Dos hombres heridos por impactos de arma de fuego se debaten entre la vida y la muerte debido a que fueron alcanzados por sujetos que viajaban en una camioneta en el ingreso del Fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco el medio día de este domingo.
Uno de los hombres es un guardia de seguridad privada de la empresa Patrimonial, de nombre Daniel López Luna, de 38 años de edad, quien tiene su domicilio en Pistache, en el municipio de Tlajomulco, mientras que el otro lesionado que viajaba en una motocicleta dijo llamarse Guillermo Aguilera Mendoza, de 23 años de edad y que tiene su domicilio en Abel en la colonia Jardines del Edén, también en el mismo municipio.
Según indicaron las autoridades, los agresores viajaban en una camioneta Chevrolet Tornado, en color gris, venían en persecución de Aguilera Mendoza, quien venia a bordo de su motocicleta de bajo cilindraje, por la avenida Adolf B. Horn que al percatarse de que lo seguían tomo la avenida que conduce al fraccionamiento Paseos del Valle.
Al llegar al ingreso del conjunto habitacional, el guardia de seguridad privada le marco el alto por lo que Aguilera Mendoza le pidió el apoyo ya que los agresores lo traían a corta distancia.
Al arribar los sujetos que venían en persecución del conductor de la moto, sin mediar palabra comenzaron a disparar sus armas de fuego, las que alcanzaron Aguilera Mendoza en dos ocasiones en la zona lumbar izquierda.
Mientras que al guardia de seguridad privada López Luna, fue herido con dos balazos en abdomen y otro mas en el antebrazo.
En el lugar de la agresión se localizaron más de 12 casquillos percutidos de calibre 9mm.
Al observar los disparos los compañeros de López Luna, pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Tolúquilla, quienes llegaron de manera inmediata para trasladarlos a sus instalaciones en Periférico y Adolf B. Horn.
Mas tarde fueron enviados al nosocomio del Hospital Civil Viejo para atender sus heridas ya que eran reportados graves.
A su vez el empleado de seguridad privada fue enviado al centro medico de occidente para tratar de salvarle la vida ya que se reportaba en condición grave.
FUENTE: www.milenio.com
El Director de la Unidad Regional II de la Policía de Corrientes, Comisario Mayor Héctor Montiel, dio la versión de la institución sobre el incidente en que la familia de Gerónimo Ferrero denunció a personal de la Comisaría Primera por apremios ilegales, y dijo que hay personal también lesionado que denunciaron ahora al joven por agresiones. Dijo que estaba ebrio y haciendo desmanes en el interior de la fiesta, y que muchos testigos se ofrecieron a declarar.
Aclaró que afortunadamente y a pesar de los festejos de Navidad, se hizo un operativo que involucró a las cuatro comisarías y “puedo decir que el resultado fue exitoso porque se registraron muy pocos accidentes de tránsito, como así tampoco delitos contra la propiedad. Lamentablemente lo que empaña un poco esta actividad –aclaró-, es una denuncia radicada por un ciudadano de apellido Ferrero contra personal de la Comisaría Primera de Goya”.
Relató dando la versión de la entidad, que “este muchacho se encontraba en la Posada del Sauce, en aparente estado de ebriedad. Fue sacado del lugar por personal de seguridad privada y entregado a una comisión policial que estaba de custodia. Fue trasladado a la Comisaría Primera y antes de subir al vehículo forcejeó, primero con la seguridad privada, luego con la policía.
Estuvo promoviendo desordenes dentro del local –continuó-, y eso me consta porque me llamó mucha gente que estaba en el lugar y que está dispuesta a declarar sobre los desórdenes que hacía.
