Diagnóstico revela que la entidad es la que más pocos uniformados tiene por cada mil habitantes.

Saltillo. 

En cambio, los estados con mayores cantidades de elementos de seguridad por habitante son Distrito Federal (10.25 policías por cada mil habitantes), Baja California Sur (5.56), Tabasco (4.64), Estado de México (4.48), Colima (4.47), Guerrero (4.27) y Quintana Roo (4.23).

En todo el país se contabilizan 490 mil 896 elementos que operan en los estados, de los cuales el 40 por ciento son policías estatales, el 34 por ciento son municipales, el 13 por ciento son seguridad privada, el 7 por ciento son ministeriales y el 6 por ciento son custodios.

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Nilda Garré disparó, justificó la acción como necesaria para la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires –algo así como defensa propia, si vale la comparación–, y con un soplido sobre el cañón aún humeante puso punto final a la discusión con la Ciudad por el retiro de la custodia de la Policía Federal de edificios porteños. Mauricio Macri, el herido, primero se quejó de dolor; luego, mientras algunos de sus colaboradores buscaban una “ambulancia” con desesperación mientras otros se agolpaban junto al lesionado, reclamó entre quejidos que el autor del disparo sea también el médico que lo asista. Tras varios días de no obtener respuesta, encontró una “curita” en la seguridad privada con la que cubrió una pequeña parte del hueco que dejó el fin de los servicios adicionales de la Federal en la administración porteña.

Este hecho se hizo debate público, un gran guiso de palabras del que comieron, e intentarán seguir comiendo, kirchneristas, macristas y opositores que, aunque no formaron parte de la preparación, también quisieron meter el cucharón. Para el Ejecutivo nacional la decisión tomada no tiene vuelta atrás; para el de la Ciudad, la herida sigue abierta y continúa en su pedido de “asistencia médica” y denuncia de “abandono de persona”. El poder legislativo porteño también se metió en el tema y convocó a Guillermo Montenegro e invitó a Nilda Garré a dar explicaciones (el ministro dijo sí, la ministra, un rotundo no). Y mientras las palabras y acusaciones cruzadas se multiplicaban, desde el legislativo nacional, de un bloque unipersonal lejos de los K y de los PRO en el Senado, una propuesta se presentó para evitar que las frecuentes peleas entre la Nación y la Ciudad se sigan dando.

“La Ley Cafiero es la responsable del inevitable surgimiento de tensiones entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un largo debate por el ejercicio de las competencias”, afirmó el senador porteño Samuel Cabanchik (Probafe), al fundamentar un proyecto de ley para modificar esta normativa y garantizarle a la Ciudad la posibilidad de desarrollar su autonomía plena.

En la iniciativa presentada por Cabanchik se establece la transferencia a la Ciudad de “las partidas presupuestarias, recursos monetarios, materiales y de personal del Gobierno Federal afectados al cumplimiento de las funciones de seguridad y protección de bienes y personas dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a medida que dichas funciones sean asumidas por el Gobierno de la Ciudad”. 

También propone la transferencia total de la Justicia Nacional Ordinaria al Poder Judicial porteño mediante acuerdos progresivos, en un plazo no mayor a dos años, y el traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia.

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Los cementerios privados que se han construido en esta capital dominicana resultaron ser un buen negocio para sus propietarios, cuando los públicos se convirtieron en el caos que son hoy. Y no es de extrañar que así sea, pues si para tener electricidad hay que comprarla mediante plantas, inversores, lámparas a gas y velas; si para beber agua potable hay que comprarla en botellones; si para transitar por la ciudad hay que adquirir automóviles y motores porque el transporte publico es infuncional; si para educar a los hijos hay que pagarles colegios y universidades  privadas; si para recibir asistencia médica hay que tener seguros médicos privados y pagar clínicas privadas y llamar a una ambulancia privada; si para sentirnos seguros y cuidados debemos pagar una seguridad privada; ¿Por que iba a ser diferente para mantener los restos de nuestros muertos dentro de sus tumbas?

A nadie debe caberle dudas de por qué hay tantas tumbas abandonadas en los cementerios de la Máximo Gómez, del Cristo Redentor, Cristo Rey y otros,  pues son miles las exhumaciones que han debido hacer los propietarios de panteones y terrenos, quienes transfieren los restos de sus familiares a nuevos cementerios, buscando mejores condiciones; lo que ha dado origen  a un negocio de reventa de estos espacios al margen de sus propietarios.

Cuando los propietarios quieren hacer alguna reparación en sus panteones, o hacer una simple desyerbadita,  los trabajadores, afiliados a los sindicatos, se presentan en masa, machete en mano y nos dicen que eso no se puede hacer, que hay que pasar por la administración. Allí entran ellos a cotizarle el trabajo y después de un regateo, usted termina diciéndoles:”Yo vuelvo, déjame ir a jugar un lotto”.

Pero si usted tiene su panteón y va a enterrar a un pariente, debe llevar varios miles de pesos  aunque no vaya a construir nada. ¿Y qué decirles, amigos lectores, de la inseguridad que hay en esos recintos donde hay que temerles mas a los vivos que a los muertos pues muchos delincuentes   tienen su guarida en tumbas abandonadas?

Usted compra tantos metros de terreno pero luego, la “administración” vende  los laterales y los pasillos de acceso y si levantan panteones en esos espacios, deberá buscar un ataúd plegadizo o de goma pues no hay manera de maniobrar para entrarlo en su nicho. Eso nos pasó cuando murió nuestra madre: como no había manera de accesar a nuestros nichos ya que el panteón ni se veía, tuvimos que exhumar los restos de nuestros familiares allí enterrados e irnos de la Máximo Gómez al Cristo Redentor.

Pero allí también llegó el caos y ya a algunos les ha pasado que cuando les llega la emergencia, se enteran de que su terreno fue revendido.  A una familia amiga le asesinaron al empleado de la seguridad que tenían allí cuidándoles el panteón, para robarles todo lo de valor que había dentro del mismo, incluyendo hasta las losetas decorativas, los adoquines y todas las tarjas de mármol.  ¿Será posible que haya que arriesgar la vida de una persona para que cuide restos mortales?

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Cuando pretendían abordar un camión foráneo con destino al Estado de Sinaloa, cuatro jóvenes fueron detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, en la Nueva Central de Autobuses.

De acuerdo con lo informado por elementos de esa corporación, recibieron una llamada por parte la guardia privada de la central de autobuses debido a que habían sorprendido a los jóvenes nerviosos, quienes portaban armas de fuego.

Los detenidos y retenidos se encontraban frente a un mostrador tratando de comprar boletos con la ruta Guadalajara-Mazatlán, punto turístico al cual pretendían llegar, pero su nerviosismo los delató ante la presencia de los guardias de seguridad privada.

En ese momento fueron retenidos y puestos a disposición de la Policía de Tlaquepaque, quienes les encontraron dentro de una mochila tres pistolas calibre .38 súper; una .45 y una más del calibre 9 milímetros, además de balas.

Ellos fueron identificados como Jesús Alejandro Limón Soto, de 30 años; Jonathan Zúñiga Coto, de 18 años; y las menores de edad, Yazmín Mares Aguilar, de 14 años, y Estefanía Guadalupe Aguirre García, también de 14 años, todos vecinos del municipio de Arandas.

Los jóvenes explicaron a los agentes de la Policía municipal que se encontraron las armas de fuego en Arandas, pero que desconocían a quién pertenecían.

Los cuatro fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado para su investigación.

FUENTE: www.informador.com.mx