Después de dos semanas de cuestionamientos, este jueves quedó oficialmente revocada la polémica licitación para el alquiler de 215 camionetas blindadas que se adelantaba en la Cámara de Representantes.
La caída del proceso, que le iba a costar al país más de 70 mil millones de pesos, la precipitó un error en los pliegos, revelado por EL TIEMPO el pasado martes y ratificado tanto por la Procuraduríacomo por conceptos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Aunque el director administrativo de la Cámara, Jairo Jaramillo Matiz -responsable del proceso-, insistía en que todo era legal, terminó por reconocer la falla que dejaba a la corporación expuesta a sanciones y multas.
Concretamente, omitió pedirles a todos los miembros de los consorcios y uniones temporales participantes los permisos respectivos de la Supervigilancia para blindar y arrendar carros.
Proceso va a Plenaria
Para Jaramillo -cuya elección respaldó 'la U'-, sólo bastaba con que uno de los socios lo tuviera. Contradiciendo ese argumento, la procuradora delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño, le envió este jueves a Jaramillo un oficio pidiendo la revocatoria del proceso.
Ocho horas más tarde, y tras una reunión con el presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, y con los organismos de control, se oficializó el reversazo.
La noticia la entregó Jesús Rodríguez, secretario general de la Cámara, en compañía de Jaramillo, quien se abstuvo de dar declaraciones a la prensa, que le preguntó sobre su posible renuncia. De manera simultánea, se expidió la resolución 0093 con la que "se revoca integralmente la licitación".
Rodríguez también anunció que serán todos los representantes quienes definan si se inicia un nuevo proceso o si se opta por otros mecanismos para dotar de carros a los representantes.
"Se llevará a la Plenaria la discusión sobre si los representantes tienen o no derecho a recibir un vehículo blindado para garantizar su seguridad", dijo Rodríguez.
El presidente de la Cámara aseguró que no estaba de acuerdo con que el tema se tratara en plenaria, aunque es fijo que lo acatará si algún parlamentario lo propone.
"La decisión que se tomó nos da tranquilidad a todos. Han sido dos días intensos en los que hemos consultado a las autoridades y nos parecieron sólidos los argumentos jurídicos de la Superintendencia que ustedes habían advertido", le dijo a EL TIEMPO el representante Zuluaga.
También dijo que le preocupa la seguridad de 100 representantes que, según la Policía, tienen algún tipo de riesgo. Por eso, anunció que le consultará al presidente Juan Manuel Santos qué hacer con este centenar de casos que no pueden ser atendidos con el parque automotor actual que tiene esa corporación.
La decisión de la Cámara se une a la tomada esta semana por el presidente del Senado, Armando Benedetti, quien decidió cancelar el proceso de licitación de 210 camionetas blindadas. Ambos procesos le iban a costar al país 140.000 millones de pesos.
El cerebro del negocio
El Polo se opuso a elección de Jaramillo
Jairo Jaramillo Matiz, jefe administrativo de la Cámara y avalado por 'la U', fue el gestor de la polémica licitación. Llegó al cargo con el apoyo del representante Carlos Hernández y con la oposición del Polo Democrático, que lo acusó de tener nexos con el polémico Ramiro Suárez, ex alcalde de Cúcuta. Jaramillo también fue alcalde de esa ciudad y cuando fue elegido dijo que quería mejorar la golpeada imagen de la Cámara.
FUENTE: www.eltiempo.com