El Salvador gasta cerca del 10,8 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en seguridad, es decir más de 2.100 millones de dólares anuales, señala un informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) divulgado hoy por un medio local.
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Las empresas privadas gastan el 7,7 por ciento de su presupuesto en seguridad, principalmente en el pago de vigilantes de seguridad privada, que ya superan el número de agentes policiales en el Salvador.
La cifras son de 21.140 agentes privados y de 16.730 policías.
"Cualquiera de estas cifras es más alta que el promedio centroamericano, y más del doble que la cifra para Costa Rica, el único país en Centro América no clasificado con un nivel 'epidémico' de crimen", indica el informe.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y otras instituciones no gubernamentales han señalado que uno de los factores negativos para generar inversión en la nación centroamericana es la inseguridad y la delincuencia, según un reportaje del periódico "El Diario de Hoy".
Neuquén > “¿La seguridad privada va a portar, a tener y eventualmente a disponer de armas en función de qué paradigma de orden?” se preguntó Martín Lozada, juez penal de Bariloche y autor del libro “Seguridad Privada. Sus impactos en el Estado de Derecho”.
Lozada analizó el proyecto de ley que se encuentra en la Legislatura provincial por el que se regula el sistema de seguridad privada y consideró que “la portación, tenencia y utilización de armas por parte de agentes de seguridad privada supone de un poder muy importante que fue delegado tradicionalmente a las fuerzas del Estado”.
“La fuerza del Estado tiene la razón de ser, que es, en términos generales y un poco discursivo, el mantenimiento del orden y la paz social. Esto es un interés público, común y colectivo. Pero para la seguridad privada hay que definir si el paradigma de orden será en función de los intereses de su empleador o del mantenimiento del orden patrimonial, y en qué circunstancias amerita el uso de la fuerza y la utilización de armas de fuego”, expresó.
En su libro, Lozada llevó adelante una investigación orientada a explicar el surgimiento de las llamadas “policías privadas” en la Argentina de los años noventa, en el marco de un masivo proceso de privatizaciones que de modo novedoso abarcó ciertos segmentos de la seguridad pública.
“En este contexto, verificamos que también en otros servicios públicos, como algunos segmentos de la seguridad pública, empiezan a ser privatizados a través de una modalidad relativamente novedosa, que es la creación de nuevos agentes de disciplinamiento social”, explicó.
Remarcó que “la fuerza pública ya fue delegada a una fuerza privada” y destacó la importancia de regular ahora para delimitar claramente hasta dónde se otorga poder a estas "metapolicías”.
Afirmó, además, que son “las propias policías públicas tradicionales las que compiten en el mercado de la seguridad; las policías públicas tradicionales tercerizan por fuera de su horario laboral la mano de obra de sus empleados”.
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Los detenidos fueron identificados con Abner Choc Caal, 29; Pedro Choc Caal, 26; Danilo Antonio Mateo Sagastume, 24; Mynor René Matías Pérez, 34; Elvis Giovanni Sagastume Marcos, 30, y Amagniel de Jesús Gómez, 20, quienes fueron capturados en un terreno baldío ubicado en la parte de atrás del rastro municipio de dicho lugar.
La PNC les decomisó, a cada uno, una escopeta 12. Los sindicados dijeron a las autoridades que son guardianes de la finca Ferrol, de dicho municipio.
FUENTE: www.prensalibre.com
Millones de ciudadanos en el país y miles en diversas ciudades de la República como León, corren el riesgo de convertirse en víctimas de la delincuencia organizada ante el crecimiento exponencial y descontrolado de las empresas de seguridad privada.
De acuerdo con Juan A. Benavides, Director del Instituto de Seguridad del Pacífico (IPACITEFO), la aparición de ese tipo de empresas se disparó en un 300 por ciento en los últimos tres años en toda la nación.
"Este fenómeno es un arma de dos filos, si el mercado es informal te va a causar problemas; si el mercado es controlado y supervisado por las autoridades dará un beneficio, por eso es importante que la sociedad esté interesada e informada de qué pasa con este tipo de actividades".
Señaló que en la actualidad se estima que al menos 4 de cada 10 empresas que se dedican a ofertar seguridad privada, actúan completamente fuera de cualquier norma, supervisión o reglamentación.
"Una estimación nos indica que en el mercado el 60 por ciento de las empresas están controladas en tanto que el 40 por ciento restante son empresas furtivas que no están regularizadas, que nacen y mueren rápidamente lo que hace que la autoridad no pueda tener un control sobre ellas".
Delincuentes disfrazados de cuerpos de seguridad y policias
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a través de su Dirección General de Seguridad Privada, y la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), acordaron trabajar de manera conjunta para detectar a las empresas de blindaje automotriz que actúen fuera del marco de la ley, con el propósito de buscar su regularización o en su caso aplicar las sanciones que correspondan.
Mediante un acuerdo alcanzado por ambas partes, la DGSP de la SSP puso a disposición de AMBA los instrumentos electrónicos y administrativos para la recepción de cualquier tipo de información o denuncia que conduzca a la identificación de prestadores de servicios de seguridad privada en materia de blindaje automotriz que podrían operar de manera irregular.
La dependencia se compromete a dar seguimiento a las denuncias que respecto de su competencia le haga llegar AMBA, permitiendo iniciar el procedimiento administrativo correspondiente y, de ser necesario, de acuerdo con la normatividad vigente regularizar o en su caso aplicar las sanciones que correspondan a los prestadores de servicios de seguridad privada que laboren de manera irregular.
De igual manera, la AMBA deberá hacer del conocimiento de sus asociados que los servicios de seguridad privada son una actividad regulada por los diversos órdenes de gobierno, para que, bajo esa premisa el organismo privado integre a empresas que acrediten estar debidamente autorizadas.
Como parte de estos acuerdos, AMBA, presidida por Fernando Echeverri Posada, se compromete a entregar a la DGSP la información del nombre y ámbito territorial de actividades de sus agremiados, para verificar si se tratan o no de entes regulados (ya sea en el ámbito federal o local)
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