Las empresas de seguridad privada forman parte también de la nómina de proveedores que hacen cola desde hace meses ante la Administración valenciana para cobrar por sus servicios. Según fuentes del sector consultadas por este diario, las facturas pendientes se arrastran en algunos casos desde casi dos años, una situación que ha llevado a algunas adjudicatarias a renunciar a seguir trabajando para la Generalitat dada la asfixia económica que implica no cobrar. En algunos casos, la deuda supera los tres millones de euros.
Leer más: La Generalitat debe la seguridad privada de dos años en sus edificios
Desde hace años, la Generalitat confía en empresas privadas la seguridad de los edificios administrativos. La policía autonómica tiene asignada, entre otras competencias, la vigilancia y custodia de los edificios públicos. Sin embargo, estas tareas se comparten con empresas de seguridad privada. La falta de liquidez de las arcas autonómicas ha ralentizado los pagos a las empresas contratistas hasta el punto de que se está tardando hasta veinte meses en cobrar.
Desde la Asociación Patronal Valenciana de Seguridad y Servicios se admite que la situación es "dramática" para unas empresas que, además de no cobrar, se ven obligadas a adelantar el pago del IVA. Además, apuntan, las distintas conselleries que requieren seguridad privada para sus centros de trabajo han dejado de convocar concursos públicos y contratan mediante el procedimiento de subasta, lo que obliga a las empresas del sector a hacer ofertas a la baja, con precios con los que apenas cubren los gastos del personal. Muchas de estas empresas han acudido a los tribunales para reclamar los intereses de demora.
El edificio de Servicios Múltiples de Ciudad Real ha acogido este martes las primeras jornadas que la Asociación Europea de Profesionales para el Conocimiento y Regulación de las Actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA) organiza tras la entrada en vigor en agosto de las Ordenes del Ministerio de Interior sobre Seguridad Privada con el objetivo de analizar su interpretación jurídico-práctica.
Así lo ha explicado durante la inauguración el subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Lacruz, quien ha destacado que la globalización de la sociedad actual ha provocado que el concepto de seguridad haya traspasado la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia, lo que ha provocado que sea aún más necesaria la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la seguridad privada.
"La seguridad privada puede llegar a ámbitos donde no llegan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, al igual que siempre reivindicamos desde la Subdelegación del Gobierno la colaboración ciudadana para acabar con la delincuencia, creo que también hay que colaborar con la seguridad privada para sumar esfuerzos, ya que el enemigo es común: aquel que no respeta ni la propiedad privada ni los derechos de los ciudadanos", ha argumentado Lacruz.
«Se están cargando todo un sector, espero que la Audiencia Nacional nos ampare». El presidente de la asociación nacional de centrales receptoras e instaladoras de alarmas, Francisco Quesada, espera que la Justicia reconozca que la aplicación de las cinco órdenes ministeriales que el pasado mes de febrero firmó quien era entonces el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respecto a la seguridad privada son «simplemente una locura».
De hecho, la asociación se creó para impugnar la modificación del reglamento (18 años después de su nacimiento) ante los tribunales. Quesada advierte de que, además de las centrales, se ven afectadas por la modificación gasolineras, joyerías, bancos, armerías y otros sectores, que deben instalar una serie de medidas de seguridad específicas «muy exigentes e inasumibles económicamente» en sus locales.
Las órdenes del Ministerio del Interior recurridas son cinco: desde la 314 hasta la 318 (Orden INT/318/2011 del 1 de febrero de 2011; BOE del 18-II-2011), ambas inclusive. Las cuatro primeras –de la 314 a la 317– afectan directamente a las centrales receptoras de alarmas. En uno de los artículos (el número 6 de la orden 316) establece cuándo deben avisar a la seguridad del Estado las centrales receptoras de alarmas. «Según la modificación, antes de llamar a la Policía tenemos que esperar a que salten tres elementos», explica Quesada.
