La firma de un convenio entre ambos ayuntamientos permitirá que ambas policías locales compartan datos, siempre bajo las normas de la Agencia de Protección de datos y dirigidos a acciones referentes a seguridad vial, violencia de género y menores.
Los alcaldes de ambos municipios, junto con sus concejales de seguridad, y los reponsables de la policía local, han suscrito un convenio por el cual se compartirán datos de interés policial entre ambos municipios con el fin de llevar a cabo las competencias en temas de seguridad y ordenación del tráfico.
Los datos que ambas agencias de policía van a compartir estarán sujetos a las normas de la Agencia de Protección de datos y estarán siempre justificados sobre posibles intervenciones judiciales. Este método de trabajo afectará directamente a tres áreas en concreto de la policía local: la seguridad vial, la violencia de género y temas relacionados con los menores de edad.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, explicaba después de la firma: “Este es el segundo de los convenios de hemos firmado los dos Ayuntamientos para unir esfuerzos con el fin de ofrecer un mejor servicio a los vecinos de ambos municipios. En este caso en algo tan importante como es la ayuda y la prevención en materia de seguridad. Y no será el último, ya hace tiempo que se creó una comisión de trabajo que continua en la misma línea y que hará posible que se pongan en marcha nuevas acciones en común”.
Por su parte, Manuel Ángel Fernández, alcalde de San Sebastián de los Reyes, declaró que “este acuerdo no es para ahorrar dinero a los vecinos, como el firmado para la retirada de vehículos -un ahorro estimado en 400.000 euros-. Perseguimos mejorar la seguridad de ambos municipios, ponérselo muy difícil a los que intenten cometer un delito en nuestras ciudades”.
Fuente: http://www.enalcobendas.es
El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sóller celebrado este martes ha tenido como punto estrella el debate planteado por los partidos de la oposición (PSIB-Entesa per Mallorca-Progressistes per Sóller) sobre la colocación de cámaras ocultas de videovigilancia en el aparcamiento dels Estiradors.
Después de una comisión informativa en la que, según la oposición, no se dieron respuestas válidas por parte del equipo de gobierno a sus requerimientos, éstos han insistido en pedir explicaciones a cuestiones aún no esclarecidas o esclarecidas ambiguamente.
El portavoz del PSOE Josep Lluís Colom ha pedido responsabilidades a los políticos y funcionarios implicados, a la vez que ha solicitado un esclarecimiento del papel de todos los que han participado de la colocación de las cámaras, puesto que considera que el PP ha querido confundir cada vez que se le ha planteado la cuestión.
El encargado de responder a las cuestiones del portavoz del PSOE ha sido el concejal de Gobernación Gabriel Darder quien se ha reafirmado en el argumento de que actuaron de acuerdo con un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que no era necesario que tuvieran autorización de la Agencia de Protección de Datos al ser imágenes tomadas en un espacio público. Además, a tenor del equipo de gobierno, estas imágenes nunca llegaron a ser utilizadas. Sin embargo, ha admitido que “no todo se hizo bien”.
El PP de Sóller, en boca del concejal Darder, ha considerado una “perdida de tiempo” el debate generado en torno a la colocación de cámaras con la recriminación al PSIB de querer crear morbo con la polémica generada. El portavoz afirmado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento está muy satisfecho con su gestión y que pedir información sobre la cuestión es “pedir quimeras”.
A la vez, han recriminado al PSIB que no haya condenado los actos vandálicos por los que resultó quemado el coche del alcalde Carlos Simarro. El PSIB ha negado tal extremo con el argumento de que se trata de dos cuestiones muy diferentes.
El próximo plazo que llevará a cabo el PSIB en esta cuestión será cuestionar ante la agencia de Protección de Datos la legalidad de la colocación de las cámaras de videovigilancia.
Desde la Cámara de Comercio y la Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca (Asemac) estudian posibles alternativas para acabar con los saqueos. «Estamos mirando la viabilidad de contratar vigilancia privada. Un servicio que saldría por unos 5.000 euros al mes», concreta Fernández, quien añade que esta semana volverán a reunirse para tratar el tema. «Dotar de seguridad al polígono atraería a nuevos inversores», incide.
Por su parte, el propietario de Cecinas Pablo, Pablo Barros, asegura que toda la seguridad es poca. «Nosotros en el negocio tenemos cámaras de vigilancia instalada al igual que alarmas», señala Barros, quien lamenta que de poco sirvieron para evitar el suceso. «Los autores del robo son profesionales, sabían lo que hacían y por donde tenían que pisar para no hacer sonar la alarma», concreta el propietario.
Aunque las cámaras de seguridad grabaron a dos personas en el interior de la nave, la polícia aún no ha detenido a los culpables. «Sabemos que el hurto ha sido cometido por dos personas que iban vestidas como con trajes de neopreno», explica Barros.
Con este nuevo saqueo, son siete los robos que sufre Cecinas Pablo en los 20 años que lleva instalada en el polígono industrial. «Ante los robos sufridos anteriormente hemos intentado mejorar nuestra seguridad, pero parece ser que nunca se tiene la suficiente. Probaremos a instalar nuevos visores», añade el propietario.
¿Harto de inoportunas llamadas a la hora de la siesta o en días festivos?, ¿quieres dejar de escuchar esa melódica voz sudamericana ofreciéndote no sé qué línea de ADSL de una compañía que ni es la tuya?, ¿tienes el mail saturado de ‘spam’? Pues hay forma de librarse de esta auténtica tortura en forma de publicidad indeseada. La solución es la lista Robinson. Un servicio gratuito de exclusión publicitaria gestionado por la Asociación Española de la Economía Digital. Son miles las personas que reciben acoso publicitario de empresas con quienes no tienen ningún tipo de relación. Al fin y al cabo, la cesión y venta de datos está a la orden del día.
