Enmarcado en su clásico sincretismo, en los últimos días, el Gobierno de Somalia parece haber declarado la guerra a los mercenarios extranjeros que operan en el país. Al menos de cara a la galería.

Ya la pasada semana, el ministro de Información -Abdulkareem Jama- aseguró en un comunicado que pondrá fin, de forma inmediata, a los acuerdos firmados con “Saracen International”; tras los últimos rumores que vinculan a la empresa de seguridad privada con el fundador de “Blackwater”.

“No queremos tener nada que ver con Blackwater”, aseguró el funcionario, tras recordar la matanza de 17 civiles realizada en Irak por esta compañía en 2007.

Sin embargo, las piezas de este puzzle político no parecen encajar demasiado bien.

Según un documento datado en mayo pasado, el Gobierno de Somalia habría ofrecido a “Saracen International” una contrata para “capacitar a las tropas, combatir la piratería y luchar contra el terrorismo islamista”.

Y entre los principales beneficiarios del acuerdo, figuran nombres de infame pasado como Lafras Luitingh -director de operaciones de la compañía- y que durante el apartheid formó parte de la Oficina sudafricana Civil de Cooperación, una fuerza seguridad famosa por matar a opositores al Gobierno.

“Necesitamos ayuda, pero no queremos mercenarios”, reconoce ahora el ministro. Pese a ello, no es la primera vez que los hilos de sangre extranjeros salpican a la región.

En octubre de 2009, el Gobierno de Sharif Sheik Ahmed ofreció una contrata a la empresa “CSS Global”, una compañía afincada en Michigan (EE.UU.), y que solo dos años antes, había firmado un pacto con el Departamento de Defensa estadounidense para garantizar la seguridad de su personal en torno a la fortificada “Zona Verde” de Bagdad.

De igual modo, el acuerdo de “capacitación antipiratería” entre “Saracen International” y la región semiautónoma de Puntlandia continúa vigente. Todo ello, pese a que en el país opera un embargo de armas impuesto por Naciones Unidas.

FUENTE: www.abc.es