La nueva directora de la Agencia para la Reeducción y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, Regina Otaola,fichada por Esperanza Aguirre el pasado 30 de junio, ha jurado esta mañana su cargo con "ilusión" y ha afirmado que en la capital va a estar a gusto y "más libre que el País Vasco".

"Es diferente. Yo desde luego aquí me encuentro muy bien, libre, y siempre he dicho que aunque sea vasca soy española, y toda España es mi casa, así que voy a estar a gusto aquí, y más libre que en el País Vasco, por supuesto que sí", ha subrayado Otaola, de 59 años y que estudió Derecho en la capital. El acto ha estado presidido por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y por Regina Plañiol, consejera del departamento del que depende la agencia de Otaola, Presidencia y Justicia.

La suplantación de identidades en las redes sociales está a la orden del día. Es fácil, barata y rara vez tiene consecuencias para el suplantador, aunque sus efectos pueden resultar devastadores para el que la sufre. Desde la atalaya de un perfil falso se puede insultar y criticar a todo el círculo de amistades del afectado, así como subir fotos que este no desea hacer públicas y hacer comentarios que lo dejen en evidencia o manifiesten una actitud arrogante. Cosas que harán que los contactos (estos sí, reales) que tienen acceso a su perfil se vuelvan en su contra.

El año pasado, la suplantación fue uno de los principales motivos de las denuncias relacionadas con internet investigadas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Algunas de ellas se habían producido en páginas de contactos. Es uno de los casos más frecuentes. También los de exempleados dolidos con sus antiguos jefes y los de profesores que sufren en versión 2.0 las burlas de sus alumnos, que antes se limitaban al aula o al recreo. Porque los reyes indiscutibles de la suplantación son, con diferencia, los adolescentes.

El organismo contra las redes de descarga y el intercambio gratuito presenta su primer informe

El 97,4% de los actos de piratería detectados por la Hadopi escapan a la propia Hadopi. Eso es lo que se deduce del balance presentado ayer por la Alta Autoridad de lucha contra las redes de descarga e intercambio gratuito de obras (la Hadopi) francesa, tras nueve meses de actividad. Según los datos, la Autoridad recibió en total 18.000.000 actas de denuncia que le fueron presentadas por las sociedades de gestión de derechos que vigilan las redes. De esos 18 millones, la Autoridad solicitó con éxito a las empresas de acceso a internet que le suministraran los datos de 900.000 conexiones, y luego pudo enviar el célebre primer email de advertencia a sólo 470.000 esos internautas culpables de P2P detectados, mail que constituye el primer paso hacia la sanción de desconexión.

Así lo ha expresado hoy María González Ordóñez, directora de la Asesoría Jurídica de Google España, durante su intervención en el Congreso Internet, Derecho y Política, organizado por la Universitat Oberta de Catalunya en el edificio Media-Tic de Barcelona, en una jornada que se ha centrado en la privacidad y la protección de datos en la red y el denominado "derecho al olvido".

Google España tiene más de un centenar de expedientes abiertos por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tras las denuncias de personas que se sienten perjudicadas por la información personal que encuentra y muestra el buscador, bien sea porque son datos falsos, incompletos o desfasados por el tiempo transcurrido y les afectan negativamente en su vida actual.

El Consejo de Policía se ha constituido tras las elecciones celebradas el pasado 13 de junio. Este órgano paritario de participación de los agentes de la Policía Nacional y de la Administración está integrado por un total de 32 consejeros. Debido al notable incremento de efectivos en la Policía Nacional, el número de representantes policiales del renovado Consejo asciende a 16, dos más que en años anteriores. Los otros 16 miembros de la Administración han sido designados a través de una orden del Ministerio del Interior publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado.

La representación de los miembros de la Policía Nacional en el Consejo de Policía se estructura por Escalas, con un representante cada 6.000 funcionarios o fracción. Tras el proceso electivo, los 16 representantes quedan distribuidos del siguiente modo:

Nueve consejeros para la coalición SUP-UFP, seis de ellos pertenecientes al SUP y tres a la UFP: un consejero de la Escala Ejecutiva, uno de la Escala de Subinspección y siete de la Escala Básica

Cinco consejeros del CEP pertenecientes a la Escala Básica

Un consejero de la coalición CEP-SPP de la Escala Ejecutiva

Un consejero del SPP de la Escala Superior

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