Tras varios intentos fallidos, el Gobierno ha adjudicado los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa a una empresa que está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial. El beneficiario es Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, que fue indultado el pasado año por el Gobierno de Mariano Rajoy después de cometer un delito urbanístico.

Según el acuerdo de la Junta de Contratación, la compañía de Ramírez ganó el contrato para dar servicios de seguridad y control a todos los edificios del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos después de realizar un concurso público que se ha alargado durante nueve meses. Tras solicitar varias ofertas, finalmente la Junta resolvió la adjudicación mediante una subasta electrónica en la que factor principal para ganar la puja era el precio ofertado por las empresas. Es decir, el coste por empleado por hora trabajada.

Seguridad Integral Canaria se impuso en la subasta al obtener la mayor puntuación -95,37-, como informó 'Elboenuestrodecadadía', batiendo a competidores como Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece, la filial de ACS. La compañía con origen en las islas afortunadas ofreció 13,70 euros por hora para los vigilantes de seguridad y 5,49 euros para los auxiliares de servicios, por lo que el salario que cobrarían los empleados sería sensiblemente inferior. Se estima que en el segundo caso apenas superará los 3 euros por hora trabajada. La mayoría de los interesados se quedó muy lejos de estos ratios.

Ramírez se hizo con el Lote 1 del concurso que asciende a 31,87 millones de euros por dos años, mientras que Proman Servicios Generales ganó el Lote 2, valorado en 11,12 millones por 24 meses. En total, ambas compañías pagaron 43 millones, por un contrato que estaba valorado inicialmente en 72,57 millones, según el pliego de contratación del Ministerio de Defensa.

Fuentes próximas al Gobierno han indicado que el método de adjudicación fue totalmente transparente y que el criterio principal era el económico para ahorrar dinero a los contribuyentes. Pero lo cierto es que, según la Agencia Tributaria, Seguridad Integral Canaria le hace un flaco favor a las arcas del Estado porqueHacienda la ha acusado de defraudar 2,3 millones entre 2008 y 2009 "al pagar fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas".

Horas extras no declaradas

Así consta en el informe que la Agencia Tributaria remitió este año a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO. El documento subraya que el delito habría consistido en "evitar practicar retención sobre retribuciones satisfechas a trabajadores de Seguridad Integral, mediante el subterfugio de calificarlas como exentas de gravamen". Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, club histórico ahora en Segunda División, siempre ha negado estos cargos. No obstante, el auditor del grupo le puso una salvedad en sus cuentas al no tener provisionada esta posible sanción.

Según consta en el texto, Seguridad Integral Canaria, que desde el pasado mes de agosto asume también la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, así como varios contratos de seguridad para Patrimonio del Estado,"no sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte de los salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaron libres de tributación ya que tampoco se incluyeron por los trabajadores en sus declaraciones de IRPF".

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La inspección de la Agencia Tributaria ha corroborado que las dietas declaradas por Seguridad Integral Canaria suponían "un 30,16 % de los rendimientos de trabajo declarados en 2008 y un 27,9 % en 2009". El informe subraya que para alcanzar la facturación declarada, "Seguridad Integral Canaria tuvo que prestar, como mínimo, 3.134.948 horas de servicio de vigilancia en 2008 y 3.433.629 horas en 2009 y los vigilantes contratados sólo pudieron realizar 2.659.423 horas en el primer año y 2.900.652 en el segundo, por lo que es materialmente imposible que se haya facturado por valor de las horas declaradas con el personal del que disponía y con las horas extra admitidas".

El texto prosigue que "dicha facturación requiere como mínimo 475.524 horas adicionales en 2008 y 532.976 en 2009. Por lógica, estas horas suplementarias sólo pudieron realizarse fuera de la jornada ordinaria de los trabajadores, esto es, mediante horas extra no declaradas".

Un ministro en un concesionario de coches

Miguel Ángel Ramírez, un empresario de origen humilde que se declara hecho a si mismo, fue condenado en 2011 en sentencia firme a tres años de cárcel por delito medioambiental al ampliar su chalet utilizando metros de paisaje natural protegido en el norte de Gran Canaria. El 22 de noviembre del pasado año, el Gobierno lo indultó.

El 4 de diciembre, Ramírez hizo la fiesta de inauguración de un concesionario de coches en Las Palmas al que acudió como anfitrión el ministro de Industria, José Manuel Soria. Para el titular de la cartera de Energía, su paisano canario es "el ejemplo más puro de emprendedor" por su capacidad para convertir "sueños en ideas, estas en proyectos y finalmente en una empresa". 

