LOS AGENTES DENUNCIAN PRESIONES PARA GRABAR DATOS "ILEGALMENTE"
La Guardia Civil ficha a miles de ciudadanos 'inocentes' en un registro sin su conocimiento
Si durante los últimos tres años la Guardia Civil le ha parado en un control rutinario, pese a que usted no haya cometido ninguna infracción ni sea sospechoso de actividad delictiva alguna, con toda probabilidad sus datos personales están registrados en SIGO, la base de datos sobre seguridad ciudadana con que funciona el cuerpo. Nombres, direcciones, teléfonos y actividades que “han alimentado esta base sin conocimiento de los ciudadanos que, a partir de ese momento, pasan a tener antecedentes policiales”, denuncian los propios agentes.
La Unión de Guardias Civiles, sindicato que agrupa a unos 7.500 agentes del cuerpo, denunciaba esta semana la situación en Navarra donde, dicen, se les está pidiendo “que identifiquen al mayor número de personas posible” no sólo con su nombre, sino con datos como el número de móvil o los lugares de donde procedían y a donde se dirigían en el momento de su identificación. Estos datos se archivan. “Y si la información se ha recabado en un control antiterrorista o antidrogas, la persona identificada pasa a tener antecedentes policiales vinculados a drogas o terrorismo”, asegura Manuel Mato, presidente del sindicato.
“Y eso es ilegal”, asegura Mato. Se basa en la Ley de Protección de Datos, muy clara al respecto: “La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto”, señala. “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”, añade el artículo 22.
Para la Unión de Guardias Civiles, no son pertinentes nunca. “Son datos completamente innecesarios sin relevancia policial alguna que engordan la base de datos artificialmente”. ¿A qué responde entonces este procedimiento? Antonio Benítez, secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Navarra, es durísimo en su explicación: “Mediante este sistema los mandos incrementan sus cifras de productividad sin trabajar. En Beriáin (municipio de 3.800 habitantes en el área metropolitana de Pamplona) ponen trabas a los agentes a la hora de investigar delitos. No se van a comer cinco detenidos cuando con unas identificaciones gano un par de puntos en la estadística y no tengo más trabajo”, acusa. La productividad lleva aparejados además complementos salariales que pueden llegar a los 600 euros para un teniente o un capitán, explica. De los 38 agentes de Beriáin, 15 están de baja piscológica, entre otras cosas, dice Benítez, “por la insoportable situación creada cuando se han negado a fichar a estos ciudadanos”.
Práctica generalizada
Pero esta práctica no sólo se lleva a cabo en Navarra, o cuando se para un coche en un control. “Esto ocurre en toda España. Se meten en SIGO los datos de todo aquel que entre en un cuartel con cualquier motivo, o en dependencias de Tráfico para hacer una gestión, o aparque un coche cerca de un cuartel o un edificio público”, aseguran.
El Confidencial se ha puesto en contacto con varios guardias civiles de diversos servicios de Castilla y León, Castilla La Mancha, Asturias y Galicia. Todos ellos piden que se oculte su identidad, por miedo a represalias. Y todos coinciden: los agentes del cuerpo en sus comunidades autónomas fichan a ciudadanos perfectamente limpios y sin sombra de sospecha, sin informarles de ello. No tienen órdenes escritas de sus mandos, pero sí una fuerte presión.
No hay mandato escrito en ninguna comandancia. La orden siempre es verbal: “Se nos exige que al menos identifiquemos entre 8 y 10 vehículos por cada servicio. Tenemos que preguntarles hasta el número de teléfono. Llevamos unos tres años así pero, si te niegas, te van a asignar peores servicios y no vas a volver a ver un complemento de productividad en la vida”, denuncia Benítez. Y eso, para un agente servicio de seguridad ciudadana supone perder 120 euros; si es de Tráfico, 190.
