La empresa Huawei Technologies está en la disposición de ofertar al Gobierno un programa de vigilancia que podría ayudar a reducir la criminalidad, y disminuir la percepción de inseguridad entre los dominicanos y turistas que visitan la República Dominicana.
Amdy Hu, vicepresidente de Huawei Technologies para América Latina y el Caribe; Luisa Rubio, asistente de Relaciones Públicas; Elvis González, gerente de Cuentas de Terminales; Juan Mota, director de Tecnología, y Alex Urrea, gerente comercial senior en la región, participaron en el Encuentro Económico de HOY.
Explicaron que la empresa ofrece soluciones de seguridad en la parte de videovigilancia, que puede tener diferentes conectantes como cámaras digitales, cámaras analógicas, acceso wi-fi, acceso wireless o comunicación inalámbrica, acceso y conectividad IP que convergen en un centro de conexión de datos, almacenamiento y reacción alrededor de mecanismos de software estadísticos.
Resaltaron que el programa de videovigilancia en otros países de América Latina es un producto que tiene bastante demanda, especialmente enfocado en la parte empresarial.
Explicaron, sin embargo, que dado que está demostrado que es un mecanismo de disuación, las grandes urbes lo están implementando.
El gerente comercial senior de Huawei para la región dijo que un sistema de videovigilancia es disuasivo si es colocado en “puntos críticos”, por lo que sirven para la prevención de delitos, ya que el simple hecho de saber que se está siendo monitorizado reduce los intentos de realizar cualquier tipo de crimen.
Indicó que ese sistema es cada vez más inteligente porque está dotado de cámaras de alta resolución que permiten identificar rostros, números de placas de vehículos, entre otros detalles.
Destacó que para implementar ese sistema debe existir voluntad política y que ellos (Huawei Technologies) aportarían todas las soluciones, capacidad, estructura y la experiencia, probada en países como China, Ecuador, Colombia y México.
Sobre el costo del sistema dijeron que todo dependerá de la dimensión que se quiera. No obstante, puntualizó que la seguridad es algo que “no tiene precio”.
Recordó que República Dominicana tiene como uno de sus principales rubros e el turismo, por lo que el hecho de usar medios de seguridad electrónicos le brinda más seguridad a los visitantes extranjeros.
puede dar al material obtenido en el ámbito provincial.
Si bien existía consenso entre los legisladores de todos los bloques en apoyar el proyecto elaborado por el justicialista Diego Lara, la situación de los sistemas que ya están instalados en algunos municipios fue el punto de discordia que retardó su tratamiento.
La participación del ministro de Gobierno, Adán Bahl, y del jefe de la Policía, Héctor Massuh, junto a Lara y los presidentes de los bloques del Frente Para la Victoria y del Frente Entrerriano Federal, Juan Navarro y Fabián Flores, logró destrabar el tema y se alcanzó una redacción que conforma también a los intendentes, que inicialmente se oponían a la sanción de la norma.
Ahora, en un contexto en el que se considera necesaria la regulación de los cada vez más difundidos sistemas de videovigilancia, se estima que el proyecto logrará rápidamente la sanción definitiva.
Los sistemas municipales
El proyecto que se tratará en el recinto señala que todo sistema de captación de imágenes deberá inscribirse en un registro que a tal efecto habilitará la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Gobierno. También señala que el Estado Provincial, como asimismo los municipios o comunas, no podrán delegar la prestación del servicio de videovigilancia en los espacios públicos.
Respecto de los sistemas de captación existentes al momento de la entrada en vigencia de la ley en municipios y comunas, se señala que deberán contar con la respectiva aprobación, adecuándose a las disposiciones de la ley en un plazo no mayor de un año contado a partir de su entrada en vigencia.
Otros aspectos
En otro orden, el proyecto indica que la ley regula en la provincia la instalación y utilización de videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes para tomar y grabar imágenes en la vía pública, en lugares públicos o de acceso público y su posterior tratamiento con el objeto de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza. Pero debe hacerlo sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
El “tratamiento” de las imágenes comprende la captación, grabación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida la emisión, reproducción y tratamiento de los datos personales relacionados con aquellas.
Se indica claramente que las cámaras, videocámaras y cualquier otro medio técnico análogo solo podrán utilizarse para el mantenimiento y preservación de la seguridad ciudadana y que en su uso deberá tener una razonable proporción entre la finalidad pretendida y la posible afectación al honor, a la imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de conformidad con la legislación vigente.
Entre otros aspectos, se señala que el tratamiento de imágenes de personas físicas obtenidas en lugares públicos será lícito cuando los sistemas que se utilicen cuenten con la autorización previa de la autoridad de aplicación, y que toda la información obtenida tendrá carácter absolutamente confidencial y solo podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores que investiguen causas contravencionales o penales.
No se podrán instalar ni utilizar videocámaras para captar imágenes del interior de propiedades privadas. Igualmente quedará prohibido registrar datos personales o sensibles en archivos, registros o bancos que no reúnan las condiciones técnicas de integridad y seguridad necesarias. También se prohíbe utilizar los mecanismos para a la obtención de imágenes que revelen el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual de las personas.
Será público el registro de los sistemas de videovigilancia en funcionamiento y las cámaras no podrán captar audio, entre otros aspectos.
El recorrido del proyecto
El proyecto de regulación de los sistemas de videovigilancia ingresó en Diputados en febrero y fue remitido a la Comisión de Legislación General.
