Los sistemas de videovigilancia se encuentran entre los más solicitados por las empresas, sobre todo en el sector comercial
El temor a sufrir robos ha llevado a los negocios de la provincia a invertir en sistemas de seguridad, cuya instalación ha aumentado un 31,32% en el último año. En concreto, las empresas zamoranas tenían dados de alta 399 mecanismos de videovigilancia durante el pasado mes de junio, 125 más que durante el mismo periodo del año pasado, según la información facilitada por la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD).
La creciente sensación de inseguridad y la llegada de los descansos estivales son dos de los factores que explican la contratación de sistemas de alarma para prevenir posibles sustos durante las vacaciones veraniegas.
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La Sala anula la sanción impuesta a Endesa, pues, en contra de lo que entendió la Agencia Española de Protección de Datos, sí atendió a la solicitud del interesado de la cancelación de los datos personales que constaban en sus ficheros, considerando correcta la reclamación posterior a dicha cancelación de una deuda derivada de la previa relación contractual entre las partes. Al respecto señala la Sala que el hecho de que Endesa al acceder al derecho de cancelación no especificase que la misma sólo produciría efectos “pro futuro”, no puede ser interpretado como la imposibilidad de utilizar los datos del interesado para reclamarle deudas vencidas y exigibles correspondientes al periodo en que la relación comercial entre ambos subsistía, pues resultaría contrario a los principios inspiradores del derecho administrativo sancionador que la conducta lícita y legal de la actora dejase de serlo porque accedió a la petición de cancelación sin especificar que ello no impedía la posibilidad de reclamar las deudas pendientes.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del presente recurso contencioso-administrativo número 211/2010, interpuesto por el procurador de los Tribunales don Iñigo Muñoz Duran, actuando en nombre y representación de la entidad Endesa Energía SA Unipersonal, contra la resolución de fecha 17 de noviembre de 2009, confirmada
en reposición por resolución de 25 de enero de 2010, dictadas por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se impuso una sanción de 6000 E por una infracción del art. 16 de la LOPD tipificada como leve en el art. 44.2.a) de dicha norma. Ha sido parte la Administración del Estado, asistida y representada por el Abogado del Estado.
¿Qué pasa si un chaval va de botellón, se fotografía de forma poco decorosa, sus amigos cuelgan las fotos en Facebook y a los años decide estudiar magisterio y se pone a buscar trabajo? «Que nadie le contratará», afirma Ricard Martínez, profesor del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. «Hasta hace 10 años, señala, vivíamos en una sociedad en la que teníamos el derecho a equivocarnos; pasaba el tiempo y esa información potencialmente negativa desaparecía o quedaba enterrada entre viejos tomos llenos de polvo». «Hoy está todo a golpe de click. Tu biografía ya no es la que tú cuentas. Tu currículum no es el que escribes, es lo que dice Internet que tú eres», afirma. Y frente a esa nueva realidad, cree que «hay que garantizar algún derecho» a los ciudadanos de que determinadas informaciones puedan desaparecer. Se refiere al derecho al olvido, un problema creciente en la sociedad de las nuevas tecnologías.
Fuentes de la Agencia española de protección de datos (AEPD) señalan que cuando aparecen informaciones personales en blogs y foros que no se consideran de valor periodístico suelen instar al sitio web a que retire lo publicado en aplicación del derecho de oposición y cancelación. «Las solicitudes de ciudadanos pidiendo que se cancelen sus datos en la Red, u oponiéndose a que estos sean recuperados por buscadores, no paran de crecer», afirman desde la AEPD.
En concreto, las instancias para que la AEPD tutelase esos derechos, por la publicación de datos personales, principalmente en diarios oficiales (sanciones administrativas, edictos de deudas vencidas y sentencias) o medios de comunicación digitales y su indexación por parte de buscadores, se han incrementado en un 56% entre 2010 y el año anterior y se han multiplicado por cuatro desde 2008. Aunque las cifras son aún modestas (89 reclamaciones en 2010, frente a las 3 de 2007), el crecimiento es exponencial, al mismo ritmo que el desarrollo de la sociedad de la información.
