EMPRESAS | 50.000 euros de sanción
Multa a Movistar por declarar insolvente a su cliente sin reclamar el pago de la deuda
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con una multa de 50.000 euros a Movistar por incluir los datos personales de un cliente moroso en una base de datos de insolventes sin haberle reclamado antes su deuda.
La resolución de la AEPD, que data del pasado mes de octubre, establece que "ha quedado demostrado" que Movistar incumplió lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos al incluir a su cliente en un fichero de insolvencia antes incluso de reclamarle el pago de la deuda, lo que supone una falta grave.
Los hechos comenzaron en enero de 2010, cuando un consumidor se da de alta en Movistar con un contrato de tarifa plana de Iphone. Tras recibir la primera factura, en febrero de 2010, decide cambiar su plan de precios y manifiesta su disconformidad con la factura en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y en la misma Movistar.
Movistar se lo deniega porque el apoyo económico recibido estaba vinculado a una permanencia de 18 meses no sólo en la misma compañía, sino en el mismo plan de precios. No obstante, la discrepancia se produce porque, según el denunciante, Telefónica le incluyó en un archivo de morosos antes de reclamar el pago.
Y es que efectivamente, desde el 10 de marzo de 2010, el cliente pasa a formar parte del archivo de insolvencia económico-patrimonial de Experian Bureau de Crédito, aunque unos meses más tarde le da de baja "en señal de buena voluntad".
En su resolución, la AEPD no entra a valorar la existencia de la deuda y se limita a destacar que la inclusión de los datos personales de este consumidor en un fichero de morosos antes de reclamar el pago y agotar la vía comercial constituye un hecho grave que lesiona el derecho a la protección de datos de carácter personal de sus clientes y le sanciona con 50.000 euros.
Facebook introducirá cambios en la política de privacidad en Europa
Ya decían nuestras abuelas que en ocasiones lo barato sale caro. Facebook estableció en Irlanda su sede europea porque allí las empresastecnológicas y de Internet pagan menos impuestos, y se supone que tienen leyes de privacidad bastante flexibles. Bien, les ha salido el tiro por la culata. Ahora se van a ver obligados a cambiar su política de privacidad, para toda Europa. Tienen que tomar esta medida tras el informe elaborado por la oficina del Comisionado Irlandés para la Protección de Datos, un equivalente de la Agencia Española de Protección de Datos. El informe muestra la preocupación de las autoridades irlandesas por el modo en que Facebook almacena y emplea los datos de sus usuarios.
Los irlandeses comunicaron a los ejecutivos europeos de Facebook los resultados del informe, y les indicaron que estaban bastante descontentos. Les recomendaron que introdujeran ciertas modificaciones en la política de privacidad, y los de la red social han accedido a hacer estos cambios. Como premio, han recibido la palmadita en la espalda de las autoridades irlandesas de protección de datos, que dicen que están muy satisfechos con la colaboración de Facebook, y que entre todos han superado positivamente el reto de ponerse de acuerdo para beneficiar a los consumidores. Facebook tiene seis meses para poner en práctica estas mejoras, y además será sometido de nuevo a una auditoría en julio del año que viene.
de elegir cómo desean que se emplee y comparta su información en el sitio, incluyendo el modo en que aplicaciones de terceros utilizan los datos de los usuarios. En estos momentos, hay muchos diseñadores de aplicaciones que hacen un uso abusivo de sus prerrogativas, y piden cantidades de información que van mucho más allá de la estrictamente necesaria para el manejo de las aplicaciones, y desde luego más allá de lo que sería una práctica comercial adecuada. Además, los usuarios deberán tener acceso a toda la información que el portal almacena sobre ellos. Esto es de la máxima importancia porque hasta ahora, cuando los usuarios solicitaban el acceso a sus datos, sólo recibían entre el 10 y el 15% de lo que realmente guarda el portal.
Los de Facebook además se han comprometido reducir los plazos de eliminación de la información redundante a la vez que otorgan a los usuarios un mayor control sobre las etiquetas y la información que terceros introducen sobre ellos en la red social. También podrán ejercer mayor control sobre el modo en que otros usuarios les introducen en sus grupos de amigos. El equipo de la red social ha decidido poner a mal tiempo buena cara, y han coincidido con los irlandeses en que esto en realidad no es un enfrentamiento con las autoridades irlandesas, sino una estrecha colaboración, el primer paso en la introducción de tecnologías que van a satisfacer el legítimo interés de los usuarios por controlar la manera en que las empresas emplean y rentabilizan sus datos personales
Facebook hará cambios en su privacidad en toda Europa tras una demanda realizada en la Agencia de Proteccion de Datos Irlandesa
Facebook deberá realizar las modificaciones pertinentes en su política de privacidad para mejorar la calidad de la misma, a raíz de una auditoría internarealizada por la Agencia de Protección de Datos Irlandesa.