Los agentes confirman que las identificaciones no sólo se hacen en controles de carretera. “Cualquier ciudadano que entra en la comandancia de Gijón es identificado”, señala un guardia civil asturiano. Hasta ahí, normal. Ocurre con la seguridad privada en cualquier edificio de oficinas. “Pero también se les pide el móvil y el teléfono particular. Todos esos datos van al SIGO. Hay personas que se extrañan y preguntan por qué pero acaban proporcionando sus datos ante la tesitura de que no los dejen pasar”. En Galicia, explica un agente de Lugo, “también existe la orden de que se metan los máximos datos posibles aunque ya no nos exigen un número mínimo de identificaciones diarias”.
“Creemos que estamos vulnerando la ley”
En Castilla La Mancha, explican, también se incluye a cualquiera que haga una gestión en dependencias de la Guardia Civil. Y “los oficiales están presionando a las patrullas para que hagan identificaciones aleatorias. Se han llegado a exigir entre 5 y 15 identificaciones a cada una”, denuncian. Y hay agentes angustiados: “Creemos que estamos vulnerando la ley y eso es una situación dramática. Porque se nos presiona para hacerlo pero no hay orden escrita. Si se demuestra la ilegalidad de lo que hacemos no va a pagar el pato ningún mando, ni el Ministerio del Interior”.
Las dudas de los propios miembros de la Benemérita sobre si están infringiendo la ley alimenta los foros de la Guardia Civil donde escriben sus experiencias: “Fría noche de invierno en un recóndito pueblo de la España más profunda. Pareja de la guardia civil que no ve pasar un alma. Oficial y suboficial que el día anterior dan la charla sobre la necesidad de grabar más hechos en SIGO alegando que la estadística va fatal, y que como la cosa no cambie se va a mirar todo con lupa. Llevan desde las 3 de la noche en la carretera principal, la única de importancia en la demarcación y por la única por la que puede pasar alguien. Puede que estén robando en cualquier otra parte, pero qué importa eso, lo fundamental es el identificado. Una luz aparece a lo lejos. En la cara de los guardias se puede observar una amplia sonrisa... ¡Ahí tienen a su identificado! Lo paran. Es el del reparto de periódicos y no tiene ningún tipo de interés policial, pero da igual, ellos tienen a su identificado y por lo pronto no van a ser mirados con lupa. Le piden el DNI. Como ya saben, no tiene ningún antecedente. En el coche y sin que él lo vea (no vaya a ser que pregunte para qué le toman los datos) anotan toda la filiación. Cuando llegan al Cuartel lo introducen en SIGO y respiran tranquilos. ¡Hemos cumplido!”.
Los agentes denuncian prácticas similares en Valencia, Baleares y otras comunidades. “Yo también he visto pisotear los derechos fundamentales, por grabar a una persona, por el simple hecho de ser extranjero, o al derecho a la intimidad cuando a un ciudadano se graba en una base de datos mientras ejerce su libertad de circulación en compañía de sus amistades”. Sus compañeros le responden: “Está claro que mientras se siga premiando la cantidad en los identificados se seguirán pisoteando indirectamente los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Explicaciones y denuncias ante Protección de Datos
La Guardia Civil reconoce que se incluyen en el SIGO los datos de cualquier ciudadano identificado en un control “a criterio del agente” y “siempre el ciudadano tiene que firmar un papel en el que se le informa sobre sus derechos y la Ley de Protección de Datos”, aseguran. Sin embargo, sólo uno de los agentes consultados por El Confidencial indica que, en ciertos puntos de control de Ourense, se informa al ciudadano entregándole el documento. El resto ni lo utilizan ni lo han visto. La Guardia Civil admite también que se registra a quienes acuden a sus dependencias: “Se graban las identificaciones, pero SIGO es una base con propósitos múltiples”, afirma la Guardia Civil. “Ninguna persona va a tener ningún problema por eso”.
