La comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura debatió dos despachos para regular el servicio de seguridad privada y la utilización de sistema de alarmas. La discusión se centró en la utilización de armas de fuego por parte del personal de agencias privadas y custodios. El despacho por mayoría otorga permiso para su utilización en circunstancias determinadas por la norma. En tanto el suscripto por la minoría niega la posibilidad de su uso en la vía pública, salvo para el caso de transporte de bienes y caudales.
En otro orden, el cuerpo debatió el proyecto para crear una comisión especial y de tal modo optimizar la oferta de mano de obra local en emprendimientos ferroviarios e hidroeléctricos. Para analizar la iniciativa, la comisión invitó a Rodrigo Arena y Alfredo Maffei, representantes de la Cámara Argentina de la Construcción y Víctor Carcar, dirigente de la UOCRA. Al finalizar la reunión, Carla Pandolfi, coordinadora de la comisión interpoderes, entregó en forma oficial a los legisladores el documento final de Reforma del Código Procesal Penal para que la comisión inicie su tratamiento.
En el debate por la regulación de la seguridad privada, Daniel Baum –Unión Popular- defendió la portación al sostener que no darle a un custodio de un banco un arma de fuego es “mandarlo al muere”. En contra de la disposición se expresó Miguel Guidali, que dijo no estar en contra de la seguridad privada, pero sí de tener personas ajenas a la seguridad pública portando armas de fuego.
El artículo 32 del despacho por mayoría indica que el uso de armas debe “ajustarse a las disposiciones de la Ley nacional 20.429 sobre armas y explosivos” y que su utilización “debe guardar proporción y justificación con la naturaleza del objetivo a cubrir”. Luego, en el artículo siguiente informa que la autorización para tenencia y portación se debe realizar a nombre de la empresa ante el Registro Nacional de Armas; e igual trámite se debe realizar para obtener el carnet de usuario a nombre del empleado.
Al respecto, Paula Sánchez –Proyecto Sur- recordó que las restricciones para autorizar la portación y uso de armas de fuego “no está claramente establecida” por el RENAR. En ese sentido, pidió agregar un artículo que lo regule para cada actividad específica. También defendió el despacho por minoría al sostener que existen diferencias de “forma y otras de contenido que no pudieron saldarse” e indicó que en la seguridad privada debe estar subordinada a la seguridad pública y esa definición no aparece “expresada” en el proyecto original.
A la vez, pidió descartar las armas de fuego y cambiar su uso por métodos menos letales o de disuasión que permitan evitar riesgos para la profesión y para la población. Además, exigió dejar terminantemente prohibido que las empresas puedan realizar tareas de investigación y seguimiento al considerarlas inconstitucionales. En igual sentido, pidió ejercer una política de admisión a las empresas de seguridad privada que excluya a personas que tengan antecedentes culposos o dolosos, de violencia familiar o de género.
A su turno, Horacio Rachid –Opción Federal- destacó la seguridad es un servicio indelegable del Estado y que es único sector privado que aún queda por regular. Aclaró que el tratamiento en la comisión G duró casi un año y que, a pesar de los aportes, no se pudo lograr consenso sobre el uso y portación de armas de fuego. Agregó que la provincia se sumó hace unos años a la ley nacional que creó el RENAR y que ese organismo es el que regula el uso de armas.
La comisión también abordó el proyecto que crea una comisión especial para optimizar el uso de mano de obra local. En la ocasión, representes de la Cámara de la Construcción y de la UOCRA respaldaron la medida y pusieron como modelo el caso “Mendoza”, que impide que mano de obra y empresas de otras provincias participen del proyecto de la mina de potasio de la empresa Vale en Malargüe, en la margen sur de la provincia. Desde el oficialismo, José Russo, presidente de la comisión, sugirió invitar a funcionarios del Ejecutivo para conocer su opinión. En tanto, su par de bloque, Carlos Pacheco, precisó que es necesario “hacer una norma inflexible y no ‘light’ que lleve a definiciones problemáticas. En ese sentido, pidió que la utilización de mano de obra local alcance el 100%.
En igual sentido, Ariel Kogan, autor de la iniciativa, expresó que es necesario que Neuquén no sólo “goce de las obras terminadas” y que la sociedad obtenga una retribución a través del trabajo de sus técnicos y trabajadores. Al finalizar el debate, Marcelo Inaudi, adelantó su acompañamiento al proyecto y pidió sacar despacho la próxima reunión al argumentar que la mayoría de las fuerzas suscribieron el proyecto.
Participaron de la reunión José Russo; Carlos González; Ariel Kogan; Horacio Rachid; Carlos Pacheco; Graciela Muñiz Saavedra; Paula Sánchez; Eduardo Benítez; Marcelo Inaudi; Silvia De Otaño; Miguel Guidali y Daniel Baum.
Diputados deciden el ‘acuerdo’ a funcionarios del Poder Judicial
La Cámara de Diputados de la provincia resolverá este miércoles el acuerdo para la designación de funcionarios del poder Judicial. Lo hará en la 10° sesión ordinaria del 40° período legislativo, ocasión en la tratará la designación de Florencia María Martíni como juez titular de la Cámara Criminal II de la primera circunscripción judicial con asiento en Neuquén. En igual sentido decidirá los pliegos de Héctor Caferra como defensor oficial de la Defensoría Penal N°4 y de Leandro Seisdedos en la Defensoría Penal N° 6, de la ciudad de Neuquén. La sesión fue convocada para las 16 según lo aprobó este mediodía la comisión de Labor Parlamentaria.
Loa pliegos de los funcionarios judiciales fueron elevados por el Consejo de la Magistratura, según lo establece la Constitución Provincial -art. 251, inciso 2-. Como es práctica de la actual Legislatura, las personas designadas fueron entrevistadas por la comisión de Asuntos Constitucionales, que luego aprobó los despachos por unanimidad. En el recinto la votación de los diputados se realiza en forma individual y de tal modo se define el “acuerdo” de este poder del Estado.
En otro orden, en la sesión de este miércoles tomarán estado parlamentario los proyectos de ley de reconocimiento del derecho a la fertilización asistida a través de una cobertura médico asistencial integral. Se trata de dos proyectos sobre un mismo tema, presentados por el diputado José Russo, del bloque del MPN en un caso y el restante por el presidente de la Mutual de la Policía del Neuquén, Osvaldo Almendra.
En la sesión los diputados debatirán los despachos de la comisión de Hacienda y Presupuesto sobre la cuenta general de inversión correspondiente a los ejercicios financieros 2006, 2007 y 2008.
FUENTE: ww.noticiasonline.org