México, D.F.- Ginger Thompson, jefa de la corresponsalía del influyente diario estadunidense The New York Times en México, nos despertó el domingo con un verdadero mazazo: Estados Unidos amplía su participación en la sangrienta guerra contra el crimen organizado del gobierno de Felipe Calderón y envía a territorio mexicano más agentes de la CIA y de la DEA, así como personal militar (supuestamente) retirado, a la vez que considera planes para involucrar a empresas de seguridad privada, con experiencia en operaciones militares en Afganistán, Irak y Colombia (como Blackwater y Dyn Corp).
Según la información investigada por Thompson, En las últimas semanas, operadores de la CIA y empleados civiles del ejército estadunidense, operan ya en una base militar en el norte de México, donde --por primera vez en la historia-- los funcionarios de seguridad de ambos países colaboran para recabar información acerca de los cárteles de la droga y planear operaciones.
Los esbirros de Blackwater y la Dyn Corp, de negra y criminal historia, podrían quedar encuadrados dentro de unidades de elite de la Policía Federal Preventiva (PFP). Todo este esquema se basa en un tinglado cuyo propósito principal es eludir las leyes mexicanas que prohíben que elementos militares o policiacos extranjeros actúen en territorio mexicano, así como para impedir que la tecnología estadunidense quede bajo el control de las agencias de seguridad mexicanas, “que tienen un largo historial de corrupción”.
Detuvieron a una supuesta banda acusada de sustraer dinero y joyas, por un monto cercano al millón de pesos, en un barrio privado de Tigre.
Cinco personas, entre ellas un vigilador de una empresa de seguridad privada y una mujer de 74 años, fueron arrestados ayer, acusados de formar parte de una banda que robaba en viviendas de un barrio cerrado, en el partido bonaerense de Tigre.
Según indicaron fuentes del caso, en poder de los implicados fueron hallados dinero en efectivo y joyas, presuntamente robadas, valuadas en un millón de pesos, y otros elementos de valor.
El vigilador fue descubierto a través de un sistema de ubicación satelital de personal de la empresa que lo había contratado, cuando se constató que había abandonado su puesto de trabajo en el momento del robo.
Según informó la empresa de seguridad AIPA, esto desató una investigación interna, que permitió colaborar con los policías. Ahora, los investigadores judiciales y policiales intentan esclarecer si los implicados robaron en otro barrio cerrado de la zona.
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura debatió dos despachos para regular el servicio de seguridad privada y la utilización de sistema de alarmas. La discusión se centró en la utilización de armas de fuego por parte del personal de agencias privadas y custodios. El despacho por mayoría otorga permiso para su utilización en circunstancias determinadas por la norma. En tanto el suscripto por la minoría niega la posibilidad de su uso en la vía pública, salvo para el caso de transporte de bienes y caudales.
En otro orden, el cuerpo debatió el proyecto para crear una comisión especial y de tal modo optimizar la oferta de mano de obra local en emprendimientos ferroviarios e hidroeléctricos. Para analizar la iniciativa, la comisión invitó a Rodrigo Arena y Alfredo Maffei, representantes de la Cámara Argentina de la Construcción y Víctor Carcar, dirigente de la UOCRA. Al finalizar la reunión, Carla Pandolfi, coordinadora de la comisión interpoderes, entregó en forma oficial a los legisladores el documento final de Reforma del Código Procesal Penal para que la comisión inicie su tratamiento.
En el debate por la regulación de la seguridad privada, Daniel Baum –Unión Popular- defendió la portación al sostener que no darle a un custodio de un banco un arma de fuego es “mandarlo al muere”. En contra de la disposición se expresó Miguel Guidali, que dijo no estar en contra de la seguridad privada, pero sí de tener personas ajenas a la seguridad pública portando armas de fuego.
La mayor inversión de las empresas y la inseguridad ciudadana han generado un crecimiento entre seis y diez por ciento anual desde 2006 de las firmas dedicadas a ofrecer seguridad privada en el país, informó hoy una fuente del sector. “El mercado ha crecido debido al dinamismo de la actividad económica ya la mayor inversión de las empresas, e influenciado indirectamente por la inseguridad ciudadana” , dijo el gerente general de Seguroc, Rafael Rocca.
Previó que el ritmo de crecimiento del sector se mantendrá este año ya no se espera que la crisis externa afecte mayormente el dinamismo de la actividad económica local.
“No se espera que la demanda de seguridad privada se vea afectada en el país y se prevé más bien que pueda mantenerse el 2011, gracias a que la demanda interna se mantendrá dinámica “, anotó.
Al mismo tiempo puntualizó que, de momento, son favorables las noticias que se desprenden de la actividad económica local, de modo que no habría esperar una contracción en la demanda del sector.
El secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eric Lara Martínez, reprobó la agresión –con gas lacrimógeno– por parte del personal de seguridad privada en contra de los profesores y personas jubiladas durante una manifestación en la Unidad Médico Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Señaló que a pesar del “grave descuido”, la dirigencia nacional y la delegación seccional del magisterio, continuará exigiendo una auditoría al organismo, pues “no ha respondido a la demanda de garantizar los servicios médicos a la población”, pues en las 19 regiones educativas del estado existe el desabasto de medicamento y la falta de equipo especializado para atender a los beneficiarios.
“Lamentablemente fue un mal manejo del estrés de ese momento por parte del personal que roció con su gas a los compañeros. Tenemos entendido que los maestros ya fueron atendidos por el personal de salud y se encuentran bien, pero lo que a nosotros nos toca es continuar denunciando esta falta terrible de medicamentos en todos los hospitales de la entidad”, afirmó.
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