Hemos sostenido de que México está ingresando a los países represivos, a los militarizados, a los parapoliciacos y donde los espacios democráticos y de libertad se ven restringidos por los intereses que genera la violencia, la “guerra”, y dentro de este esquema, los negocios que participan en el concepto de seguridad privada en todo el país. Por esa razón, cuando los funcionarios y los políticos nos dicen que con nuestras críticas tal vez estamos ayudando a que la violencia aumente, les contestamos con investigaciones y hechos reales no con los discursos que usan los políticos para sostener y proteger los enormes intereses que se generan en los negocios que ellos tienen al lado, complicidad o sociedad con los policías políticos del país.
Una investigación realizada por EL INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y DE DESARROLLO DE SUIZA: “Informe sobre las armas ligeras 2011”, NOS DICE QUE ENTRE 206 Y 2009 QUE, México es uno de los “importadores principales en el mundo de lanzagranadas y morteros, ocupando el tercer lugar después de Bangladesh y Georgia y el quinto lugar en sistemas desechables de un solo disparo después de Canadá, Gran Bretaña, Eslovenia y Lutuania y para que nos sorprendamos y reflexionemos sobre la política de dictadura establecida en el país, el reporte señala: “QUE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PRIVADA EN AMÉRICA LATINA SON LOS MÁS ARMADOS DEL MUNDO, CON UNA TASA DE POSESIÓN DE ARSENALES POR EMPLEADO DIEZ VECES SUPERIOR A LA DE EUROPA OCCIDENTAL” Y MÉXICO “TIENE UNA RELACIÓN DE CASI “UNO A UNO”; EL PAÍS TIENE 450 MIL EFECTIVOS EN EMPRESAS DE SEGURIDAD PARTICULAR, FRENTE A 495 MIL 821 POLICÍAS DEL ESTADO”.
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El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, destacó la importancia de mantener los controles a las agencias de seguridad privada, para evitar que se infiltren personas vinculadas a las actividades ilícitas.
En entrevista a una cadena de televisión guatemalteca, Mulino señaló que Panamá es la primera frontera del narcotráfico por donde pasan 350 de toneladas de cocaína hacia el mercado norteamericano.
A pesar de esta situación, destacó la labor de los estamentos de seguridad, que han decomisado 109 toneladas en dos años.
FUENTE: www.padigital.com.pa
El crecimiento que ha tenido la seguridad privada en la provincia del Chubut, donde la cantidad de trabajadores coloca la actividad como la cuarta fuerza laboral provincial, a la luz de una demanda insatisfecha de seguridad que el Estado no ha sabido enfrentar.
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Así lo destacó el titular de
Menciona el titular del gremio de los vigiladores que “para que exista una oferta tiene que haber una demanda, para mí lo que se ha venido sosteniendo en el tiempo es una demanda de seguridad, la cual no ha podido enfrentar ni el Estado, ni las fuerzas de seguridad y viene a tomar la posta en esto la seguridad privada no como un reemplazo de la seguridad pública, sino como un complemento de ésta. Por eso decimos que la seguridad privada se ha transformado en la cuarta fuerza laboral de la provincia del Chubut”.
Asimismo Motaña criticó que empleados de seguridad privada deben realizar como parte de su entrenamiento un curso con la policía, el cual deben abonar de sus bolsillos, que los prepara previamente para desarrollar su actividad. El curso está establecido en la ley provincial que rige la actividad, sin embargo para los trabajadores no sería suficiente.
La desarrolla la Universidad San Buenaventura en convenio con la Universidad Militar Nueva Granada y tiene como objeto minimizar el riesgo para evitar que las cosas ocurran.
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La especialización es coordinada por el mayor (r) Juan Carlos Contreras Peña, quien señaló que desafortunadamente el Estado Colombiano no tiene la suficiente cobertura para brindarle a todos los ciudadanos la seguridad que requiere en sus empresas, hogares y centros comerciales, no obstante el gran esfuerzo de la fuerza pública y es por ello que las empresas de Seguridad Privada han alcanzado un gran auge.
Señala que la especialización que coordina tiene el reto de enseñar el dominio de las más avanzadas teorías y procedimientos existentes en materia de seguridad y su aplicación en organizaciones dedicadas a minimizar y neutralizar los riesgos que atentan contra la seguridad de personas, instituciones, bienes y procesos.
Un proyecto que modifica y adiciona la ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Roxana Méndez.
Méndez indicó que la iniciativa tiene como propósito la concesión de autorización para contratar personal de agencias de seguridad privada, tanto para apoyar al cuerpo de custodios de los centros penitenciarios, como para custodiar y vigilar a los privados o las privadas de libertad en los traslados y permanencia de estos fuera de los centros penitenciaros a las diligencias médicas, judiciales u otras, en caso de que la Policía Nacional no pueda brindar el servicio de traslado, conforme lo dispuesto en el artículo 100 de la ley 22 de 2003.
Beneficiarán a extranjeros bajo estatuto humanitario provisional de protección
Por otro lado, otro proyecto que establece con carácter excepcional los requisitos para que los extranjeros bajo el estatuto humanitario provisional de Protección, puedan aplicar a la categoría migratoria de residente permanente en Panamá fue presentado al pleno legislativo por la ministra Méndez.