Pese a ser consultada por escrito, la Guardia Civil de momento no ha explicado cuál es la utilidad de este registro de ciudadanos no infractores ni sospechosos ni cuántos ciudadanos pueden estar registrados sin ser sospechosos de ningún delito ni haber cometido ninguna infracción. La Unión de Guardias Civiles calcula cientos de miles de fichados. “Sólo podríamos averiguarlo mediante pregunta parlamentaria”, afirman.
La Agencia Española de Protección de Datos recibió diez reclamaciones en 2011 contra la inclusión de sus datos en este registro: 2 fueron inadmitidas, 2 más desestimadas y las otras 6 tramitadas. De ellas, en cuatro casos la Guardia Civil canceló los datos y en 2 la AEPD tuvo que instar al cuerpo a hacerlo en el plazo de diez días. En una de ellas, el denunciante escuchó en un coche patrulla como se hablaba de él como “atracador de domicilios privados”. En lo que va de año, la agencia ya ha recibido cinco reclamaciones contra SIGO. De momento sólo una ha sido estimada. La agencia recuerda que para conocer si sus datos personales están en la base, el ciudadano debe acudir a la Guardia Civil y, si considera que no se le atiende o no recibe respuesta, es cuando puede dirigirse a la AEPD
FUENTE:El Confidencial
litigios y reglamentaciones
El supremo avala la publicación de los datos fiscales de fabra
El Tribunal Supremo ha decidido avalar la publicación en la revista Interviú de los datos fiscales y económicos del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y de su exmujer María Amparo Fernández Blanes, unos documentos que estaban incluidos en el sumario del proceso abierto contra el dirigente del PP por mediar presuntamente ante el Gobierno de José María Aznar para la comercialización de productos fitosanitarios.
Los magistrados de la Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, presididos por Octavio Juan Herrero, han desestimado hoy el recurso interpuesto por Fabra y por su exmujer María Amparo Fernández Blanes y les han condenado a pagar las costas del proceso, en concreto a la Abogacía del Estado, por una cuantía máxima de 3.000 euros.
Fabra y Fernández Blanes denunciaron ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la filtración por parte de “una persona vinculada al ‘caso Naranjax’” a la revista Interviú del informe de inspección fiscal realizado por la Agencia Tributaria sobre las actividades presuntamente delictivas del expresidente de la Diputación de Castellón y su exmujer.
El informe fue incorporado al sumario instruido contra ellos por el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón). Fabra y Fernández Blanes alegaron que la información publicada por Interviú pertenecía a su “intimidad” y que la persona que filtró los documentos vulneró de la reglamentación en materia de protección de datos.
El Alto Tribunal coincide ahora con los argumentos esgrimidos por la AEPD y por la Audiencia Nacional, quienes ya desestimaron las pretensiones de Fabra y su antigua esposa. Los magistrados del Supremo destacan en la sentencia hecha pública hoy la “inexistencia de prueba suficiente de quién pudiera ser el responsable de la filtración”.
El Supremo critica además que las argumentaciones del recurso de Fabra no encuentren “una mínima explicación en sus desarrollos” y reitera que no existen “elementos de prueba que permitan sostener la autoría de la infracción denunciada
FUENTE:Lainformacion.com
Inclusión de las aportaciones de los ciudadanos en el Anteproyecto de Ley de transparencia
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia sobre el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, ha acordado su remisión, para la redacción de los oportunos informes, a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Consulta pública
La propuesta normativa del Gobierno cuenta, en un innovador procedimiento que convierte su tramitación en "un acto de transparencia misma", con las aportaciones de los ciudadanos, a los que se ha dado un cauce de participación en el borrador de anteproyecto a través de un proceso de consulta pública.
Entre los días 26 de marzo y 10 de abril el Ministerio de Presidencia abrió un espacio virtual en el que casi ochenta mil ciudadanos participaron, en distinto grado, en el conocimiento y elaboración de la norma. Han intervenido en la consulta tanto ciudadanos a título individual, como organizaciones representantes de la sociedad civil vinculadas con la defensa del derecho a la información pública, y diversas instituciones.
