-Ya dejen esas flores ahí: ese tipo era tan malo que no se las merece -les dice un hombre de seguridad privada a unas personas que tratan de acomodar en la tumba unos girasoles frescos que se cayeron al suelo.
Leer más: Policía, guardias privados y cámaras custodian la tumba de 'Jojoy'
Estamos en el cementerio El Apogeo, en el sur de Bogotá, y las flores adornaban la lápida que dice "Víctor Julio Suárez Rojas,
Enero 2 de 1951, Septiembre 22 de 2010". Es la tumba de un colombiano más conocido con el alias de 'Jorge Briceño', y aún más conocido como el 'Mono Jojoy'.
El vigilante insiste en que los visitantes se vayan y amenaza con llamar a la Policía. "Les digo que estar aquí tiene orden de captura", exagera (o eso parece), y hace que los chismosos se aparten, apurados, hacia otro lado.
Después de cinco meses de haber sido muerto por el Ejército en la operación 'Sodoma', el cuerpo de 'Jojoy', uno de los jefes más sangrientos de las Farc, fue por fin entregado a su medio hermano Aníbal Peralta, el 22 de febrero pasado, y llevado a este cementerio.
Del día de su entierro ya se supo mucho: que el cadáver salió del Instituto de Medicina Legal en un carro fúnebre escoltado por la Policía; que en el cementerio, rodeados de periodistas y curiosos, cuatro sepultureros cargaron el féretro y que al momento de llegar a la bóveda se les abrió el cajón y el olor que salió casi los hace perder el conocimiento; que el sacerdote Álvaro Montenegro, de la diócesis de Soacha, rezó un Padrenuestro, un Avemaría y habló de paz; que fue enterrado en la zona del cementerio llamada Jardín de la Esperanza, sección de niños.
De abril de 2010 a la fecha el cabildo -aprobó 10 empresas de seguridad privada, siete de ellas el miércoles 19 de enero.
Únicamente Servicio Panamericano de Protección- está en el Padrón de Empresas de Seguridad del Estado que contiene otras ocho asignadas a Irapuato, el resto, no figuran en el listado, sumando con las dos nuevas 12 empresas de seguridad privada trabajando en Irapuato.
Rogelio Elizarraraz Martínez, regidor del PRI, reclamó que apenas ayer los expedientes de ambas empresas fueron turnados a los regidores para su análisis cuando ya se estaba sometiendo a consideración el funcionamiento de las dos organizaciones.
“Con la observación correspondiente, si mas no recuerdo en la sesión 47 había sido un tema muy discutido, sin embargo veo que seguimos igual, quizá peor porque hasta hace un ratito nos acaban de entregar los dictámenes correspondientes a estas dos empresas”, aseveró.
Y aunque exhortó a que los regidores sean retroalimentados para saber sobre la identidad e historial de ambas empresas, fueron autorizadas.
“Estamos totalmente desprotegidos, no tenemos elementos a no hay herramientas entonces pues nuevamente voy a votar en contra de este punto”, agregó el edil del PRI.
Las agencias de seguridad privada no son las únicas que pierden las armas de fuego asignadas para su trabajo diario. Los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) han acumulado desde la fundación de la corporación a la fecha un total de 1,991 armas perdidas, según las estadísticas reveladas por la División de Armas y Explosivos (DAE) de la Policía.
Eso significa que cada año desde que fue creada la Policía se ha registrado un promedio anual de 110 armas de fuego de diferente calibre hurtadas, extraviadas o robadas a agentes policiales.
De acuerdo con las estadísticas de la DAE proporcionadas por el director de la PNC, Carlos Ascencio, la cantidad de armas de fuego propiedad de la corporación perdidas en los últimos dos años ha sido menor en comparación con años anteriores. En 2009, fueron 18 los policías que reportaron a sus superiores la pérdida de su arma. En 2010 la cifra se duplicó a 34. Las primeras tres pérdidas de armas entre enero y los primeros días de febrero de 2011 no son alentadoras.
Al igual que la armería perdida por las empresas de seguridad privada cuantificadas en 1,731 por la División de Registros y Control de Servicios Privados de Seguridad de la PNC, el destino de las armas policiales es la delincuencia o el crimen organizado, según criterio del jefe de esa división policial, comisionado Raúl Ortiz Mancía, que basa su afirmación en el origen ilícito de esas armas (hurto y robo).
Entre empujones, golpes y jaloneos, una oleada de rojos simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) accedieron a las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos y Convenciones, luego de haber arremetido contra la seguridad privada que resguardaba la puerta principal del recinto, y quienes se vieron obligados a retirarse para permitir el ingreso de los priístas al proceso de renovación de la presidencia de su Comité Ejecutivo Nacional.
Las extensas y metálicas vallas que intercedían el paso de los ciudadanos militantes de este partido fueron derrumbadas con una intensa fuerza. proveniente de una masa ansiosa por participar en la ceremonia, lo cual resultó en un cúmulo de personas en las puertas.
Reporteros, fotógrafos, algunos militantes y funcionarios ubicados al interior del Centro de Congresos vieron como la multitud empujaba las transparentes puertas principales del recinto; los casi 15 elementos de seguridad privada desistieron de la presión y, obligados por los empellones de la gente, concedieron la entrada.
Entre atropellos y caídas, un conjunto de militantes pudo ingresar al lugar.
El operativo de control montado por el PRI se vió superado por los miles de simpatizantes que intentaron entrar a la sala principal del Querétaro Centro de Convenciones.
La seguridad ciudadana es un tema de agenda impostergable para cualquier autoridad, todos prometen hacer algo al respecto, pero a la hora de la verdad no hay nada. A la fecha se cuenta con la Ley General de Seguridad Ciudadana, que establece niveles de organización para el brindar seguridad a la población. En primer lugar está la Policía Nacional, seguido del serenazgo regional y municipal, luego vienen la seguridad privada (agentes de seguridad) y finalmente la seguridad vecinal (rondas y comités), todos ellos se pueden valer de los recursos tecnológicos para cumplir esa tarea, por consiguiente en temas de seguridad ciudadana participamos todos.
A la fecha existen 104 mil efectivos policiales que atienden la demanda de 29 millones de habitantes, muchos de ellos están laborando en la parte administrativa, otros resguardando personas e instituciones o de lo contrario �cumpliendo� funciones que deberían ser municipales, regionales o sectoriales. Veamos algunas propuestas:
1.Especialización de la Policía: Se necesitan policías con alto nivel de preparación en lo que hacen y lo que les gusta, por lo que debieran haber tres frentes de especialización: seguridad, prevención e investigación; considerando como valor agregado que miles de efectivos a la fecha tienen otras profesiones que enriquecerían su especialización. Ese cambio estructural debe ser gestado en el congreso y constituiría un cambio medular en el sistema de seguridad ciudadana.