Fuente: El Confidencial

EL PRIMER CONTRATO, DISTRIBUIDO ENTRE 2014 Y 2015, INCLUYE 9 EMPRESAS
Interior gasta 33 millones en un año para incorporar seguridad privada en las prisiones y da trabajo a 800 agentes

El Gobierno defiende que no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio

El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados.

Así lo explica el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que se detalla que "el coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015".

Esta iniciativa tiene su punto de partida en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de mayo, que autorizaba a Interior a contratar el "servicio de apoyo a la seguridad" en los centros penitenciarios dependientes de la Administración central.

ABARCA A 67 CENTROS PENITENCIARIOS

En consecuencia se preparó un expediente de contratación que cubriese los 67 centros penitenciarios, "estando previsto que el contrato tenga una duración de un año, comenzando el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si esta fuera posterior".

El Ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, "con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato". Por su parte, precisa que el volumen del contrato implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 vigilantes de seguridad que se emplearían.

Interior insiste en que la presencia de estos agentes de seguridad privada no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio y los agentes privados desempeñan "cometidos como auxiliares de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de los centros afectados".

ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

El argumento que defiende el Gobierno es que lo que se pretendía era liberar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que realizasen funciones para las que "resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización".

Desde el mismo mayo se puso en marcha un programa piloto sólo en algunos centros. El proyecto de dicho plan tenía como fin, que si los resultados fueran positivos, se ampliaría al resto de los Centros. "La implantación y funcionamiento del plan fueron satisfactorios, cumpliendo con los objetivos previstos, por lo que la valoración en su conjunto ha sido positiva, haciendo viable su extensión al resto de centros penitenciarios", afirma el Gobierno.

Las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas).

FUENTE:Europa Press

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Vigilantes de Seguridad acusa al Principado de contratar a una empresa que trata mal a sus trabajadores

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) señala que el Gobierno asturiano sólo se guía por las ofertas más baratas y que ha elegido a una compañía que está descolgada del convenio nacional

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha acusado este domingo a la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias de contratar para la vigilancia de edificios a una empresa que trata mal a sus trabajadores.

A través de una nota de prensa, Avispa señala que el Gobierno asturiano sólo se guía por las ofertas más baratas y que ha elegido a una compañía que está descolgada del convenio nacional de empresas de seguridad privada, con el perjuicio económico que supone para los trabajadores, que acumula impagos a sus vigilantes y que incluso otras administraciones han decidido prescindir de sus servicios por aplicar condiciones "deplorables".

Según Avispa, el Principado ha contratado a la citada empresa para que haga la vigilancia de los servicios del Sespa, del centro de menores de Miraflores, del Centro Materno Infantil y de las sedes judiciales de Mieres, Langreo, Gijón y Siero.

"Esta política de adjudicaciones absurda y sin criterio técnico, por parte de la Consejería de Presidencia, aboca a los vigilantes de seguridad afectados a una delicada situación laboral, además de una discriminación manifiesta respecto de los trabajadores de otras empresas que si perciben lo pactado y estipulado en el convenio nacional", han comentado desde Avispa.

FUENTE:EL Comercio

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Interior destinará 33 millones para la seguridad privada en los centros penitenciarios

Pese a que la plantilla de funcionarios de Prisiones no ha aumentado en los últimos años y son cada vez menos los vigilantes que tienen que controlar los más de 100 presos con los que cuenta cada módulo, el Ministerio del Interior ya ha reservado 33,3 millones para este año y el próximo para incorporar vigilantes de seguridad privada al perímetro exterior de las cárceles. Una tarea que hasta ahora realizaban los agentes de la Guardia Civil.

El proyecto piloto para implantar la seguridad privada en el exterior de las prisiones se implantó ya el año pasado en un total de 21 centros penitenciarios, entre ellos los de Teixeiro (A Coruña) y A Lama (Pontevedra).

Mientras Interior ha destinado más de 33 millones a la contratación de 800 vigilantes, que serán destinados a 67 cárceles en todo el país, los sindicatos de prisiones critican que no se están cubriendo los puestos de funcionario y que con ese dinero podrían haber lanzado una oferta de empleo público que superaría las 1.000 plazas. Para los trabajadores de prisiones, este proyecto es "una privatización encubierta", un intento de recolocar a los escoltas que se encargaban de la vigilancia de políticos y personalidades y que se han quedado sin trabajo

FUENTE:laopinioncoruna.es

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