El fruto más palpable de este novedoso procedimiento se ha traducido en cerca de 3.700 observaciones, que se han traducido en significativas modificaciones respecto primer texto publicado por el Gobierno.
Novedades normativas
Entre las aportaciones de la consulta pública destaca la incorporación a la obligación de suministrar información a los adjudicatarios de los contratos públicos. Asimismo gracias a las propuestas ciudadanas, se impulsa la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.
Otra novedad es que se aclara un poco más el capítulo del derecho de acceso a la información, sobre todo en lo relativo a la aplicación de los límites, introduciendo como criterio para negar información a un solicitante que exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación.
Igualmente, en el capítulo sancionador se crea una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos.
En el ámbito institucional las indicaciones realizadas por los ciudadanos han llevado al Gobierno a reforzar la independencia de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios. El nombramiento y las causas de cese de su presidente se equiparan a los de los organismos reguladores.
Se introduce una variación respecto a la "vacatio legis" de la norma. Así, se prevé la entrada en vigor inmediata del Título de Buen Gobierno, mientras que se difiere un año ese momento para todos los aspectos relativos a publicidad activa y derecho de acceso, en línea con muchas de las normas aprobadas por países de nuestro entorno.
El éxito de la consulta pública y el interés suscitado con la misma han llevado al Gobierno a poner a disposición de todos los ciudadanos el Anteproyecto de Ley en el mismo momento en que éste sea remitido a los citados órganos consultivos.
Reformismo, confianza y responsabilidad
Para el Gobierno, y para el Ministerio de Presidencia, impulsor de este Anteproyecto, ésta no es una reforma más de las muchas que este Gobierno está planteando. En este caso, se trata de una iniciativa política de regeneración democrática, pero con una proyección importante en el ámbito económico, ya que es una medida de recuperación de la confianza y también un mecanismo de responsabilidad de los gestores públicos que debe ahondar en las políticas de austeridad y eficiencia.
Tres bloques
El Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno regula tres aspectos:
En primer lugar, la Transparencia, que se concibe como una obligación de las Administraciones Públicas. A estos efectos se incrementan y refuerzan las obligaciones de publicidad activa ya contenidas en algunas leyes sectoriales y se incorporan otras nuevas.
En segundo lugar, el Derecho de Acceso a la Información Pública, que se regula con un amplio ámbito subjetivo y objetivo, reforzando las garantías actuales de este derecho y aclarando su aplicación práctica.
Y, en tercer lugar, el Buen Gobierno, en cuyo ámbito se recogen toda una serie de obligaciones que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
Transparencia y acceso
Las dos primeras materias que regula la Ley comparten ámbito subjetivo: todas las Administraciones Públicas; Congreso, Senado y órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado (y órganos autonómicos equivalentes) y Corporaciones de Derecho Público en sus actividades sujetas a Derecho administrativo; organismos autónomos; entidades de Derecho Público y Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria. Se incluyen, incluso, las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas.
Para canalizar, tanto las respuestas a las demandas ciudadanas, como las nuevas obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación y desarrollo de un Portal de la Transparencia, concebido como un único punto de acceso para que el ciudadano tenga a mano, a un golpe de clic, toda la información disponible.
Por otra parte, la titularidad del derecho de acceso a la información pública se reconoce a todas las personas. Su ejercicio se realizará mediante solicitud que no necesita motivación y sólo se limitará en aquellos casos en que entre en conflicto con otros intereses protegidos. De todos modos, dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo los mecanismos de equilibrio necesarios.
Para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la Ley establece un procedimiento ágil y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, con un breve plazo de respuesta y un régimen de impugnaciones al que se ha añadido la vía de la reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Se opta en este punto por otorgar las competencias en esta materia a un organismo ya existente, en aras de la necesaria austeridad exigida por las actuales circunstancias económicas.