El 9 de abril el jefe de la Policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, concurrió a la reunión de Legislación General de la Cámara para debatir los alcances del proyecto. El titular de la Policía provincial, que fue acompañado por el asesor Jorge Luján, manifestó su conformidad con el proyecto.
Un par de semanas después la comisión había logrado un acuerdo en torno al dictamen a producir, que se suponía, sería por unanimidad.
Sin embargo, el planteo de algunos intendentes en disconformidad con lo que pasaría con los mecanismos que algunos municipios ya tienen en funcionamiento demoró casi cuatro meses el tratamiento de la norma.
En ese período, el proyecto recibió el apoyo de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, que incluso invitó a Lara a disertar en las jornadas sobre Nuevas Tecnologías en Seguridad Pública y Privada, desarrolladas en Capital Federal.
"Una cámara análoga tiene una resolución limitada, son cámaras muy viejas... lo que veo en la pantalla no es suficiente evidencia, la persona que está allí no parece una cara, parece una huella digital", explicó Fernando Esteban, de la empresa Axis Communications, una de las que concursarán por el contrato.
La videovigilancia en el AICM mostró sus debilidades el pasado 25 de junio cuando se desató una balacera entre agentes federales y el tiroteo no fue registrado por las cámaras, además de que funcionarios de la PGR y Policía Federal no pudieron identificar el rostro de los implicados al revisar otros videos.
Los aparatos deberán contar con visión diurna y nocturna y activarse por un sistema de alarma. Cada uno contará con su propia tarjeta de memoria y en caso de un error en el sistema podrá recurrirse a los videos guardados en cada unidades.
El proyecto abarca tres etapas. La primera consiste en la homologación de las cámaras existentes hacia la tecnología IP; en la segunda, contemplará la integración de los distintos lenguajes informáticos a uno solo y finalmente nuevas lentes serán agregadas a la misma plataforma tecnológica, que se localizarán en filtros, salas de última espera, sitios de embarque y desembarque de aviones y en áreas públicas.
También se piensa adquirir un cañón sónico que informará a individuos ajenos a las instalaciones que su presencia fue descubierta.
La intendente de Rosario, Mónica Fein, participó este lunes del acto en el que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, anunció un nuevo plan en materia de seguridad para las ciudades de Rosario y Santa Fe, y sus respectivas áreas metropolitanas, las que sumarán 600 cámaras de videovigilancia de última generación, pero que además desde la tercera semana de septiembre prevé incorporar al cuerpo policial 750 cadetes que egreserán del Instituto de Seguridad Pública, y más vehículos para patrulleros.
La inversión para la adquisición e instalación de las cámaras de videovigilancia alcanza los 40 millones de pesos y el plazo de ejecución es de ocho meses. Las cámaras serán colocadas en lugares estratégicos definidos por los municipios donde se instalarán los artefactos. Del total comprometido hoy, 400 serán destinadas a Rosario y su área metropolitana.
El nuevo sistema de videovigilancia contará con un software que permitirá hacer reconocimiento de patentes, de rostros y generación de información para confeccionar informes. Cuando las cámaras detecten un número de patente o un rostro humano con pedido de captura accionará un alerta al 911 para que actúe en consecuencia.
Entre otros anuncios, el gobernador señaló que se está avanzando en la licitación para la compra de radares para la Policía Vial, se está licitando la compra de 110 automóviles y 175 camionetas, y 12 vehículos especiales; y se están por adjudicar 100 motos de 250 cc.
En los últimos tiempos, los bandeños levantaron la voz a raíz de los diferentes hechos delictivos que se suscitaron en los barrios de la ciudad de La Banda, situación que hizo que buscaran alternativas para sentirse seguros, y así es como se reflotaron las agencias que brindan seguridad privada.
Obviamente que esta situación es como consecuencia de los constantes robos que sufrieron familias de diferentes puntos de la “Cuna de Poetas y Cantores”. Ante este marco, personas vestidas de negro y en sus bicicletas recorren las calles de los barrios, con un silbato “avisando” que son los responsables de evitar que deban atravesar momento complicados las familias bandeñas.
Es importante señalar que estas personas cuentan con un permiso de la Policía. En el caso de detectar alguna anormalidad se comunican con los efectivos para que éstos tomen intervención, ya que no están habilitados para portar un arma de fuego.
Con la presencia constante de los vigilantes, los moradores se sienten un poco más seguros, aunque expresaron que hará falta la contratación de más personal, porque complejos habitacionales como el San Fernando, Paraíso y sus ampliaciones, son lugares muy grandes.
El personal policial también hace sus constantes recorridos, pero estos son vulnerados por la picardía de los malvivientes, quienes hacen de las suyas a pesar de toda la seguridad incorporada. Algunas de las agencias de seguridad cuentan con unidades móviles (ya sean motocicletas o automóviles) con los que recorren el perímetro asignado. Todas estas medidas han dado buenos resultados, aunque el número de robos y asaltos sigue siendo alto.
Sin habilitación
También en algunos sectores existen “guardias” que no responden a ninguna agencia de seguridad habilitada. Si bien el servicio es más económico, también es peligroso, porque muchas veces los vecinos no conocen bien a esas personas y tampoco su “profesionalidad”.
Por lo tanto, desde las fuerzas advierten tener cuidado con estas personas, puesto que pueden resultar ser todo lo contrario.