México, D.F.- Ginger Thompson, jefa de la corresponsalía del influyente diario estadunidense The New York Times en México, nos despertó el domingo con un verdadero mazazo: Estados Unidos amplía su participación en la sangrienta guerra contra el crimen organizado del gobierno de Felipe Calderón y envía a territorio mexicano más agentes de la CIA y de la DEA, así como personal militar (supuestamente) retirado, a la vez que considera planes para involucrar a empresas de seguridad privada, con experiencia en operaciones militares en Afganistán, Irak y Colombia (como Blackwater y Dyn Corp).
Según la información investigada por Thompson, En las últimas semanas, operadores de la CIA y empleados civiles del ejército estadunidense, operan ya en una base militar en el norte de México, donde --por primera vez en la historia-- los funcionarios de seguridad de ambos países colaboran para recabar información acerca de los cárteles de la droga y planear operaciones.
Los esbirros de Blackwater y la Dyn Corp, de negra y criminal historia, podrían quedar encuadrados dentro de unidades de elite de la Policía Federal Preventiva (PFP). Todo este esquema se basa en un tinglado cuyo propósito principal es eludir las leyes mexicanas que prohíben que elementos militares o policiacos extranjeros actúen en territorio mexicano, así como para impedir que la tecnología estadunidense quede bajo el control de las agencias de seguridad mexicanas, “que tienen un largo historial de corrupción”.
Pese al escepticismo con el que algunos recibieron mis denuncias y a las descalificaciones procedentes de diversos flancos, principalmente el gubernamental, he denunciado hechos relevantes sobre el tema en Gurú Político y en otros foros, desde agosto de 2009. En mayo de 2010, con motivo de una reunión internacional en foros de las Naciones Unidas, en Nueva York, escribí que México se encuentra sometido a una presión cada vez más intensa de Estados Unidos para ampliar la militarización del combate al crimen organizado, incluso dentro de los parámetros de una “operación conjunta”.
La nueva estrategia mexicano-estadunidense, que implicaría la participación directa de las fuerzas de inteligencia, de seguridad y defensa de Estados Unidos en operaciones dentro del territorio mexicano, ha sido esbozada por los altos mandos militares y diplomáticos en Washington, dentro del marco de un Plan México que rebasaría los lineamientos del Plan Mérida.
A fines de noviembre de 2008, visitó el norte de México el experto en operaciones urbanas del Comando Norte (Northern Command o NorthCom) del ejército estadunidense, general Thomas Turner, para intercambiar técnicas y tácticas con las comandancias de la II Región Militar, con sede en Mexicali y jurisdicción en Baja California, Baja California Sur y Sonora; la IV Región, con sede en Monterrey y jurisdicción en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; y la XI Región, que abarca Chihuahua y Coahuila.
Turner es uno de los oficiales de alto rango puestos “a disposición” del Ejército mexicano, para compartir “de primera mano” la experiencia de los soldados estadunidenses en batallas callejeras contra los talibanes, los miembros de Al-Qaeda y los insurgentes iraquíes.
¿Qué revela al respecto Thompson en The New York Times? “Varios analistas de seguridad mexicanos y estadunidenses, compararon los desafíos de ayudar a la reconstrucción de las fuerzas de seguridad de México y las instituciones civiles (…) con situaciones similares en Afganistán. Consideran Estados Unidos lucha junto a un compañero al que necesita, pero en el que no confía completamente”.
A continuación, la periodista subraya que el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, era el encargado de negocios en Afganistán. Anteriormente, estuvo en Argentina, donde tuvo serios enfrentamientos con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Durante su gestión, tuvo lugar el grave incidente denominado del maletinazo, cuando en un avión gubernamental estadunidense llegaron a territorio argentino drogas y una fuerte suma de dinero, con destino no especificado, pero que podría llegar a los opositores afines a Washington.
El 18 de marzo de 2010, el comandante en jefe del Comando Norte, general Victor E. Renuart, aseguró que Estados Unidos se ha involucrado en una “alianza permanente” con México y apoya la ampliación del modelo de cooperación de la Iniciativa Mérida más allá de sus alcances originales.
Esa integración fue analizada a fondo en el análisis “Una estrategia de participación para México”, del mayor Lawrence Spinetta, miembro del Estado Mayor del Pentágono y becario del Consejo de Relaciones Exteriores, publicado en la Revista de la Fuerza Aérea estadunidense en 2005.
Spinetta planteó la necesidad de ampliar la red de radares estratégicos del Pentágono hacia México, para que el flanco sur estadunidense no quedara “relativamente desprotegido”. Por esa razón, afirmaba que el Comando Norteamericano para la Defensa Aeroespacial (Norad, por su acrónimo en inglés) debía “buscar activamente” el desarrollo de una nueva cooperación de seguridad con México, a fin de reforzar la defensa colectiva de América del Norte.
La propuesta de Spinetta tendrían repercusiones oficiales y concretas cuatro años después: la primera iniciativa anunciada por Carlos Pascual, luego de su nombramiento como embajador de Estados Unidos en México, involucró una extensión piloto del programa E-Trace en México a mediados de septiembre de 2009; con una cobertura nacional completa programada para finales de ese año. “E-Trace utiliza la tecnología digital para rastrear el origen de las armas confiscadas a los cárteles mexicanos de la droga, e identificar las rutas de tráfico de armas”, conforme a la información publicada por la prestigiosa Jane’s Intelligence Weekly.
Durante el gobierno de Calderón, conforme al análisis de especialistas de inteligencia estadunidenses y mexicanos, se ha intensificado e incrementado la colaboración entre los dos países a partir de la Iniciativa Mérida, como un instrumento que une el sistema de defensa estadunidense con el sistema de defensa y seguridad mexicano, por medio del Comando Norte.
La instalación de 10 bases “anticrimen” en México, producto de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, sería una secuela en la ampliación de la colaboración binacional. De acuerdo con información filtrada por la propia embajada estadunidense en México, el presidente Obama informó al Congreso, por conducto del Departamento de Estado, que la Secretaría de Seguridad Publica mexicana construye las bases anticrimen. Algunas de ellas están ya en operación, en el noroeste y el sureste; y otra se construye en Puebla, bajo la fachada de centro de adiestramiento.
*Periodista y escritor. Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara, Jal. Ha sido reportero, jefe de sección, jefe de información, jefe de redacción, subdirector y director de diarios y revistas, así como colaborador y conductor de programas en radio y televisión, guionista, productor y director de videodocumentales. Enviado especial y corresponsal de guerra en más de 30 países. Editorialista de Excélsior. Presidente del Círculo Latinoamericanos de Estudios Internacionales (CLAEI).
FUENTE: www.gaceta.mx