«Si tienes un sistema contratado para tu casa, tiene que saltar la señal de la puerta, del pasillo o del salón en un periodo de 30 minutos. Si sólo entran al salón y lo desvalijan, se supone que no podemos avisar a la Policía. Además si llamamos antes o después de tiempo nos multan con 600 euros como mínimo». El presidente de la asociación considera que «será muy complicado afinar tanto la puntería» y, lógicamente, «los clientes dejarán de serlo».
La orden 317, por ejemplo, trata sobre las medidas de seguridad con las que deben contar las sedes de las receptoras de alarmas. «Nos obligan a instalar en dos años puertas blindadas de nivel 5, como a una sucursal bancaria, cuando aquí no va a entrar nadie a robar». También tendrán que reformar los locales e instalar paredes acorazadas y puertas de acceso «que cuestan 4.800 euros». «Hay empresas que, con la crisis económica, no pueden asumir ese gasto, pero es que hay algunos edificios que, arquitectónicamente, no soportan el peso de una de esas paredes», añade.
A pesar de que la crisis ha obligado a las familias a recortar gastos, cada vez son más los gallegos que deciden costearse un seguro sanitario. En Galicia uno de cada seis ciudadanos ya tienen cobertura médica privada, un total de 449.213 personas, una cifra que además se incrementó en 2010 en un 2,37 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Esto significa que en solo un año más de 10.600 gallegos han suscrito pólizas médicas para evitar tener que ir por la Seguridad Social cuando tienen algún problema de salud. Los corredores de seguros apuntan que uno de los motivos que alegan las familias cuando solicitan un seguro privado es el temor a posibles recortes en la sanidad pública o privatizaciones.
La crisis económica ha obligado a los gobiernos a ajustar sus presupuestos y recortar gastos, lo que se suma a las dudas sobre la sostenibilidad de un sistema sanitario que, en concreto, en el caso de Galicia resulta cada vez más costoso por el elevado envejecimiento de la población gallega que encarece los tratamientos y dispara la factura farmacéutica. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado que la sanidad española tiene una deuda oculta de 15.000 millones de euros y necesita refinanciarse para garantizar su viabilidad futura.
Donde primero atacaron las administraciones fue al gasto farmacéutico. En Galicia se aprobó un catálogo de fármacos, que ahora queda superado por la orden del Ministerio de Sanidad de recetar por principio activo. Pero los ajustes podrían ir más allá. En algunas comunidades autónomas como Cataluña están cerrando quirófanos y centros de salud por falta de presupuesto. Pero además se ha abierto el debate sobre el copago en la sanidad y la posibilidad de una privatización encubierta de algunos hospitales.
En este contexto muchos gallegos han decidido asegurar su cobertura sanitaria con una póliza privada, tal y como aseguran algunos de los corredores de seguros consultados. Según los datos de Icea –Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras–, en la comunidad gallega no solo ha crecido en 10.646 el número de asegurados sino que también se ha incrementado el volumen de primas en un 4 por ciento situándose en 2010 en un total de 250 millones de euros.
CCOO impartirá a partir de mañana lunes y hasta el próximo 18 de octubre un curso pionero en la provincia destinado a vigilantes de seguridad privada. Se trata del curso de Jefe de Seguridad, el primero de nivel superior que se realiza en la provincia para el sector de seguridad privada.
El curso, que consta de 64 horas lectivas, tiene como objetivo proporcionar a los 15 alumnos y alumnas que lo recibirán la formación necesaria para obtener la categoría cualificada como personal directivo, titulado y técnico.
La secretaria General del Sindicato Provincial de Actividades Diversas de CCOO de Córdoba, Isabel Medina, ha explicado que esperan que esta acción formativa tenga continuidad, ya que es difícil encontrar cursos de formación en este sector, dados los altos costes de su organización, y más en momentos de crisis como los actuales.
FUENTE: www.cordobainformacion.com