Leer más: Ahora la Policía denuncia a joven Gerónimo Ferrero
En México hay un gigantesco problema que toleran los gobiernos federal, estatales y municipales: las incapacidades médicas dejan un boquete en materia de recursos humanos y económicos que se demuestra en el ausentismo en las policías. Las administraciones públicas carecen de filtros para verificar la legitimidad de las licencias médicas interpuestas por los agentes: hay defraudación por la simulación de enfermedades (este ilícito es el más recurrente), alteración de documentos, extorsión y soborno, pero la erradicación de estos delitos ni siquiera es considerada en los centros estatales de evaluación y control de confianza que deben implementarse tras la aprobación, en enero de 2009, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el Distrito Federal, donde las autoridades locales presumen la mayor cobertura en materia de seguridad pública hacia la población (el Gobierno local dispone de 10.5 elementos por cada mil habitantes; la Organización de las Naciones Unidas recomienda 2.8 por cada millar), la Secretaría de Seguridad Pública registró 194 mil 920 incapacidades médicas temporales en el trienio 2007, 2008 y 2009. Esas licencias provocaron un millón 081 mil 002 días de ausentismo; es decir, un acumulado de dos mil 961 años.
De acuerdo con la corporación, se cuenta con una plantilla laboral de 43 mil 717 policías preventivos y administrativos (se excluye a las policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, conocidas como “policía complementaria”). Si se repartieran entre todos los empleados las incapacidades solicitadas, el promedio sería de 4.4 licencias por trabajador en ese trienio (1.4 licencias por año por empleado). Pero la realidad es otra y exhibe las fallas en los mecanismos de control de elementos.
En 2009 se tramitaron 70 mil 130 incapacidades interpuestas sólo por 15 mil 622 empleados; en 2008 se registraron 63 mil 468 licencias por 15 mil 477 trabajadores; en 2007 se concedieron 61 mil 322 incapacidades para 14 mil 828 elementos. Lo anterior expone que sólo una tercera parte de la plantilla laboral es la que se incapacita sistemáticamente al año, lo cual significa que ese grupo solicita 4.4 incapacidades anuales en promedio.
Leer más: Incapacidades médicas debilitan la fuerza pública en México
Debido a la falta de presencia policial las ciudadelas y los barrios están contratando guardianía privada con la erogación correspondiente de cada una de las familias.
La Policía debería también multiplicar esfuerzos para dar mayor protección, pues el peligro delincuencial es latente y a diario se incrementa la sensación de inseguridad.
Posiblemente se justifica la contratación de la guardianía privada, pero también los que contratan deberán investigar a quién contratan, conocer un poco al guardia que va a vigilar las casas.
Organizar barrios
En todo caso, lo que más va a coadyuvar con la seguridad es la organización de los barrios, las ciudadelas, las comunidades, las parroquias... En el sector rural se hace necesario la reactivación de las Juntas del Campesinado, así como el incremento de la solidaridad para frenar la delincuencia y no permitir que ésta se adueñe de la paz que fue otro distintivo de la localidad.
Ambato está desprotegida, por lo que es importante el anuncio de que la Escuela de Formación de Soldados se sumará a la lucha contra la delincuencia.
FUENTE: www.elheraldo.com.ec
Las cerca de 300 empresas de seguridad privada legalmente establecidas en los nueve departamentos del país serán inspeccionadas por el Comando General de la Policía Boliviana, ya que tendrán que cumplir con las prohibiciones y las obligaciones que les exigirá para que puedan funcionar.
Así lo dispone el artículo 63 de la versión más reciente del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Ministerio de Gobierno —que consta de 79 artículos y 17 hojas— y al que tuvo acceso La Prensa, y que será debatido en la Cámara de Diputados la primera semana de enero de 2011.
Se entiende por este rubro de compañías —confirma el proyecto de ley— a aquellas empresas que brindan servicios de protección física y/o electrónica a personas e instituciones, seguridad electrónica a instalaciones privadas así como custodia y vigilancia a bienes mueblese o inmuebles así como de locales destinados a la recreación, el comercio y otras actividades.
También a las entidades que otorgan el servicio de transporte y custodia de valores, caudales y monedas, bajo tuición operativa de la Policía Boliviana como titular del Servicio Público esencial a cargo del Estado, que ejerce el control y supervisión de estos servicios, asegurando la confianza pública.
Las prohibiciones y las obligaciones que tendrán que acatar las compañías que brindan esos servicios están especificadas en los artículos 66 y 67, respectivamente, en el citado documento.
Leer más: Ley obligará que 300 empresas de seguridad sean inspeccionadas