Creuers del Port de Barcelona y Palacruceros, las dos compañías que operan el tráfico de cruceros en el puerto de Barcelona, asumirán a partir del próximo 1 de marzo el servicio de seguridad y el control de pasajeros y equipajes, según el acuerdo al que llegó el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona el pasado miércoles. Ambas empresas deberán llevar a cabo el control de las operativas de embarque y desembarque siguiendo siempre las indicaciones de la APB y las fuerzas de seguridad del Estado.
Este modelo es parecido al que se desarrolla en los aeropuertos. Así, las terminales deberán contar con personal de seguridad privada para las labores de control de personas y maletas, que se complementarán con los agentes de la Guardia Civil.
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Desde la APB afirmaron que los equipos de seguridad permitirán reforzar los controles e inspecciones que se lleven a cargo durante las operativas de embarque y desembarque, sobre todo en un puerto que ha llegado a recibir cruceros con capacidad de hasta 5.000 pasajeros.
Con el objetivo de implantar este servicio complementario de seguridad, el Consejo de Administración aprobaba ayer una nueva tarifa de seguridad de pasajeros y maletas en régimen de crucero a partir del 1 de marzo.
Después de dos semanas de cuestionamientos, este jueves quedó oficialmente revocada la polémica licitación para el alquiler de 215 camionetas blindadas que se adelantaba en la Cámara de Representantes.
La caída del proceso, que le iba a costar al país más de 70 mil millones de pesos, la precipitó un error en los pliegos, revelado por EL TIEMPO el pasado martes y ratificado tanto por la Procuraduríacomo por conceptos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Aunque el director administrativo de la Cámara, Jairo Jaramillo Matiz -responsable del proceso-, insistía en que todo era legal, terminó por reconocer la falla que dejaba a la corporación expuesta a sanciones y multas.
Concretamente, omitió pedirles a todos los miembros de los consorcios y uniones temporales participantes los permisos respectivos de la Supervigilancia para blindar y arrendar carros.
Proceso va a Plenaria
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Vigilantes de Seguridad Privada de la Estación de Ferrocarril de Cabeza del Buey (Badajoz) y agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres de 18 y 28 años, y vecinos de Majadahonda (Madrid), como presuntos autores de un delito de daños consistente en hacer grafitis en vagones de tren.
En una nota, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha informado hoy de que los detenidos fueron sorprendidos realizando esas pintadas y que la actuación policial se inscribe en el "Programa Coopera", cuyo objetivo es potenciar el apoyo operativo mutuo mediante el intercambio bidireccional de información entre la seguridad privada y la Guardia Civil.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del día de ayer cuando los vigilantes sorprendieron a dos jóvenes realizando grafitis en uno de los vagones de la estación de ferrocarril de Cabeza del Buey, por lo que alertaron a la Guardia Civil.
En el momento de ser detenidos, se explica, se les intervienen los botes de pintura con las que pintaron el vagón, causando unos daños valorados en unos 4.500 euros.
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Ahogados por una deuda de la Generalitat. Javier Alonso, director financiero de la empresa de seguridad privada Sequor Seguridad S.A., denunció ayer que la Conselleria de Justicia les debe 2,4 millones de euros por la vigilancia prestada en diferentes juzgados de la Comunitat entre 2007 y 2009. «Han pasado más de tres años y siguen sin pagarnos», lamentó.
El impago pone en peligro miles de puestos de trabajo. «Ante esta deuda y la constante reducción del crédito por parte de los bancos nos encontramos en una situación crítica», reconoció Alonso. Tanto que el sueldo de más de mil vigilantes de la empresa corre peligro. «Si no cobramos antes del verano 1.200 empleados se quedarán sin cobrar la nómina», lamentó Alonso.
El importe total a cobrar es de casi dos millones y medio de euros. «En marzo de 2009 acabamos el servicio y desde entonces nos adeudan 2.472.925 euros. La situación es vergonzosa», afirmó Alonso.
Los trabajos de Sequor Seguridad S. A., antiguo Grupo Cetssa, comenzaron en 2005 y se desarrollaron en juzgados de Valencia, Sagunto, Castellón, Benidorm y Elche, entre otros. En total, 50 vigilantes prestaron servicios de seguridad en edificios y locales de diversos órganos judiciales de toda la Comunitat Valenciana.
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El servicio de vigilancia privada que gestiona la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios (Alciser) en los polígonos industriales de Úbeda realizó durante el pasado año 2010 un total de 557 actuaciones de diferente calado. Ante estas cifras, el colectivo de comerciantes ha hecho un balance muy positivo de este dispositivo, que mantiene gracias a las aportaciones de empresarios.
Concretamente, los vigilantes de seguridad inspeccionaron hasta 368 saltos de alarmas que se produjeron en las naves del polígono e impidieron el robo de gasoil de depósitos de camiones en 5 ocasiones. Además, ante diferentes incidencias, avisaron a la Policía Nacional un total de 27 veces, 30 a la Guardia Civil y 34 a la Policía Local, para que inspeccionaran vehículos o personas sospechosas que merodeaban por el entorno.
Por otro lado, en 36 ocasiones alertaron a los Bomberos por incendios producidos en contenedores de basura o de otros residuos, en su mayoría provocados por actos vandálicos. Y asistieron a las víctimas de 10 accidentes de tráfico que se produjeron en el entorno en sus horarios de servicio.
También, la patrulla atendió la alerta máxima que les trasladó la Guardia Civil en 3 ocasiones, y detectó la rotura de mobiliario urbano del polígono hasta en 14 ocasiones, trasladando posteriormente estos hechos al Ayuntamiento para que los subsanaras. Finalmente, los vigilantes detectaron y apagaron con sus propios medios 3 incendios en vehículos en 3 ocasiones, frustraron el robo en naves en 13 ocasiones, y avisaron 14 veces a la Guardia Civil por motivos diversos.
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