¿Cómo librarnos del ‘spam’ publicitario?
La Lista Robinson nació en 2009 bajo el auspicio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como un fichero de referencia para los usuarios hartos de recibir publicidad no solicitada y para las empresas que deben cumplir con la Ley de Protección de Datos. En España ya hay unas 230.000 personas inscritas en esta lista. Ellos evitan estar continuamente en la diana del molesto spam publicitario, ya sea a través de correo postal, llamadas, sms o correo electrónico.
Para entrar dentro de esta lista basta con indicar nuestros datos y dejar claro a a través de qué medio no deseamos recibir publicidad de empresas con las cuales no mantenemos relación. Podemos indicar el más molesto o todos los canales. Las entidades deben consultar la Lista Robinson para no enviar comunicaciones comerciales a personas inscritas, cuando realicen acciones publicitarias dirigidas a personas que no sean sus clientes, socios, usuarios, etc.
Debido a que es posible que sus datos estén siendo tratados por alguna entidad en el momento de realizar solicitud de inscripción y que la publicidad, según el medio de comunicación empleado, puede demorarse en llegar a su destino, la inscripción es efectiva en el plazo de tres meses desde el día siguiente al que se inscribió.
Tan extendido e indiscriminado es el bombardeo publicitario por vías telemáticas, que el malestar ciudadano no ha parado de crecer en los últimos años. Incluso hay varios grupos en Facebook denunciando esta dañina práctica.
La AGPD ha editado una Guía para la lucha contra el spam recordando que el envío de mensajes comerciales sin el consentimiento previo está prohibido por la legislación española, tanto por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (a consecuencia de la transposición de la Directiva 31/2000/CE) como por la ya mencionada Ley de Protección de Datos.
Y es que, ante todom debemos saber y ser conscientes de que la ley está de nuestro lado y tenemos derecho a rectificar o cancelar los datos personales que obren en poder de cualquier empresa.
El PP dice ahora que espera un informe para cerrar la comisión del Plan centro
El gobierno responde ante el Defensor del Pueblo por la queja del PSOE, que redactará sus conclusiones cuando le llegue un informe de la Agencia de Protección de Datos
El gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido ha respondido ahora al Defensor del Pueblo Andaluz que todavía no ha cerrado las conclusiones de la comisión de investigación abierta hace más de un año sobre el plan de tráfico del centro porque está esperando un informe de la Agencia de Protección de Datos sobre las imágenes de las cámaras de videovigilancia que tomó un usuario no autorizado. La petición de información del Defensor al gobierno municipal se produce a raíz de la queja formal que presentó el grupo socialista sobre este asunto.
El portavoz del PSOE municipal, Juan Espadas, calificó ayer de "excusa" la respuesta del gobierno municipal, puesto que hasta ahora el PP siempre había argumentado que cerraría las conclusiones del Plan Centro cuando Izquierda Unida presentara las suyas. Espadas añade que ese argumento no es válido porque la investigación del Plan Centro no abarcaba "hechos posteriores" a la derogación de este plan, sino la contratación, la gestión y la implantación del mismo y, por tanto, no cabe esperar a ese informe.
El PSOE conoció la respuesta del PP en un escrito que le envió el Defensor el pasado 8 de octubre. Espadas ha respondido a ese escrito que el argumento que ofrece ahora el PP es algo "novedoso, ya que hasta ahora había esgrimido que IU no había entregado sus conclusiones y que el gobierno local las tenía redactadas desde julio". "Sin embargo, ahora resulta que el informe de conclusiones no puede redactarse porque falta la resolución de la Agencia de Protección de Datos, según el Ayuntamiento", advierte.
En efecto, el informe a la Agencia de Protección Datos fue pedido por el Ayuntamiento cuando ya habían concluido las comparecencias de la comisión de investigación. El día 2 de diciembre de 2011 un informe del secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores, apuntaba la existencia de una "fuga de datos" ante la presentación en la comisión de investigación del Plan Centro por parte de un funcionario municipal no autorizado de dos fotografías captadas por las cámaras del centro los días 2 y 3 de noviembre, por lo que instaba a la Delegación de Seguridad y Movilidad a que iniciara las "diligencias precisas para determinar una posible responsabilidad disciplinaria" de este empleado municipal.
Desde el gobierno municipal, su portavoz y presidente de la citada comisión de investigación, Francisco Pérez (PP), acusó al PSOE de "intentar avivar una absurda batalla política" sobre la comisión de investigación del Plan Centro y reiteró que se esperará a las conclusiones de la Agencia de Protección de Datos para cerrar la misma.
En un comunicado, Pérez subraya que el cierre de la comisión "no depende de la voluntad política, por mucho que se empeñe Espadas", y recalca que cuando se tenga este informe sobre las imágenes tomadas de las cámaras de videovigilancia por un usuario no autorizado será cuando se esté "en condiciones de elaborar las conclusiones definitivas de esta comisión".
Tras la presentación de la queja por parte del PSOE municipal, el Defensor requirió información al Ayuntamiento, que le respondió el pasado 6 de septiembre. Esa respuesta del PP fue enviada al PSOE el pasado 8 de octubre y en ese escrito se le insta a alegar en 30 días si quiere seguir con la queja al no encontrar satisfactorias las respuestas del consistorio o no responder y darlo por zanjado. El día 14 de octubre, el PSOE remitió estas alegaciones.
FUENTE:http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1380334/pp/dice/ahora/espera/informe/para/cerrar/la/comision/plan/centro.html