Esat ta situación viene generada tras someterse Facebook s a una auditoria por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda tras registrar 22 quejas por parte de un estudiante de derecho, por guardar datos de usuarios que habían decidido eliminar. Esta denuncia no es la primera a la que la red social de Mark Zuckerberg se enfrenta. A finales de 2009, su creador ya fue denunciado por su nueva política de privacidad, pues, a juicio de las asociaciones norteamericanas “atentaba contra los derechos de sus usuarios”.
El centro de protección de datos del estado alemán Schleswig-Holstein declaró en agosto ilegales los ‘plug-ins’ sociales como el botón ‘Me gusta’, ya que expone el perfil del usuario. Las páginas web de este estado deberían haber eliminado dicho botón antes del 30 de septiembre para evitar ser multadas.
El estudiante que ha generado todo esterevuelo es Max Schrems. Este pidió a Facebook una copia de sus datos en el mes de junio, y a partir de ahí cuando recibió el CD que contenía toda su información se dio cuenta de que ese contenido, previamente suprimido de su perfil en los tres años que llevaba unido a esta red, aún permanecía. Max Schrems, ha decidido plantarle cara a Facebook tras descubrir que esta red social mantenía 1.200 páginas con datos personales sobre él, a pesar de ejercer su derecho de cancelación. Por esta cuestión se enfrenta a una multa de 100.000 euros.
La compañía tiene su sede en Dublín, motivo por el cual han sido las instancias irlandesas quienes han formalizado la demanda. Desde Facebook han asegurado que pondrán en marcha cambios en toda la Unión Europea “que se implementarán paulatinamente”, extendiéndose poco a poco al resto del mundo. La mayor parte de las modificaciones tendrán que ver, fundamentalmente, con el control que tienen los usuarios de sus datos una vez salen de sus manos.
Por ejemplo, el uso de las etiquetas en las fotos. Hay quien no desea que su nombre aparezca en fotografías que no estén directamente en su muro, para evitar que se le pueda “rastrear” a lo largo y ancho de la red social. Facebook mejorará este aspecto e incluirá opciones para restringir el etiquetado. Lo mismo sucederá con la inclusión en grupos y, por supuesto, con el tránsito de los datos a terceras personas que pueda derivar en el envío de spam.
Otro aspecto que ha causado polémica, y en el que ha incidido la auditoría, es el nuevo sistema de reconocimiento facial de la red social. De modo similar a lo que sucede con el etiquetado, podrá desactivarse para aquellas personas que no quieran que su rostro esté incluido (y asociado a su nombre) en la base de datos de Facebook.
fuente:diariojuridico
Sanción a Movistar por incluir a un cliente en un archivo de morosos
La compañía de Telefonía Móvil castigada a pagar 50.000 euros
- Cuando el negocio es cobrar la deuda de otros
- Las multas no frenan la inclusión ilegal de clientes en listas de morosos
Telefónica Movistar ha sido sancionada con 50.000 euros por una falta tipificada como grave debida a la inclusión de un cliente moroso en un fichero de insolvencia antes de reclamar el cobro, según ha informado hoy en un comunicado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En este caso se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos que indica que sólo se podrán registrar y ceder datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia patrimonial, añade la AEDP en el escrito.
Los hechos acontecieron el pasado 13 de enero de 2010 cuando un consumidor, C.C.C., se dio de alta en la compañía con un contrato de tarifa plana de Iphone. Tras recibir la primera factura, el 2 de febrero, el cliente decidió cambiar su plan de precios y así manifestó su disconformidad con la cuantía a pagar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y en la misma Movistar. Por su parte, la compañía se lo denegó alegando que el apoyo económico estaba vinculado a una permanencia de 18 meses que incluía no sólo incluía un compromiso de estancia en la misma compañía, sino con un plan de precios determinado.
El conflicto surgió cuando el denunciante se percató de que Telefónica le había incluido en un archivo de morosos antes de reclamar el pago. Dato demostrado, ya que desde el 10 de marzo del mismo año, el cliente pasó a formar parte del archivo de insolvencia económico-patrimonial de Experian Burean de Credito. La compañía no obstante, basó su defensa en que el cliente causó baja el mismo 9 de febrero y que -para más seguridad- se le remitió por correo certificado recibido por el cliente más de dos meses después, exactamente, el 26 de abril de 2010.
Tras el requerimiento de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Movistar finalmente remitió todo el expediente el 19 de mayo. Misma fecha en la que decidió causar baja del cliente del archivo de morosos en señal de buena voluntad.
Finalmente la AEPD concluye, en el expediente sancionador, que –más allá del impago y de la deuda no satisfecha- queda probado que Telefónica incluyó a un cliente en un registro de morosos antes de reclamar el pago y agotar la vía comercial. Considera que es un hecho grave que lesiona el derecho a la protección de datos.
fuente:El Pais
Consume y Muere
SMS no solicitados: el timo “Premium”.
He sido uno de los afectados en una estafa que consiste en el alta a un servicio que no solicité. Me envían mensajes publicitarios por los que me están cobrando, por no decir robando, 1’42 euros por mensaje desde octubre de 2011. 30 euros al mes con un total de 72 euros cobrados”, explica David Méndez, en un foro donde los afectados por los SMS Premium, estos mensajes telefónicos no deseados pero sí reflejados en la tarifa telefónica, se coordinan para lanzar una denuncia colectiva.
