«Se  están cargando todo un sector, espero que la Audiencia Nacional nos ampare». El presidente de la asociación nacional de centrales receptoras e instaladoras de alarmas, Francisco Quesada,  espera que la Justicia reconozca que la aplicación de las cinco órdenes ministeriales que el pasado mes de febrero firmó quien era entonces el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respecto a la seguridad privada son «simplemente una locura». 
De hecho, la asociación se creó para impugnar la modificación del reglamento (18 años después de su nacimiento) ante los tribunales. Quesada advierte de que, además de las centrales, se ven afectadas por la modificación gasolineras, joyerías, bancos, armerías y otros sectores, que deben instalar una serie de medidas de seguridad específicas «muy exigentes e inasumibles económicamente» en sus locales.     
Las órdenes del Ministerio del Interior recurridas son cinco: desde la 314 hasta la 318 (Orden INT/318/2011 del 1 de febrero de 2011; BOE del 18-II-2011), ambas inclusive. Las cuatro primeras –de la 314 a la 317– afectan directamente a las centrales receptoras de alarmas. En uno de los artículos (el número 6 de la orden 316) establece cuándo deben avisar a la seguridad del Estado las centrales receptoras de alarmas. «Según la modificación, antes de llamar a la Policía tenemos que esperar a que salten tres elementos», explica Quesada.
«Si tienes un sistema contratado para tu casa, tiene que saltar la señal de la puerta, del pasillo o del salón en un periodo de 30 minutos. Si sólo entran al salón y lo desvalijan, se supone que no podemos avisar a la Policía. Además si llamamos antes o después de tiempo nos multan con 600 euros como mínimo». El presidente de la asociación considera que «será muy complicado afinar tanto la puntería» y, lógicamente, «los clientes dejarán de serlo». 
La orden 317, por ejemplo, trata sobre las medidas de seguridad con las que deben contar las sedes de las receptoras de alarmas. «Nos obligan a instalar en dos años puertas blindadas de nivel 5, como a una sucursal bancaria, cuando aquí no va a entrar nadie a robar». También tendrán que reformar los locales e instalar paredes acorazadas y puertas de acceso «que cuestan 4.800 euros». «Hay empresas que, con la crisis económica, no pueden asumir ese gasto, pero es que hay algunos edificios que, arquitectónicamente, no soportan el peso de una de esas paredes», añade. 
Además, el presidente de la asociación considera una «aberración» que en el BOE se publique «cómo tenemos» que actuar las receptoras de sistemas de alarmas. «Es como darle al delincuente una hoja de ruta para que sepa cómo tiene que entrar a robar sin que le pillen». 
En este sentido también va la última orden impugnada, la 318, que afecta a los vigilantes de seguridad privada y ha sido recurrida por al Unión Nacional de Trabajadores (UNT) junto al sindicato de seguridad privada ASP (Agrupación Sindical profesional). Quieren evitar judicialmente la «idea absurda de Interior de que el número de la placa identificativa de los Vigilantes de Seguridad (la TIP) sea el número del DNI del trabajador». Consideran que atenta contra la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y, sobre todo, que puede suponer riesgos añadidos en el desempeño de sus funciones. 
«Los vigilantes tratamos a menudo con  delincuentes y conocemos los peligros de esta gente. Exhibir la  TIP –es decir, su número de DNI– ante quién sabe quién es una temeridad», explica un vigilante. Desde UNT pretenden que el número de la TIP de los profesionales de la seguridad privada consista en un código alfanumérico que nada tenga que ver con su DNI, como sucedía hasta ahora y como sigue ocurriendo con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

FUENTE: www.larazon.es