridad suelen registrar un pico de contrataciones de sistemas de alarma. Según una encuesta realizada por Sondea para Securitas, una de las empresas líderes del sector, casi un 70% de los españoles reconoce que cuando se marcha de vacaciones es cuando más teme sufrir un robo en su vivienda y tres de cada cuatro consideran que los chalets son el objetivo principal de los ladrones.
Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma, aunque en la mayoría de los casos se trató de falsos avisos. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, el año pasado en la Comunidad la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 2.918 robos con fuerza y violencia en hogares y establecimientos comerciales de Aragón.
De esos casi 3.000 robos, las fuerzas de seguridad lograron esclarecer 759 casos y detuvieron por ellos a más de 700 personas.
Casi 1.500 empresas de seguridad en España
Al cierre de 2014, había en España un total de 1.539 empresas dedicadas a la seguridad. En ocho de cada diez casos se trataba de pequeñas compañías que no superaban el medio centenar de trabajadores.
La actividad de las empresas de seguridad privada es seguida de cerca por la Unidad Central de Seguridad Privada, adscrita a la Policía Nacional. El año pasado se realizaron más de 32.000 inspecciones en toda España (960 en Aragón) para comprobar que se respetaba la legalidad vigente. El resultado de esta vigilancia fue la apertura de 4.104 expedientes sancionadores (403 de carácter muy grave) cuyo valor económico superó los 4,4 millones de euros.
Las previsiones de cierre de negocio para este ejercicio “siguen siendo negativas” en el área de vigilancia según informan desde Aproser, pero la situación del sector podría estabilizarse “e incluso comenzar una tímida recuperación” gracias al resto de áreas.
Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas para sobrevivir, según el diagnóstico de la patronal, se resumen en intrusismo, competencia desleal, inseguridad jurídica o los bajos precios de licitación del sector público, que supone un 18% de la facturación total del sector.
Incumplimiento de aforos
Los porteros denuncian «falta de seguridad» en los locales de ocio
Aseguran que discotecas y ´beach clubs´ «confirman que incumplen aforos denunciándose mutuamente»
El presidente de la Asociación de controladores de accesos de Balears, Francisco Cruz, recordó ayer que el 24 de agosto del año pasado denunciaron ante los cuatro principales ayuntamientos de Ibiza los problemas de seguridad de discotecas y 'beach clubs' junto al sindicato Alternativa Sindical, que agrupa a profesionales de la seguridad privada.
En esa denuncia aseguraban que no se estaban controlando los aforos y que los locales de ocio no tenían sus planes de seguridad «al día» ni contaban con «personal habilitado», por lo que temían que en algún momento pudiera pasar «algo similar a lo que ocurrió en el Madrid Arena».
Un año después Cruz todavía no ha recibido respuesta de los ayuntamientos. «Hacen caso omiso, cuando en la ley de actividades nosotros interpretamos que son ellos los que dan las licencias y tienen que inspeccionar», explicó el presidente de esta asociación, que agrupa a 300 profesionales en Ibiza.
Cruz indicó que discotecas y beach clubs han confirmado esta semana que «incumplen sus aforos acusándose mutuamente». «Nosotros tenemos constancia de que los aforos se incumplen tanto en discotecas como en beach clubs, son anomalías que nos preocupan», agregó este representante de los porteros, que indicó que este año la situación es la misma y «ni Consell ni ayuntamientos hacen caso». Esta semana Cruz ha solicitado una cita con el presidente del Consell para expresarle su malestar.
Como ejemplo, el presidente del colectivo explicó que los controladores no tienen «ni idea de qué hacer si hay un incendio» y que no se hacen simulacros para probar los planes de emergencia. «El personal de seguridad debería tener claro cómo tienen que evacuar», insistió Cruz, que aseguró que este tema le genera «una gran inquietud»