Antonio Muñoz me cuenta una experiencia parecida. “Recibí un mensaje en el que se me invitaba a escoger entre una serie de regalos que en teoría podía canjear por puntos. Como no venía el nombre de ninguna empresa, enseguida pensé que era de mi compañía, Movistar. Entré en la web y mi sorpresa fue mayúscula cuando dos meses después, cuando ya ni me acordaba, me di cuenta de que desde ese momento llevaban cobrándome 24 euros adicionales cada mes en mi factura de teléfono”.
El 70 por ciento de las denuncias en tarificación adicional corresponden precisamente a estos servicios de alerta, según denuncia CEACCU en base a las cifras de la memoria anual de la Comisión de Seguimiento de Servicios de Tarificación Adicional. La situación es tan preocupante que el propio gobierno acaba de alertar de estas prácticas que varias organizaciones de consumidores llevan años denunciando. Según reconocen el propio Ministerio de Industria hay algunas webs que llegan a suplantar la identidad de algunas marcas para conseguir el número de teléfono móvil de los internautas y así empezar a bombardearles con estos mensajes a precio de oro. La Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarifación adicional ha abierto 11 expedientes tras iniciar una investigación en noviembre. La compañía Movistar, por su parte, acaba de anunciar este mes que solicitará a estas empresas un documento en el que se refleje el consentimiento de su cliente a la contratación de estos servicios, la firma del mismo y una fotocopia de su DNI, ya que el 7% de sus reclamaciones totales corresponden a estos supuestos servicios de alerta. La organizaciones de consumidores animan al resto de compañías a hacer lo mismo y piden, además, que los servicios de alerta venga desactivados por defecto en los teléfonos móviles de forma que los clientes tengan que dar su consentimiento explícito para que las compañías puedan empezar a enviarles mensajes.
Los consumidores afectados coinciden también en que la supuesta contratación de estos servicios de alerta les pasó totalmente inadvertida. Muchos ellos se limitaron a abrir un mensaje recibido en el móvil. Otros defienden que ni siquiera llegaron a hacerle caso a estos mensajes y niegan haber introducido su número en ninguna página de promociones sospechosas. Lo que sí que parece claro a la luz de sus testimonios es que en ningún momento se les informó ni del servicio en sí ni de sus precio ni de sus condiciones. Por esta razón, CEACCU cree que una de las formas más efectivas de enfrentarse a este engaño es instaurar el sistema de opt-in, que exige la contratación y autorización expresa del servicio y que es el modelo que rige en la mayoría de Europa. Esta implantación obligaría a la introducción de una regulación por parte de la Administración que complete la que instauró en 2008, que exigía por ejemplo a las compañías telefónicas desglosar en las facturas el importe de estos supuestos servicios. Medidas que no pueden evitar que las decenas de empresas que se lucran con los SMS Premium estén actuando prácticamente a sus anchas. Sólo un dato sirve para hacerse una idea. De las 1.606 reclamaciones presentadas por fraudes SMS Premium en un año, solamente se han retirado siete de los números que utilizan estas compañías.
En el caso de que el consumidor ya haya tenido una sorpresa desagradable en su factura, CEACCU recomienda enviar la palabra BAJA en un SMS al número desde el que le están enviando las alertas. Después hay que informar a nuestra compañía telefónica para que bloquee la tarificación de cualquier otro mensaje que puede enviar la empresa en cuestión. Una vez nos hemos asegurado de que ya no se van a seguir recibiendo estos mensajes-timo, hay que comenzar el proceso de reclamación en el que resulta muy útil contar con el asesoramiento de una organización de atención a los consumidores.
Lo primero sería identificar la empresa que nos está cobrando indebidamente y contactar con ella para asegurarnos de que se ha realizado la baja y solicitar todos sus datos. “Cuando contacté con ellos se escudaban en que yo lo había contratado y fue imposible sacarles de ahí ni que me devolvieran ningún importe”, explica Antonio Múñoz. A continuación, dado que estas empresas están más que acostumbradas a capear con los supuestos clientes airados, habría que reclamar ante la Dirección General de Consumo de cada comunidad, o ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de tu localidad. También se puede presentar una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos, ya que estas empresas suelen obtener su información vulnerando los principios recogidos por la ley para la defensa de la privacidad. Existe también la posibilidad de iniciar un reclamación vía judicial para lo cual hará falta contar con la ayuda de un abogado. En este caso, sin embargo, el requisito es que la cantidad que el consumidor considera que ha sido cobrada de forma fraudulenta por el falso servicio debe exceder de los 400 euros. En el caso de que la cantidad sea inferior se puede optar por lanzar una denuncia colectiva junto con otros usuarios que estén en la misma situación. En cualquier caso, la actuación penal es completamente independiente de la civil.
fuente:Periodismohumano