Pere Simón, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Gerona, coincide en que hay una preocupación creciente. «Pero estamos en un momento embrionario del problema», afirmó esta semana durante un congreso organizado por la UOC en Barcelona. «¿Qué pasará dentro de 20 años cuando la generación que hoy es joven y que lo comparte casi todo, desde fotos, comentarios o vídeos, quiera rectificar comportamientos del pasado?», se cuestionó. La Comisión Europa lleva meses tratando de dar una solución a este interrogante y a principios de año prometió que antes del verano presentaría una propuesta legislativa para proteger el derecho al olvido en las redes sociales. El objetivo, según anunció la comisaria Vivian Reding, es que los usuarios puedan exigir a empresas como Facebook que borren completamente sus datos personales o fotos cuando se den de baja en el servicio. La iniciativa comunitaria cuenta con el respaldo del 75% de los ciudadanos europeos que apuestan por poder borrar sus datos personales de la Red siempre que lo deseen, según una encuesta del Eurobarómetro. Quienes no están muy de acuerdo son las grandes compañías como Facebook o Google.
Expedientes abiertos
La filial española del buscador más importante de Internet tiene más de un centenar de expedientes abiertos por la AEPD tras las denuncias de personas que se sienten perjudicadas por la información personal que encuentra y muestra el sitio web. Se trata de casos de ciudadanos cuyos nombres aparecieron en el BOE o en la prensa. Aunque hacían mención a problemas antiguos, y estas personas resolvieron sus sanciones o pagaron sus condenas, sus nombres permanecen en la Red y es fácil llegar a ellos con solo realizar una búsqueda.
La Audiencia Nacional aún debe pronunciarse y se plantea recurrir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo para dilucidar quién debe eliminar en Internet los enlaces a los contenidos con datos personales: si la fuente original (BOE o periódico) o el buscador. Google no tiene duda y, según sostiene la directora de su asesoría jurídica, María González, mantendrá su postura de no ocultar información «lícita y veraz» si no es eliminada en las páginas web de origen.
FUENTE: www.ideal.es
La reputación online no es un tema que preocupe sólo a las empresas. También los particulares puden verse afectados por suplantaciones, difamaciones o por el contenido que ellos mismos han subido a la Red. El derecho al olvido viene solucionar este problaema.
Al hilo de la reciente noticia sobre el despido de un trabajador de un hospital de Cartagena por suplantar a su jefe en Facebook, vamos a hablar esta vez de qué ocurre cuando el daño a la reputación lo sufre una persona, no una empresa.
Además de los métodos más comunes para dañar la imagen de una persona, como pueden ser las críticas en foros de opinión, últimamente se está poniendo “muy de moda” suplantar identidades virtuales; de hecho, este fue el principal motivo de denuncias relacionadas con Internet ante la Agencia Española de Protección de datos el año pasado.
Lo que antes se limitaba a aparecer en alguna página de contactos, porque alguien facilitaba tus datos a desconocidos, hoy se ha reemplazado por la creación de perfiles falsos en redes sociales, comunicándose el suplantador con tus amigos y conocidos, con el único fin de dañar tu imagen.
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Según ha informado el servicio de emergencias 112, la desaparición fue advertida ayer a última hora de la tarde, a las 20:11 horas, después de que el joven, del que no han sido facilitado datos personales, fuera visto por última vez mientras tomaba un baño en el embalse.
El joven formaba parte de una excursión de 15 personas que habían llegado al embalse procedentes de Madrid para pasar el día en esta zona, que advirtieron su ausencia y avisaron a los servicios de emergencia.
El helicóptero de rescate de la Agencia de Protección Civil, junto con agentes de la Guardia Civil del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) y Bomberos de Segovia, rastrearon a última hora de la tarde la zona en la que el desaparecido fue visto por última vez, pero la búsqueda fue suspendida al caer la tarde por falta de luz.
A primera hora de la mañana, la Guardia Civil ha reanudado el operativo de búsqueda, al que se han incorporado agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados positivos.
El embalse del Pontón Alto se sitúa entre los términos municipales de Segovia, San Ildefonso y Palazuelos de Eresma, suministra agua a los tres núcleos de población, y es también una de las zonas de recreo estival más frecuentadas en esta época.
FUENTE: www.abc.es