Un sistema de video vigilancia será instalado en lugares estratégicos de la ciudad capital en las próximas semanas, anunciaron ayer las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las cámaras captarían en tiempo real cualquier emergencia o hecho delictivo que sería notificado al sistema de emergencia 911, explicó el director policial Carlos Ascencio.
Agregó que las cámaras y los monitores serán obtenidos mediante un financiamiento de dos millones de dólares provenientes de la cooperación externa, específicamente del gobierno de Corea del Sur.
Se detalló que los aparatos serán supervisados mediante un centro de control de monitoreo, que estará integrado a la plataforma tecnológica del nuevo sistema de emergencia 911. Ambos sistemas funcionarán en las mismas instalaciones.
El Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huamanga (MPH), Jaime Paredes Reátegui, anunció la implementación del sistema de seguridad con cámaras de video vigilancia y más serenos a fin de neutralizar la inseguridad en la ciudad.
Según el funcionario, las cámaras adicionales contribuirán a identificar a quienes perpetren un hecho delictivo y señaló que estos equipos tienen un alcance de 400 metros que permitirá detectar con nitidez el rostro de una persona, el número de placa de un vehículo, entre otros detalles.
Además, Paredes Reátegui destacó que la instalación del sistema de video vigilancia constituye una de las prioridades del alcalde Amilcar Huancahuari Tueros para combatir la delincuencia en Huamanga, que se expresa con mayor frecuencia en asaltos a mano armada y en el crimen organizado.
Indicó también que las cámaras estarán ubicadas en diferentes puntos estratégicos del distrito con el fin de reducir la actividad delictiva.
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La ordenanza ya se encuentra en vigencia y se ha otorgado 120 días calendario como plazo para que los establecimientos comerciales se adecuen a la norma.
Mediante la ordenanza Nº 389, la Municipalidad de Santiago de Surco que dirige el alcalde Roberto Gómez, dispuso la obligatoriedad de la instalación de cámaras de video vigilancia en todos los establecimientos comerciales de la jurisdicción a fin de contrarrestar la ola delincuencial.
La medida establece que los comercios que tengan aforo de más de 50 personas implementen en sus locales un sistema de cámaras de video vigilancia con capacidad de grabación de 48 horas como mínimo para permitir la visualización y registro de imágenes en caso se produzca algún hecho delictivo.
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Para evitar robos, venta de drogas, asaltos y bullying afuera de los planteles escolares, 75 escuelas de educación básica en Mazatlán tendrán cámaras de videovigilancia a partir del próximo ciclo escolar.
Toribio Colado Rodríguez, jefe de Servicios Regionales de la Sepyc, informó que esta medida forma parte de un protocolo de seguridad que contempla simulacros de balaceras en las escuelas.
En una primera etapa, se instalarán cinco cámaras en cada uno de los planteles inscritos al programa Escuela Segura, posteriormente todas las escuelas del estado tendrán la obligación de registrarse.
"Se trata de que las cámaras estén hacia afuera para prevenir el acceso de personas desconocidas, detectar los casos de vendedores de drogas, malvivientes, asaltantes, evitar robos o también casos de bullying o de acciones que se pueden presentar entre maestros y alumnos", explicó Colado Rodríguez.
La denuncia del uso de una filmación para iniciar un sumario administrativo, que fue desmentida, reflejó un problema de fondo: la ley provincial que delimita los alcances del sistema de acuerdo al derecho a la privacidad aún no fue reglamentada.
El sistema de videovigilancia que funciona en una docena de espacios públicos de Rosario cobró su primer traspié con la acusación que un empleado municipal formuló contra el gobierno local de utilizar esas imágenes para sancionarlo por una falta a sus funciones. El Ejecutivo municipal, por su parte, desmintió la veracidad de esa imputación. Al margen de ese conflicto puntual, lo que quedó en evidencia es una cuestión de fondo: la ausencia de un marco legal que sustente y legitime el registro de imágenes en la vía pública y el uso que se le dé a esos datos.