Buen gobierno
En lo que respecta a buen gobierno, la Ley supone un avance de extraordinaria importancia. Principios meramente programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al que se encuentran sujetos todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio, independientemente de la Administración en la que presten sus servicios.
La Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.
Menos y mejores normas
Por último, las disposiciones adicionales recogen un plan de calidad y simplificación normativa. El objetivo es disponer de menos y mejores leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria
FUENTE:Iustel, todo el Derecho en Internet
Automovilistas Europeos (AEA) denunciará a la DGT ante la Agencia ...
Europa Press
Por eso, ha señalado que pedirá a la Agencia Española de Protección de Datos que abra una investigación sobre el fichero de conductores infractores, ya que la AEA ha observado que hay "ilegalidad que comete la DGT". En este sentido, ha precisado que ...
El ímpetu se desinfla
La Agencia de Protección de Datos le ha dicho al Cabildo que se excedió. En el año 2010 el PSOE pidió al entonces (y ahora) presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que apartara de la institución “al yerno de Fernández Camero”, es decir al abogado, asesor y amigo de San Ginés, Ignacio Calatayud. Los socialistas, que ahora gobiernan con San Ginés, que por cierto no ha cambiado de asesor, han preferido cambiar de criterio que pedir que se cambie de asesor. Hace un año y medio consideraban que "no hay comportamiento más imprudente y más parcial que permitir que un abogado con tan obvia relación con los propietarios de hoteles ilegales, campe por sus respetos por el Cabildo, con acceso a expedientes, documentos e información en general". Hoy son todos amigos.
El caso es que el PSOE acusó a Calatayud de haber cobrado 300.000 euros del Cabildo en un año, y a San Ginés, en su estilo (no se arredra ante las injusticias), para defender a su amigo y de paso atacar a otro abogado, no se le ocurrió otra cosa mejor que enviar a la prensa un informe con los pagos efectuados a abogados entre 1997 y 2010 para demostrar que otro abogado, Agustín Domingo Acosta, compañero de bufete del portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Fajardo, había cobrado más (con la ligera diferencia de que había ganado todos los pleitos por licencias ilegales en Yaiza y Teguise). Y por el medio se quedaron otros 16 abogados, que no tenían nada que ver en al polémica y se vieron perjudicados por este proceder de San Ginés.
Desde el punto de la vista de la prensa, se agradece la transparencia en la información pública, pero sería mejor que se hiciera por convicción y no por venganza, que es un sentimiento muy dañino, sobre todo si se utiliza para ello los resortes de una institución pública. Por otro lado, es una más de las salidas de tono de San Ginés, que actúa de forma impulsiva y está poco capacitado para la mesura.
Llegó a la presidencia del Cabildo en 2009 presumiendo de ser un hombre de acción, frente a la teoría de la parálisis en que había caído el Cabildo y la Isla , que necesitaban de su rescate. Llegó a través de una moción de censura que no quiso protagonizar el hoy alcalde de Arrecife y que su compañero de partido Torres Stinga afirmó que estaba promovida por un lobby empresarial. Empezó presumiendo de acción y de aprobar tres presupuestos en tan sólo unos meses. Empezó con ímpetu.
Pues bien, nuestro presidente parece que se ha desinflado. Este año, como era costumbre en el Cabildo, ha aprobado los presupuestos a finales de marzo, de la solución a los hoteles ilegales hace un año que no se sabe nada, del Plan Insular tampoco, de la apertura del auditorio de Jameos, que dijo haber desbloqueado hace un año, tampoco, Inalsa sigue como sigue, a la Sociedad de promoción exterior no paga nadie, La Geria no acaba de despegar, del carril bici insular que prometió tampoco sabemos nada... Eso sí, decimos no al petróleo y sí a las renovables, aunque esto último tampoco está tan claro
FUENTE:DiariodeLanzarote.com