Una idea nueva está expandiéndose por el viejo continente: los ciudadanos de la era digital deberían tener entre sus derechos fundamentales el “derecho a ser olvidados”. En España, el gobierno ha tomado medidas pioneras para obligar a las empresas de tecnología a garantizar este tipo de posibilidades a sus usuarios.
Continente reservado
Fueron 90 los ciudadanos españoles que, por razones como la preocupación porque su dirección sea pública en la Red, enviaron quejas formales frente a la Agencia Española de Protección de Datos.
El caso de estas personas aún debe ser considerado por las cortes españolas, pero por el momento el gobierno del país pidió a empresas como Google que dejen de almacenar su información.
Europa tiene un historial de rechazo hacia prácticas de la era digital consideradas menos controversiales en otras regiones del mundo, como por ejemplo la toma de fotografías de cada calle de sus ciudades y pueblos más importantes para las plataformas de mapas digitales.
Orden de 21 de julio de 2011 por la que se crean ficheros con datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Educación, Formación y Empleo.(BORM de 9 de agosto de 2011).Texto completo.
ORDEN DE 21 DE JULIO DE 2011 POR LA QUE SE CREAN FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO
Preámbulo
La creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública de esta Administración Pública Regional sólo podrá hacerse mediante Disposición General o Acuerdo publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 52 y 53 del Real Decreto 1720/2007,de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se crea la Sede Electrónica de la Entidad (BOE de 8 de agosto de 2011) Texto completo.
RESOLUCIÓN DE 18 DE JULIO DE 2011, DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS, POR LA QUE SE CREA LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, creó el concepto de sede electrónica, justificado por “la necesidad de definir claramente la “sede” administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad”. El artículo 10.1 de la misma ley define la sede electrónica como “aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias”. El apartado 3 del mismo artículo establece que “cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas”.
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que inició un procedimiento de declaración de infracción contra el ayuntamiento y el hospital de Inca por la presunta cesión no autorizada de datos de pacientes, esperará a la resolución del proceso penal abierto por esta misma causa. Este procedimiento de infracción se abrió a raíz de la denuncia interpuesta por UGT ante este organismo tras las informaciones publicadas por este rotativo. Según explica este sindicato, la AEPD, a la vista del contenido de la denuncia presentada más tarde por el Ib-Salut en los juzgados de Inca y de que en ella se aprecian indicios suficientes de que "pudiera existir identidad entre los sujetos y la presunta infracción administrativa del procedimiento en trámite", ha acordado la suspensión del procedimiento sancionador hasta la resolución judicial penal firme. UGT confía en que se aleje toda sospecha del personal del hospital por algo que presuntamente ha filtrado un cargo político.
FUENTE: www.diariodemallorca.es
Sólo se multaba a quienes sobrepasaban los 75 minutos y dejó de funcionar en marzo
Juan Ignacio Zoido derogó el Plan Centro apoyándose en un informe de Enrique Gutiérrez, jefe de sección del Centro de Control de Tráfico de Sevilla, que desvelaba numerosas irregularidades en el funcionamiento de las cámaras y del software que lo regulaba. Ayer, el Gobierno municipal popular dio a conocer la existencia de otros dos informes elaborados por funcionarios de la Delegación de Movilidad sobre la aplicación del Plan Centro, informes que confirmarían muchas de las irregularidades recogidas en el primer informe.
Los dos nuevos informes —que Zoido no hará públicos hasta no tener el consentimiento de los funcionarios que los firman— pondrían de manifiesto que la falta de personal obligó a limitar las multas a los conductores que permanecían en el casco histórico entre 75 y 200 minutos y no 45 minutos, como anunciaron PSOE e IU. Asimismo, ratificarían que desde el mes de marzo de 2011 no se tramitan las sanciones, entre otros motivos por la falta de personal que había en dicha sección. «Una falta de personal conocida por los superiores y encargados de la delegación de Movilidad», al frente de la cual estaba el socialista Fran Fernández. Uno de los dos nuevos informes señalaría también que durante la instauración del Plan Centro hubo fallos en el sistema, cuestionándose incluso la protección de los datos de los conductores sancionados.
Leer más: Otros dos informes confirman que el Plan Centro fue un fraude